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La revista satírica contraataca tras años de denuncias basadas en delitos obsoletos y métodos intimidatorios.
La revista Mongolia ha tomado medidas legales contra la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, presentando una querella por denuncia falsa. Esta acción surge como respuesta a las demandas interpuestas durante el año pasado, cuando el grupo denunció una portada satírica del Portal de Belén alegando «ofensas a los sentimientos religiosos».
El caso fue archivado por el juez Sergio Escalona, quien sentenció que la portada estaba amparada por el derecho a la libertad de expresión y que no era más que una crítica social y cultural. Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo, Mongolia ha decidido tomar la ofensiva, denunciando los métodos empleados por Abogados Cristianos y su uso del sistema judicial como arma de censura.
SATIRA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN: LA PORTADA QUE LO CAMBIÓ TODO
La portada de la discordia mostraba un belén navideño en el que el niño Jesús era sustituido por una caca con ojos, acompañada del mensaje: «Ha nacido el hijo de Dios. Es igual que su padre». Abogados Cristianos consideró que esta representación era una “grave ofensa” a las creencias religiosas, iniciando una cruzada judicial contra los editores Pere Rusiñol y Darío Adanti.
El trasfondo de esta denuncia refleja una estrategia habitual de grupos ultraconservadores que pretenden imponer sus creencias utilizando figuras legales obsoletas para restringir las voces críticas. Según explicó la revista, Abogados Cristianos también los acusó de blanqueo de capitales, vinculándolos sin pruebas con el abogado Gonzalo Boye, a pesar de que este dejó de colaborar con Mongolia en 2017.
Esta serie de denuncias no solo apunta a un intento de intimidación, sino a un modelo de asfixia legal que busca desgastar económicamente a sus objetivos. En palabras de los editores, “estas denuncias buscan hacernos perder tiempo y dinero en los tribunales”.
EL USO PERVERSO DE LA JUSTICIA COMO MECANISMO DE CENSURA
La revista denunció que Abogados Cristianos «se ha aprovechado de los instrumentos del Estado de derecho con fines intimidatorios». Amparándose en figuras legales como las ofensas a los sentimientos religiosos —una figura que, según varios juristas, debería ser eliminada en un Estado aconfesional—, el grupo ultracatólico trata de crear un clima de autocensura.
«No se trata solo de una portada, sino de defender el derecho a criticar y satirizar sin temor a represalias judiciales. La Constitución española protege la libertad de expresión como uno de sus valores fundamentales, algo que estos grupos tratan de erosionar en nombre de un supuesto daño moral», señaló la revista.
Manos Limpias, el pseudosindicato de ultraderecha conocido por sus numerosas querellas contra figuras públicas, también se sumó a la ofensiva contra Mongolia. Sin embargo, su denuncia corrió la misma suerte: fue archivada. Curiosamente, ningún representante del grupo acudió al juicio. El editor Pere Rusiñol calificó el proceso como un “paripé judicial”, recordando que la cúpula de Manos Limpias fue condenada por extorsión.
LA ESTRATEGIA DEL MIEDO Y SUS CONSECUENCIAS
Esta escalada de denuncias amenaza con generar un efecto dominó en el ámbito cultural y periodístico. Cuando los costes legales y la presión judicial se utilizan como herramientas de censura, se corre el riesgo de que las publicaciones recurran a la autocensura para evitar represalias. Este fenómeno no solo afecta a los medios de comunicación, sino a todas aquellas expresiones artísticas y críticas que confrontan los dogmas y tabúes sociales.
La querella de Mongolia contra Abogados Cristianos no solo busca justicia por una denuncia falsa, sino que pone sobre la mesa un debate necesario: ¿hasta qué punto pueden tolerarse mecanismos legales que protegen sensibilidades religiosas a costa de derechos fundamentales?
Los editores han dejado claro que no se dejarán intimidar. Frente al avance de quienes intentan imponer una moral única, la sátira se mantiene como una de las últimas trincheras de la libertad. En este contexto, las denuncias por ofensas religiosas no son más que un reflejo de un modelo anclado en el pasado que intenta sobrevivir a base de querellas y discursos totalitarios.
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