Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
Sin una estrategia para atacar la especulación y reducir los precios del alquiler, esta medida se queda en un titular más.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de una «gran empresa pública de vivienda» que construirá y gestionará viviendas desde la Administración General del Estado. Este anuncio, realizado en el Congreso Federal del PSOE en Sevilla, llega como respuesta a los ataques de la derecha a la Ley de Vivienda. Sin embargo, aunque siendo positiva y un primer paso, la medida no aborda las raíces del problema habitacional en España.
La crisis de la vivienda no se resuelve solo con nuevas estructuras burocráticas que, sin financiación ni competencias claras, nacen muertas. En 2023, según el INE, más de 50.000 desahucios fueron ejecutados, muchos de ellos vinculados a alquileres imposibles de sostener. Mientras tanto, hay más de 3,4 millones de viviendas vacías, en su mayoría propiedad de grandes tenedores y fondos buitre. La solución no pasa únicamente por construir más, sino por regular y redistribuir lo que ya existe.
La Ley de Vivienda, aprobada en la pasada legislatura, ha sido boicoteada por comunidades gobernadas por la derecha, pero también es insuficiente para enfrentarse al modelo especulativo que domina el sector inmobiliario. Las multinacionales y los bancos han sido protegidos durante décadas, mientras las personas trabajadoras han visto cómo los precios suben hasta niveles que absorben el 40% de sus ingresos, según Eurostat.
LA NECESIDAD DE REFORMAS ESTRUCTURALES
Pedro Sánchez plantea esta empresa como una medida estrella de su Gobierno, pero no ha ofrecido detalles sobre presupuesto, plazos o alcance. Sin una estrategia para atacar la especulación y reducir los precios del alquiler, esta medida se queda en un titular más. Ya existen empresas públicas de vivienda en varias comunidades autónomas que apenas gestionan unos pocos miles de inmuebles, mientras los fondos de inversión poseen cientos de miles.
La comparación con otros países europeos es devastadora. En Austria, por ejemplo, el 60% de la vivienda en Viena es de alquiler público, y el precio medio no supera los 400 euros. En España, las viviendas públicas representan menos del 2% del total, una cifra ridícula para una de las economías más importantes de la UE.
El anuncio de Sánchez no menciona cómo se combatirá el acaparamiento de inmuebles por parte de fondos buitre o qué pasará con los beneficios récord de las inmobiliarias y los bancos en plena crisis social. En 2024, Blackstone anunció que sus operaciones en España generaron un beneficio de más de 1.000 millones de euros, mientras decenas de miles de familias se enfrentaban al desahucio.
Por otro lado, la falta de regulación efectiva del alquiler ha permitido que ciudades como Madrid o Barcelona tengan los precios más altos de Europa. Crear una empresa pública sin atacar estas raíces es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua.
SIN POLÍTICAS VALIENTES, TODO ES RETÓRICA
Las palabras del presidente, aunque cargadas de intenciones progresistas, no son más que un parche frente a un sistema económico que privilegia el beneficio privado sobre el bienestar colectivo. Mientras no se cuestionen los pilares del modelo neoliberal que convierte derechos en negocios, la vivienda seguirá siendo un privilegio para quienes pueden permitírselo y una pesadilla para quienes no llegan a fin de mes.
No es suficiente construir más viviendas. Es necesario limitar los precios del alquiler, expropiar las propiedades de grandes tenedores que mantienen inmuebles vacíos y garantizar que el derecho a una vivienda digna no dependa del saldo de una cuenta bancaria.
Frente a esta realidad, la «gran empresa pública de vivienda» parece un intento desesperado por maquillar un problema que requiere decisiones políticas valientes, no titulares para acallar a la oposición.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.