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La firma de un convenio considerado abusivo ha contribuido a un ambiente laboral tenso y a una situación financiera incierta para los trabajadores
Nos ha llegado una denuncia de un trabajador de las ambulancias en la Comunidad de Madrid que merece atención. Las ambulancias en Madrid son operadas por empresas privadas, cuyos contratos se asignan a través de concursos públicos. Esta situación plantea varios problemas que afectan tanto a los trabajadores como a la calidad del servicio.
Los trabajadores de estas ambulancias están sujetos a un convenio que muchos consideran abusivo. Este convenio fue firmado por UGT y CCOO y está disponible al público. Según este convenio, estaba previsto un aumento salarial de 1500 a 1700 euros, que entraría en vigor con la adjudicación del contrato de ambulancias. Sin embargo, ha habido un retraso considerable en la asignación del contrato. Ha pasado más de un año y los trabajadores aún esperan la implementación del aumento salarial prometido.
Además, se acordó una compensación de aproximadamente 3.500 euros por el retraso en la asignación del contrato, una suma que aún no se ha pagado. La situación se ha complicado aún más, ya que SUMMA no ha proporcionado fechas concretas para la realización del nuevo concurso. Ante esta incertidumbre, los trabajadores están contemplando la posibilidad de realizar paros para presionar por una resolución. Hay una preocupación creciente entre los trabajadores de que el próximo año, cuando se deba negociar un nuevo convenio, la compensación prometida se perderá.
Muchos sospechan que la Comunidad de Madrid podría estar retrasando el concurso a propósito para evitar el pago de esta compensación. La situación actual es una fuente de frustración y preocupación para los trabajadores del sector. Es importante señalar que UGT y CCOO, los sindicatos que firmaron este convenio, son vistos por muchos como responsables de la situación actual. La firma de un convenio considerado abusivo ha contribuido a un ambiente laboral tenso y a una situación financiera incierta para los trabajadores. Agradecemos a todos las y los que nos siguen por su interés y apoyo.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
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Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
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Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
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Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.