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En un escenario en el que la temporalidad laboral debería ser un problema del pasado gracias a la reforma laboral, las empresas públicas han encontrado la manera de sortearla con desparpajo, dando la espalda a las regulaciones y compromisos establecidos. Esta situación es un reflejo de la desconexión entre el sector público y privado en lo que respecta a la estabilidad laboral. En este artículo, desentrañaremos el oscuro panorama que rodea a las empresas públicas españolas y su abuso de la contratación temporal.
LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y SU RESISTENCIA A LA REFORMA LABORAL
La reforma laboral, que se esperaba que marcase un punto de inflexión en la erradicación de la temporalidad en España, ha tenido un impacto desigual en el sector público y privado. Mientras que las empresas privadas han logrado reducir la temporalidad en un 30% durante los dos años que lleva en vigor la reforma, el sector público se ha quedado atrás con un raquítico 6,68%.
Pero lo más sorprendente es la contrariedad en las empresas públicas de propiedad estatal, que han aumentado su empleo temporal en un alarmante 3,5% durante los dos últimos años. ¿Cómo es posible que las empresas públicas eludan de forma tan flagrante las regulaciones laborales?
EMPRESAS PÚBLICAS: UN REINO DE CONTRATOS TEMPORALES
El panorama en las empresas públicas estatales es desalentador. En 2022, estas empresas lograron reducir sus trabajadores temporales en un 27,2%, pero en 2023 aumentaron en un 18,12%. Estos números nos llevan a cuestionar si realmente existe un compromiso genuino con la estabilidad laboral o si se trata simplemente de una estratagema para evitar cumplir con la reforma laboral y otros compromisos legales.
Incluso con el aumento de contratos indefinidos en el sector público empresarial, que ha crecido un 12,8% en dos años, la tasa de temporalidad todavía se mantiene en un preocupante 21,4%. Esto es siete puntos porcentuales más alto que la tasa del sector privado, que se encuentra en un 14,2%. En resumen, las empresas públicas están muy lejos de ser un ejemplo a seguir en términos de estabilidad laboral.
EL DILEMA DE CUMPLIR CON LA LEY 20/2021
La Ley 20/2021 de 28 de diciembre establece que las administraciones públicas deben alcanzar una tasa de empleos temporales del 8% para el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, con la resistencia obstinada de las empresas públicas a reducir la temporalidad, parece poco probable que se cumpla este compromiso. La pregunta que surge es: ¿Quién está dispuesto a hacer cumplir esta ley y a garantizar que las empresas públicas cumplan con sus obligaciones legales?
EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL: UN AMPLIO ESPECTRO DE SITUACIONES
El sector público empresarial en España es un abanico diverso que abarca desde empresas como Adif, Renfe, Enaire y el ICO, con 21,480 trabajadores, hasta 14 empresas en las que la SEPI tiene una participación mayoritaria, con un total de 76,350 empleados. Dentro de este espectro, la estabilidad laboral varía enormemente.
Un caso destacado es el de Renfe, donde solo el 4,2% de los trabajadores tenían contratos temporales en 2021. En contraste, Tragsa, con un 67,9% de empleados temporales en septiembre de 2023, es un ejemplo alarmante de cómo la temporalidad se ha arraigado en ciertas empresas públicas.
TRAGSA: DEL «CAMBIO CULTURAL» AL AUMENTO DE TEMPORALIDAD
Tragsa, que en su momento se presentó como un «referente» para el «cambio cultural» en las empresas públicas, ha experimentado un aumento significativo en su empleo temporal en los últimos años. A pesar de las promesas iniciales de ser ejemplar en cuanto a la estabilidad laboral, Tragsa ha visto crecer su tasa de temporalidad en un 5,7% desde la entrada en vigor de la reforma laboral.
Este aumento ha sido impulsado por la expansión de las operaciones de Tragsa, que ha experimentado un crecimiento del 32,5% en su producción hasta septiembre de 2023. Sin embargo, esta expansión ha estado acompañada de un aumento desmedido en la contratación temporal, con un 59,6% de nuevos empleados temporales en los últimos dos años.
CONTRATACIÓN TEMPORAL Y EXCEPCIONES
Algunas de estas contrataciones temporales se justifican mediante excepciones relacionadas con la gestión de los fondos de recuperación de la Unión Europea. Sin embargo, estas excepciones no deben convertirse en un mecanismo para eludir la obligación de hacer que los contratos temporales sean indefinidos.
Las empresas también han utilizado contratos de sustitución como una forma de mantener a los empleados temporales durante largos períodos. Estos trabajadores pasan «en la nevera» durante algunos meses antes de ser contratados nuevamente. Esto plantea interrogantes sobre la verdadera intención de las empresas públicas de cumplir con la ley y proporcionar estabilidad a sus empleados.
EL CAMINO A SEGUIR
El incumplimiento sistemático de la reforma laboral y otros compromisos legales por parte de las empresas públicas es una afrenta a la estabilidad laboral y un obstáculo para el progreso en el país. El Gobierno y las empresas públicas deben tomar medidas concretas para abordar este problema y garantizar que se cumplan las regulaciones laborales y los compromisos establecidos. La estabilidad laboral es un derecho fundamental que no debe ser socavado por intereses a corto plazo. El futuro de los trabajadores temporales en las empresas públicas españolas depende de ello.
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