Opinión | ¿Por qué tiene que decidir Felipe VI quién va a ser presidente?: de anacronismos, linajes y búsquedas de utilidad 

Imaginad un país en 2023 en el que un rey tiene la potestad de influir en quién será el próximo líder del Gobierno. Parece que hemos retrocedido unos cuantos siglos y estamos viviendo en la Edad Media, donde los monarcas dictaban las reglas del juego y las y los súbditos acataban. Pero no, esto no es un relato de caballeros y castillos, es la realidad de la España actual, donde Felipe VI, con su corona y su cetro, tiene un papel en la elección de nuestro presidente o presidenta. ¿No es acaso un contrasentido en una nación que se jacta de ser una democracia moderna y avanzada?

En este escenario, donde la democracia y la igualdad son ideales supremos, la existencia de una monarquía hereditaria parece un anacoluto, un elemento fuera de lugar. ¿Cómo es posible que en un sistema que proclama la igualdad de derechos y deberes, una sola persona, por el mero hecho de su linaje, tenga tal grado de influencia en la política nacional?

Felipe VI, como cualquier monarca, tiene asignadas ciertas responsabilidades y deberes constitucionales, entre ellos, el de proponer un candidato a la presidencia del Gobierno. Pero, en un mundo donde la voz del pueblo es la que debería resonar con más fuerza, la idea de que un rey tenga tal prerrogativa resulta, cuanto menos, paradójica.

En este contexto, la monarquía parece estar en una búsqueda constante de relevancia y justificación. ¿Cuál es el propósito real de mantener una institución que parece más un vestigio del pasado que un actor relevante en el presente? En un mundo que avanza hacia la equidad y la justicia social, la existencia de una entidad que se sustenta en el derecho de sangre y la herencia parece un oxímoron.

DEMOCRACIA Y MONARQUÍA: UNA RELACIÓN COMPLICADA

La relación entre democracia y monarquía es, en el mejor de los casos, complicada. La democracia se fundamenta en la participación ciudadana, en la idea de que todas y todos tienen el derecho a expresar sus opiniones y a tomar parte en las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. Por otro lado, la monarquía se erige sobre la premisa de que algunos, por su nacimiento, tienen derechos y poderes que el resto no posee. ¿Es posible armonizar dos concepciones tan distintas del gobierno y la sociedad?

Finalmente, la presencia de la monarquía en la política española es un recordatorio constante de que, a pesar de nuestros progresos y evolución, seguimos aferrados a tradiciones y sistemas obsoletos. ¿Cuánto tiempo más permitiremos que la tradición y el linaje dicten el rumbo de nuestra democracia? ¿Cuánto tiempo más aceptaremos que una figura, cuya relevancia se basa en la herencia, tenga voz en la elección de nuestras y nuestros representantes?

La búsqueda de una utilidad y justificación para la monarquía en el siglo XXI parece una empresa quimérica. Y mientras nos debatimos entre la tradición y la modernidad, entre la democracia y la monarquía, las respuestas a estas preguntas seguirán pendiendo en el aire, como un eco del pasado en los corredores del tiempo.