A partir de enero, una ley en Canadá prohíbe a los ciudadanos extranjeros invertir en inmuebles del país con el objetivo de evitar el aumento continuo de los precios del mercado inmobiliario.
Las empresas extranjeras y las personas que no sean residentes permanentes en Canadá están prohibidas de adquirir propiedades residenciales no recreativas en el país desde este pasado 1 de enero. Esto no excluye en ningún caso a los residentes extranjeros del país.
Ahmed Hussen, ministro de Vivienda y Diversidad e Inclusión, afirmó al respecto que «las casas no deben ser mercancías. Las casas son para vivir en ellas, un lugar donde las familias pueden echar raíces, crear recuerdos y construir una vida en común. A través de esta legislación, estamos actuando para garantizar que la vivienda sea propiedad de los canadienses, en beneficio de todos los que viven en este país. Seguiremos haciendo todo lo posible para garantizar que todos los residentes de este país tengan una vivienda asequible y que satisfaga sus necesidades”.
Dicha ley promulgada por el Gobierno canadiense busca prevenir el fenómeno de casas vacías y especialmente la especulación. La ley, llamada «Ley de Prohibición de Compra de Inmuebles Residenciales por Extranjeros», establece sanciones de hasta 10 mil euros para aquellos que «aconsejen, induzcan, ayuden o instiguen a un no canadiense a comprar, directa o indirectamente, cualquier propiedad residencial».
Además en el caso de que se compre, la persona extranjera no autorizada, deberá vender el inmueble según lo establecido por el gobierno.
La ley, ya en vigor, será válida durante dos años y se aplica en municipios con más de 10 mil habitantes y en grandes ciudades, donde la especulación se estaba convirtiendo en un problema acuciante.
La ley que prohíbe a los ciudadanos extranjeros invertir en inmuebles en Canadá ha entrado en vigor el 1 de enero de este año. Esta medida busca evitar que los precios del mercado inmobiliario sigan aumentando y pretende solucionar el fenómeno de las casas vacías, infrautilizadas y la «especulación desenfrenada». La ley, conocida como Ley de Prohibición de Compra de Inmuebles Residenciales por Extranjeros, establece sanciones de hasta 10 mil euros para aquellas personas o entidades que aconsejen, induzcan, ayuden o instiguen a un no canadiense a comprar una propiedad residencial sabiendo que está prohibido hacerlo. En caso de compra, la persona extranjera no autorizada estará obligada a vender el inmueble en las condiciones establecidas por el gobierno.
La ley establece excepciones para personas con permisos de trabajo temporales, solicitantes de asilo y estudiantes internacionales. La prohibición se aplica en municipios a partir de 10 mil habitantes y también a las grandes ciudades del país, donde más se ha notado el aumento de precios.
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