Esta semana saltaba la noticia de que dos empresarios españoles, Luis Medina y Alberto Luceño, se pusieron en contacto con un enlace, cercano al hermano de Almeida, que les facilitó a su vez el contacto clave para alcanzar el bochornoso contrato millonario de las mascarillas.
Los medios, en un principio, desvelaban que el enlace en el caso fue Carlos Martínez-Almeida Morales, primo hermano del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
Sin embargo, Luis Medina aseguraba posteriormente que el contacto no fue directo con la familia del alcalde, pero que indirectamente estaba relacionado con el hermano de Almeida.
De este modo, se concluyó que los dos empresarios españoles, Luis Medina y Alberto Luceño, se pusieron en contacto con un enlace, cercano al hermano de Almeida, que les facilitó a su vez el contacto clave para alcanzar el bochornoso contrato millonario de las mascarillas.
En lo peor de la pandemia, cuando la gente se estaba muriendo por cientos, Luis Medina y Alberto Luceño Cerón inflaron el precio de material sanitario para cobrar comisiones millonarias del Ayuntamiento de Madrid.
Las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como “experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación”.
Estos dos empresarios vendieron al Ayuntamiento de Madrid “un millón de mascarillas KN95 por 6.600.000 dólares, cuando el precio real era de 2.600.000. Así que inflaron artificialmente el precio en 4.000.000 de dólares. Un 148% del precio real del producto. Pero es que con los test, le metieron una comisión del 71%. Y con los guantes se adjudicaron una comisión del 81%”», explicaba Aimar Bretos a raíz de la exposición de la Fiscalía Anticiorrupción.
Resulta que, además, una gran mayoría de estos no pasaban los test de fiabilidad, dice la fiscalía.
El dinero ganado por ambos empresarios, se lo gastaron precisamente en una docena de coches de alta gama, relojes, un yate, un chalet… Todo con dinero público.
El País advierte que «con el dinero recibido desde Malasia e ingresado en su cuenta personal, el empresario Luceño costeó el pago de una vivienda en Pozuelo por 1,1 millones de euros y productos y servicios de lujo, entre ellos un Ferrari 812 Superfast de 355.000 euros, un Lamborghini Huracan Evo Spider por 299.999 euros, un Aston Martin DB11 de 160.000 euros, una estancia de una semana en un hotel de lujo de Marbella por 60.000 euros y un reloj de oro rojo de 26.000 euros. Por su parte, Medina invirtió su comisión en bonos y en la compra de un yate modelo Eagle 44, llamado Feria, por cuya adquisición pagó 325.515 euros».
Ahora El País desvela que Carlos Martínez-Almeida, abogado de profesión llamó a su “íntima amiga, García, la coordinadora general de la alcaldía de Madrid y mano derecha del regidor.
—¿Hay algún correo donde puede remitirte este ofrecimiento de material o le digo que lo remita al Estado?
“Sí”, respondió ella, “hay un correo genérico, que es este”. “Ah, vale fenomenal”, contestó el primo. Al día siguiente, el primo de Almeida escribió un mensaje de WhatsApp a la coordinadora general: “Oye, me dice que no le contesta nadie. ¿Me lo puedo quitar de encima amablemente?”. García le contesta que ella no había recibido nada. Le recomienda que le diga a Medina que vuelva a enviar el correo. Entonces, al día siguiente, el 19 de marzo, observan que, efectivamente, había dos correos de Medina. Uno el 18 y otro el mismo 19. “Y ya lo reenvía una funcionaria que trabaja para mí”, cuenta ahora por teléfono García. “Yo no hacía compras. Yo me encargaba de las donaciones”.
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