La fiscalía pide 3 años de prisión para Jaime Palomera, del sindicato de inquilinos
Palomera señala que la nueva acusación muestra que "cada vez hay más intereses en parar el movimiento por la vivienda"
Palomera señala que la nueva acusación muestra que «cada vez hay más intereses en parar el movimiento por la vivienda»
Un nuevo caso de coacción a la libertad de protesta. Una jueza de Barcelona pide tres años de cárcel al portavoz del sindicato de inquilinos, Jaime Palomera, y a otras dos personas por las protestas que realizaron contra el desahucio planteado por los dueños de un edificio, los Fradera, una de las familias ricas de Barcelona con intereses en el sector cosmético e inmobiliario.
En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que los inquilinos y Palomera incurrieron en un delito continuado de coacciones y otro de allanamiento de domicilio de persona jurídica por la divulgación de su caso en redes y tres manifestaciones ante el centro de estética propiedad de la familia en el año 2018.
Según la fiscal, llevaron a cabo «una campaña de difamación en redes sociales» tachando a su propietaria de «especuladora». En persona acudieron a su negocio de estética en dos ocasiones para manifestarse ante la puerta del local y el 17 de octubre entraron «megáfono en mano», detalla la fiscal, para protestar contra el desahucio.
El Ministerio Público define la protesta como una acción que «perturbó el funcionamiento ordinario del local asustando a clientes y trabajadores» hasta que sobre las 18:00h. de la tarde salieron tras conseguir una reunión para negociar las condiciones de su alquiler.
Para Palomera la nueva acusación muestra que «cada vez hay más intereses en parar el movimiento por la vivienda por parte no solo del sector inmobiliario, también por parte del Estado». «Pero no dejaremos la desobediencia civil no violenta, es nuestra forma de lucha y con la que hemos conseguido cambiar la ley de los alquileres», ha sentenciado.
Una subida de 450 euros
Todo empezó cuando Fran Ortega, de 35 años, y Alpha Mikeliuna, de 36, y los otros dos acusados, pidieron ayuda al Sindicato de Inquilino y Fem Sant Antoni para informar de que su alquiler podría subir hasta 450 euros al mes (1300 en total) y que al no poder pagar, podían acabar siendo desahuciados.
El sindicato se organizó para protestar en de las oficinas del propietario de la vivienda de Fran y Alpha, un edificio del Instituto de Belleza Francis, en la Ronda de Sant Pere, junto a la plaza de Urquinaona, en Barcelona.
La propiedad mantenía en un estado insalubre el inmueble, en el que se acumularon plagas de termitas, amianto y cañerías de plomo en mal estado, pese a lo cual los inquilinos siguieron abonando el alquiler. Fue cuando se afiliaron al Sindicato de Inquilinos que, según ellos, empezó el acoso por parte de la propiedad.
Al final la propietaria decidió no renovar el contrato y activar el desahucio de los inquilinos, que vivían en el piso con su hijo menor de edad. La denuncia pública del caso y la lucha lograran que los propietarios pudiesen firmar un contrato de alquiler social . El 2019, sin embargo, los Fradera los denunció a ellos y a Palomera.
El sindicato de inquilinos continúa exigiendo al Govern una «ley de alquileres para evitar casos como el que han denunciado hoy, en el que los inquilinos denunciaron acoso inmobiliario y vieron cómo no se les renovaba el alquiler”. Igualmente Palomera ha atacado a la fiscalía por su “beligerancia” y vinculando el juicio a una “criminalización de la protesta”.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
STARSHIELD: la GUERRA PRIVADA (con dinero público) de MUSK #ReportajeSR
¿Es Elon Musk más poderoso que un Estado? Analizamos cómo SpaceX ha dejado de ser una empresa de cohetes para convertirse en el «sistema nervioso» de la guerra moderna. Desde el uso…
HANOVER INSTITUTE: cómo ISRAEL está HACKEANDO ChatGPT para engañarte #ReportajeSR
En este nuevo reportaje de SpanishRevolution, Patricia Salvador desvela una de las operaciones de desinformación más sofisticadas hasta la fecha: la creación del falso «Hanover Institute». ¿Cómo es posible publicar más de…
MODO REVOLUCIÓN
Activa el Modo Revolución con nosotras. Historias, investigaciones, vídeos y claves para entender qué está pasando y qué hay detrás.
También te puede interesar
Organizaciones sociales señalan a Indra por engordar con el negocio de la guerra
6 julio 2026Héctor Bellerín señala la homofobia del fútbol: el vestuario que expulsa a quien no obedece
25 junio 2026Ester Expósito contra el ‘puritanismo rancio’: “Me parece hipócrita que se apropien de nuestro discurso para quitarnos libertad”
25 junio 2026Plumas de Pueblo: el mapa que demuestra que la diversidad LGTBIQA+ también late en los pueblos
23 junio 2026