42 mujeres denuncian al Opus Dei por abuso de poder y explotación 

Las 42 mujeres denunciantes, de familias de contexto socio-cultural y económico humilde, acusan a la organización ultraortodoxa católica de reclutarlas con la promesa de dales la oportunidad de estudiar

Cuarenta y dos mujeres han presentado una denuncia colectiva ante el Vaticano contra la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei por «abusos de poder y de conciencia con ulterior sometimiento de las víctimas a situaciones de explotación personal». A la denuncia ha podido acceder en exclusiva elDiarioAR, el periódico hermano de elDiario.es en Argentina.

Mujeres de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, sirvieron a la institución entre los años 1974 y 2015 como «numerarias auxiliares», cumpliendo tareas de servicio doméstico en esos países y algunas de ellas también en Italia y Kazajistán. Debido a su corta edad no eran conscientes de la situación de explotación a las que estaban siendo sometidas y se sentían obligadas a prestar dichos servicios como pago de la «deuda» contraída por el traslado, alojamientos y los ficticios estudios que tenían esperanza de realizar.

El trabajo no contaba con ningún tipo de remuneración ni alta en la Seguridad Social, las jornadas laborales eran de más de 12 horas, con periodos de descanso breves y limitados a las horas de comer y rezar y no tenían documentación personal o les retenían la misma, además de otras vulneraciones de derechos básicos.

Además, el Opus Dei a través de sus sacerdotes y directoras atemorizaba a las mujeres con males espirituales si no cumplían ‘la Voluntad de Dios'», como que irían al infierno por no cumplir lo que Dios les pedía, que jamás serían felices fuera del Opus Dei o que el Opus Dei era su verdadera familia a la que le debían la formación humana y espiritual recibida.

El escrito, relata en las casi 30 páginas el modo en el que el Opus Dei reclutó a estas mujeres de «familias de contexto socio-cultural y económico humilde» cuando eran adolescentes de entre 12 y 16 años. Dice que hubo un «plan proselitista» y que «lo hicieron con el conocimiento y consentimiento de las personas que ostentaban las facultades de organización y control de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei en el territorio respectivo, de manera organizada y duradera en el tiempo, con distribución de cometidos o funciones, y con una secuencia repetida muy semejante entre todas las víctimas».

«Vocación de servir»

A las familias de las denunciantes nunca les hablaron de vocación religiosa sino que les decían que las iban a llevar a estudiar y, aunque a varias las llevaron al ICIED, una escuela en la que les enseñaban a hacer las tareas del hogar que no tenía ningún título formal, a muchas las mandaron directamente a trabajar a centros y residencias de la Obra, se las sometía a una rutina de oración rigurosa bajo dirección espiritual y así las convencían de que tenían «vocación de servir».

A principios de 2021 se empezó a preparar la denuncia. Las mujeres, que hoy tienen entre 40 y 60 años, se reunieron y aportaron sus testimonios. Después de esa reunión, a través de su abogado intentaron conversar con las autoridades regionales del Opus Dei pero ni fueron recibidas ni tuvieron una respuesta.

También consiguieron una audiencia con el nuncio en Argentina, monseñor Miroslaw Adamczyk, quien les recomendó enviar una carta al papa Francisco. La enviaron en mayo y tampoco tuvieron respuesta.

Antes de presentar la denuncia formal ante el Vaticano, también hubo reuniones con el obispo auxiliar de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Giorgi, y el vicario de Justicia del Tribunal Interdiocesano Bonaerense, Ricardo Daniel Medina.

Decreto del Opus Dei

Poco después de que se registrara la denuncia en Roma, el prelado del Opus Dei firmó un decreto por el que anunció un cambio en la estructura sudamericana de la institución. El documento con fecha del 29 de septiembre anunció que para «mejorar el impulso y la coordinación de las labores apostólicas», se creó la Región del Plata (Platensis), compuesta por Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina, con sede del vicario regional en Buenos Aires y con delegaciones en Uruguay y Paraguay.

Y añade: «Asimismo delego el Vicario Regional de la Región del Plata todas las facultades requeridas por el Derecho para llevar a cabo cuántos trámites sean necesarios ante cualesquiera autoridades e instancias que exija la reorganización que se establece en este decreto».

Quien era hasta hoy el vicario regional, Vïctor Urrestarazu, será enviado a Paraguay y su lugar lo ocupará Juan Lavallol. Urrestarazu está entre los denunciados junto a Mariano Fazio Fernández, desde 2019 vicario auxiliar en Roma y antes vicario regional en Buenos Aires durante una década.