El Estado asume un agujero de más de 40.000 millones por decisiones del Gobierno de Rajoy 

El Estado deberá asumir más de 40.000 millones heredados del Gobierno de Rajoy.

El Estado ha asumido un agujero superior a los 40.000 millones de euros por decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy que han sido un fiasco o ha acabado anulando la justicia, española o europea, tal y como adelantaba elDiario.es. 

El grueso mayoritario de esta cifra pertenece a los 35 millones de deuda de la SAREB que será asumida por el Estado después de aprobarse en el Consejo de Ministros.

«Con ello, se van a socializar las multimillonarias pérdidas del denominado banco malo y se engrosará la factura del rescate a la banca que el PP dijo que no costaría «un euro» y del que el Banco de España ya da por perdidos más de 54.000 millones, sin contar el fiasco de Sareb», explica el rotativo.

«Un fracaso anunciado, consecuencia del diseño inicial de este instrumento creado en 2012 por el entonces ministro Luis de Guindos, ahora en el BCE, para sacar el ladrillo tóxico del balance de la banca con la promesa de venderlo más adelante a mejor precio», añade el medio.

También data de 2012 otro fiasco de la etapa Rajoy que va a suponer otro roto millonario para las cuentas públicas y que fue obra de Cristóbal Montoro, el ministro que batió el récord de permanencia en la cartera de Hacienda y que en 2010, cuando estaba en la oposición, pronunció aquel «que caiga España, que ya la levantaremos nosotros» mientras el país se asomaba al rescate por la crisis de deuda soberana.

El pasado jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbaba el «desproporcionado» régimen sancionador que impuso hace una década Montoro para aflorar la existencia de bienes ocultos en el exterior: el denominado modelo 720.

Este mecanismo, que ha permitido aflorar bienes en el extranjero por valor de 225.200 millones, y que la Comisión Europea exigió a España modificar en 2017, aparejaba la amenaza de fuertes multas por la omisión o falta de datos y se lanzó en paralelo a la polémica amnistía fiscal.

Por un lado, se ofrecía un caramelo a los defraudadores que, a través del llamado modelo 750, regularizaran su situación con esa medida de gracia, que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional sin consecuencias para sus beneficiarios, que pudieron aflorar activos ocultos pagando un exiguo 3%.

Por otro, el modelo 720 impuso duras penalizaciones a los contribuyentes que ocultasen o declarasen fuera de plazo bienes en el extranjero con un valor superior a los 50.000 euros.

Hacienda también va a resolver por fin otro «problema heredado» del Gobierno de Rajoy, según lo calificaba el Gobierno el pasado lunes, al anunciar la próxima aprobación de una orden ministerial para «desatascar un problema generado por un Ejecutivo anterior» y compensar a las comunidades autónomas con 3.000 millones por el IVA que dejaron de recibir por el ejercicio 2017.