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El 24 de abril de 2013 la industria textil global mostró su rostro más despiadado.
A las 9:00 de la mañana del 24 de abril de 2013, el edificio Rana Plaza, de ocho plantas, se desplomó en Savar, a las afueras de Daca, Bangladés. En su interior, más de 3.000 personas, en su mayoría mujeres jóvenes, cosían prendas para marcas occidentales. El saldo: 1.134 personas muertas y más de 2.500 heridas. Fue el peor desastre industrial en la historia del país y el más letal en la industria textil mundial.
El día anterior, se habían detectado grietas en la estructura. Las tiendas y el banco en los pisos inferiores cerraron, pero las fábricas de ropa obligaron a sus trabajadoras y trabajadores a regresar al día siguiente, bajo amenaza de perder el salario. La avaricia empresarial ignoró las advertencias y empujó a miles a una muerte anunciada.
Entre los escombros aparecieron etiquetas de marcas como Primark, Mango, Benetton, El Corte Inglés, Walmart, Zara y H&M. Algunas de estas empresas negaron vínculos o minimizaron su responsabilidad. Otras, como Benetton, reconocieron relaciones comerciales previas, pero alegaron que ya no trabajaban con el proveedor en el momento del colapso.
La tragedia no fue un accidente, sino el resultado previsible de un sistema que prioriza el beneficio sobre la vida humana.
UNA DÉCADA DE IMPUNIDAD Y LAVADO DE IMAGEN
Tras el desastre, se creó el Acuerdo sobre Incendios y Seguridad de los Edificios en Bangladés, un pacto legalmente vinculante entre marcas, sindicatos y ONG. Aunque logró mejoras en la seguridad de más de 1.600 fábricas, muchas empresas, como Walmart y Gap, se negaron a firmarlo, optando por iniciativas voluntarias sin mecanismos de cumplimiento.
**El fondo de compensación para las víctimas alcanzó los 30 millones de dólares en 2015**, pero solo después de una intensa presión internacional. Algunas marcas contribuyeron; otras, como Auchan y Carrefour, se desentendieron por completo.
Diez años después, las y los responsables siguen sin rendir cuentas. El propietario del edificio, Sohel Rana, fue arrestado mientras intentaba huir a la India y enfrenta cargos por asesinato junto con otros 40 acusados, pero los juicios se han retrasado indefinidamente.
Más de la mitad de las y los supervivientes no han podido volver a trabajar debido a lesiones físicas o traumas psicológicos. Muchos viven en la pobreza, sin acceso a atención médica ni apoyo estatal.
La moda rápida continúa su expansión, vendiendo camisetas a cinco euros mientras externaliza los costes humanos y ambientales a países empobrecidos.
El Rana Plaza no fue una excepción, sino la norma de un sistema que explota a las y los más vulnerables para vestir a las y los más privilegiados.
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