La ONG Caminando Fronteras denuncia que a fecha de 2021 no sea el Gobierno quien esté dando estas cifras y que este solo se preocupe de contabilizar las llegadas.
Un total de 4.404 personas migrantes murieron o desaparecieron en el mar en su intento de alcanzar la costa española en 2021, según recoge el informe ‘Derecho a la Vida’ que este lunes ha presentado a los medios la ONG Caminando Fronteras. Esta cifra supone un aumento de un 102% con respecto a los números de 2020.
También señalan que la ruta más mortífera es la que tiene Canarias como destino. Caminando Fronteras denuncia que esto se debe a «la militarización del Mediterráneo».
En esta ruta han muerto o desaparecido 4.016 personas (124 naufragios) de las 4.404 registradas. Le siguen, la ruta argelina, con 191 personas muertas o desparecidas en 19 naufragios; y 95 víctimas en 10 naufragios en la ruta del Alborán.
Desde la entidad califican estos datos como las «cifras del dolor» y apuntan que estos números son «el mínimo registrado» y que «la realidad es que hay más víctimas» de estas rutas de las que «no hay constancia».
La fundadora de la ONG y activista por los derechos humanos, Helena Maleno, ha señalado que este estudio no solo pone de manifiesto la situación que las personas migrantes viven en el mar, sino que también sirve para dar «visibilidad a lo que está pasando en las fronteras» y poner el foco en «los factores» de esta situación, así como señalar «a los responsables».
A su juicio, las autoridades tienden a poner el foco en las llegas a la costa. Maleno ha indicado que, según las cifras publicadas por el Ministerio del Interior, la llegada a España de forma irregular por vía marítima en 2021 (a fecha de 16 de diciembre) fue de 37,387 personas, frente a las 38.014 de 2020.
La activista denuncia que, mientras el Gobierno destaca una reducción de 600 personas en las llegadas, «la muerte y desaparición en el mar ha aumentado el doble». «Y hay factores detrás de estas muertes», ha recordado Maleno.
El eurodiputado Miguel Urbán ha enfatizado que «ya no abre telediarios, pero el Mediterrárreno sigue siendo una gran fosa común de quienes huyen de las guerras, la persecución, el hambre o el cambio climático».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
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