Seguiremos esperando que la justicia finalmente haga su aparición en este país, con la esperanza, aunque sea débil, de que la verdad y la responsabilidad no sean solo palabras vacías en el diccionario de los poderosos.
¿Qué pasa en un mundo donde una sola figura decide sobre la vida y la muerte, ignorando el clamor de la justicia y la humanidad? ¿Cómo hemos llegado a un punto donde la balanza de la justicia se inclina descaradamente hacia el lado de los poderosos, dejando a la ciudadanía en un vacío de desamparo y desesperanza? Estas preguntas se agolpan en la mente de cualquiera que haya seguido el silencio ensordecedor de la Fiscalía ante las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre su gestión durante las semanas más letales de la pandemia en las residencias de mayores en Madrid.
La Fiscalía Superior de Madrid, liderada por Almudena Lastra, ha optado por el silencio. Un silencio que resuena con un eco de complicidad ante las palabras de Ayuso, quien, sin titubear, justificó el elevado número de muertes en las residencias madrileñas con una frialdad que hiela la sangre. «No se salvaba en ningún sitio», declaró, desafiando la montaña de datos y testimonios que contradicen sus palabras. La no investigación sobre este asunto por parte de la Fiscalía no hace más que sumar capas a este manto de impunidad bajo el cual parece cobijarse la política.
La gestión de la pandemia en las residencias, marcada por el denominado ‘Protocolo de la Vergüenza’, ha sido un tema de constante debate y crítica. Este protocolo, lejos de servir como un mecanismo de protección para los más vulnerables, parece haber sido un instrumento para justificar la inacción y la falta de recursos adecuados. A pesar de las múltiples evidencias y testimonios que señalan lo contrario, la defensa de la administración de Ayuso se mantiene firme, basada en falsedades y omisiones evidentes.
Este no es un caso aislado de negligencia o mal manejo; es un reflejo de un sistema que permite, e incluso facilita, que los poderosos actúen con total impunidad. El silencio de la Fiscalía no es más que otro eslabón en la cadena de injusticias que favorece a aquellos en posiciones de poder, dejando a su paso una estela de desolación y desconfianza hacia las instituciones supuestamente diseñadas para proteger a los ciudadanos.
Mientras Ayuso continúa su estrategia de desviar la atención y atacar a la oposición, etiquetándola de inhumana y excéntrica por simplemente exigir responsabilidades, la justicia parece estar de vacaciones. La falta de acción judicial frente a las claras irregularidades y posibles delitos cometidos durante la gestión de la crisis sanitaria en las residencias madrileñas es un grito ensordecedor de silencio que resuena en los oídos de aquellos que aún creen en la justicia y la equidad.
Así, nos encontramos esperando, con una mezcla de desesperanza y frustración. La Fiscalía ha optado por guardar silencio, un silencio que grita complicidad y desdén hacia las víctimas y sus familias. Y mientras tanto, seguiremos esperando que la justicia finalmente haga su aparición en este país, con la esperanza, aunque sea débil, de que la verdad y la responsabilidad no sean solo palabras vacías en el diccionario de los poderosos.
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