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El PP asume el marco ultra mientras recibe insultos y amenazas: la derecha ya no negocia, se somete
El Partido Popular ha decidido mendigar poder a quien lo desprecia en público. Y lo hace sin dignidad política ni coherencia ideológica. Mientras Alberto Núñez Feijóo pide “unidad” y ofrece escaños en bandeja si eso garantiza una mayoría conservadora, Vox responde con humillaciones calculadas y chantaje institucional. La escena es clara: la extrema derecha fija las condiciones y el PP las acata, incluso cuando es atacado como “cómplice de un Gobierno criminal”.
El 11 de febrero de 2026, en el Congreso, la diputada ultra Patricia Rueda acusó a los populares de ser “cómplices de un Gobierno que mata a cientos de españoles”. No era un exabrupto aislado. Era una estrategia. Repetición, exageración y criminalización del adversario hasta desplazar el eje del debate. Mientras tanto, la bancada del PP apenas murmuraba. Ni una ruptura. Ni una línea roja. Solo silencio.
El episodio se produjo en el debate de una proposición no de ley presentada por el PP tras la tragedia ferroviaria de Adamuz. La iniciativa pedía mejoras en la red y la reprobación del ministro Óscar Puente. Vox no solo enmendó el texto. Lo convirtió en un mitin contra el PP. Y aun así, el Partido Popular no rompió puentes. Porque los necesita.
EXTREMADURA Y ARAGÓN: EL LABORATORIO DEL CHANTAJE
El poder territorial es el campo de pruebas. En Extremadura, María Guardiola anunció su intención de someterse a la investidura el 3 de marzo, siete semanas después de las elecciones autonómicas celebradas en diciembre. Vox ya ha advertido que votará “no rotundo” si el PP no acepta su proporcionalidad programática. Lo traduce Ignacio Garriga con claridad: hay un “cambio de paradigma político”. Es decir, o asumes nuestro marco o no gobiernas.
En Aragón, tras el crecimiento ultra en las autonómicas, el PP forzó elecciones anticipadas para sortear el bloqueo presupuestario de Vox. El resultado fue el contrario. Más fuerza para quienes quieren desmantelar derechos sociales, derogar leyes de memoria democrática y liquidar cualquier política climática vinculada al pacto verde. La aritmética ha convertido la dependencia en sumisión.
Pepa Millán, portavoz parlamentaria de Vox, ha sido explícita: si el PP quiere apoyo, debe romper con el “continuismo socialista”. Traducción política: endurecer la política migratoria, desmontar consensos ambientales, atacar a sindicatos y borrar políticas de memoria histórica. Es un programa de regresión democrática. Y el PP no lo descarta. Lo negocia.
En paralelo, la portavoz popular Ester Muñoz declaró sin rubor que preferiría perder escaños si Vox gana más y así se asegura un gobierno conjunto. Renunciar a representación propia para fortalecer a la extrema derecha ya no es un tabú. Es una estrategia asumida.
EL MARCO ULTRA COMO NUEVA NORMALIDAD
La ofensiva no se limita a Madrid. En Bruselas, el eurodiputado Jorge Buxadé acusó al PP de “traicionar al campo español” por votar salvaguardas en el acuerdo con Mercosur. El señalamiento busca disciplinar. Convertir cualquier matiz en traición. Empujar al PP hacia un alineamiento total.
El discurso de Vox insiste en equiparar a PP y PSOE como parte de una “mafia bipartidista”. Esa retórica, que recuerda tácticas de ruptura institucional del pasado, no busca construir alternativa sino erosionar legitimidades. La diferencia es que ahora el PP no responde marcando distancias, sino suplicando entendimiento.
Mientras tanto, en el Congreso, Vox apoyó una proposición del PP para limitar la capacidad de un Gobierno sin Presupuestos prorrogados durante tres años. Lo hizo tras dedicar casi toda su intervención a cuestionar la propuesta. La votó porque le conviene mantener al PP dependiente. Porque cada apoyo es una concesión futura.
Lo que se está configurando no es una coalición clásica de derecha. Es un desplazamiento estructural del eje político. El PP ya no marca la agenda. La sigue. Y lo hace mientras recibe acusaciones de ser “balón de oxígeno” de un Ejecutivo al que combate.
La extrema derecha entiende algo que el PP parece ignorar: la negociación es un espacio de poder simbólico. Y quien humilla en público y exige en privado está definiendo la jerarquía.
Feijóo no está moderando a Vox. Está normalizando su lenguaje, su programa y su lógica de confrontación permanente.
Cuando un partido acepta ser llamado “cómplice criminal” por quien necesita para gobernar, ya no estamos ante una alianza. Estamos ante una subordinación política que reconfigura la derecha española.
Y cuando la derecha tradicional renuncia a confrontar el extremismo porque lo necesita para tocar poder, el extremismo deja de ser extremo y se convierte en norma.
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