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El brutal asesinato de tres mujeres quemadas vivas en Buenos Aires ha dejado en shock a la sociedad argentina
La madrugada del 6 de mayo de 2024, cuatro mujeres que compartían una humilde habitación en un hotel familiar del barrio de Barracas, Buenos Aires, fueron víctimas de un ataque con un cóctel molotov. Solo una de ellas sobrevivió. Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron a causa de las graves quemaduras sufridas. Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente, permanece hospitalizada y ha declarado ante la justicia.
La escena del crimen es un reflejo brutal de la realidad que enfrentan las personas de la comunidad LGBTI+ en Argentina. “Las prendieron fuego por lesbianas. Las prendieron fuego por lesbianas pobres haciendo comunidad, haciendo refugio”, denunció una portavoz de la Asamblea de Lesbianas de Barracas durante una manifestación. Este crimen de odio ha conmocionado profundamente a la comunidad y ha puesto en evidencia las condiciones precarias de vivienda y la vulnerabilidad extrema de las víctimas.
El principal sospechoso, Justo Fernando Barrientos, de 67 años, fue detenido tras intentar suicidarse. Los testimonios de otros inquilinos señalan que los gritos de las mujeres alertaron a todos pasada la medianoche. Intentaron salvarlas con un extintor y luego llevándolas a la ducha más cercana, pero las heridas fueron demasiado graves.
DISCURSOS DE ODIO Y RESPONSABILIDAD ESTATAL
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han señalado que este tipo de delitos son tipificados como crímenes de odio. “Están motivados por el odio hacia la orientación sexual de las víctimas, quienes pertenecen a un colectivo estructuralmente violentado y discriminado”, afirmó Amnistía en un comunicado. La organización exige una investigación exhaustiva con perspectiva de género y la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de las personas LGBTI+.
El Gobierno de Javier Milei ha mostrado una indiferencia preocupante ante estos hechos. Manuel Adorni, portavoz presidencial, minimizó el ataque al afirmar que la violencia es un problema general y no exclusivo de un colectivo específico. Este tipo de declaraciones, que niegan la gravedad y la especificidad de los crímenes de odio, son peligrosas porque promueven la impunidad y perpetúan la violencia contra la comunidad LGBTI+.
Las reacciones del Gobierno no han sido solo de indiferencia, sino también de desprecio. Cuando se le pidió que hablara de lesbicidio, Adorni respondió con una captura del diccionario de la Real Academia Española (RAE) que no incluía la palabra. Sin embargo, la RAE aclaró posteriormente que «lesbicidio» es un término válido para designar el asesinato de una mujer lesbiana por su orientación sexual.
El propio Javier Milei ha contribuido a la difusión de mensajes problemáticos. En sus redes sociales, defendió su posición afirmando que decir la verdad no genera odio, sino que es la reacción de quienes odian la verdad. Este tipo de retórica, que minimiza la gravedad de los crímenes de odio y deslegitima las demandas de justicia, es profundamente dañina.
LA NECESIDAD URGENTE DE JUSTICIA Y CAMBIO
Entre quienes han alzado la voz por justicia está el expresidente Alberto Fernández. “Semejante atrocidad no puede silenciarse. Nos interpela como sociedad”, escribió en sus redes sociales. Fernández pidió que el crimen sea investigado con perspectiva de género y que todos repudiemos los discursos de odio, especialmente aquellos emanados desde el gobierno nacional.
El informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ revela una tendencia alarmante. En 2023, Argentina registró 133 crímenes en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto para los ataques. Este aumento en comparación con los años anteriores indica una escalada preocupante en la violencia contra la comunidad LGBTI+.
El caso de Barracas es un recordatorio doloroso de que aún queda mucho por hacer para garantizar los derechos y la seguridad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. La comunidad LGBTI+ y sus aliados continúan exigiendo justicia, no solo para honrar la memoria de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, sino para proteger a todas las personas que, como ellas, enfrentan el odio y la violencia diariamente.
Es imperativo que las autoridades judiciales y políticas actúen con urgencia y determinación. No se puede permitir que estos crímenes queden impunes ni que los discursos de odio sigan proliferando sin consecuencias. La sociedad argentina debe unirse en una condena firme y enérgica de estos actos atroces y trabajar hacia un futuro donde nadie tenga que temer por su vida debido a quién es o a quién ama.
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