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Recordemos: un partido político representa y sirve al pueblo. Si no puede garantizar la veracidad y precisión en sus decisiones más críticas, ¿qué garantías podemos esperar en asuntos de menor calibre?
Hace 20 años, España, bajo la dirección del Partido Popular (PP) y su líder, José María Aznar, se embarcó en la guerra de Irak. El principal argumento: las supuestas armas de destrucción masiva que al final no existían. La admisión de Aznar en 2007, confirmando la ausencia de dichas armas, no fue una simple confesión; fue la evidencia de una monumental mentira que, para muchos, justificaba plenamente la ilegalización del PP.
Consideremos la gravedad del asunto: la decisión de un partido llevó a nuestro país a un conflicto bélico basado en datos inventados, lo que resultó en la pérdida de vidas inocentes y un desequilibrio geopolítico. Esta acción mostró una falta grave de diligencia y responsabilidad.
La política no es solo un juego de poder; es un contrato social, una promesa de actuar en beneficio de la nación y su gente. Cuando esa promesa se rompe de forma tan drástica, ¿no debería haber consecuencias? Las repercusiones de las acciones del PP aún se sienten hoy, no solo en las familias que perdieron a seres queridos, sino en la confianza erosionada en nuestra propia democracia.
Recordemos: un partido político representa y sirve al pueblo. Si no puede garantizar la veracidad y precisión en sus decisiones más críticas, ¿qué garantías podemos esperar en asuntos de menor calibre? La integridad y la transparencia no son opcionales, son fundamentales. Por eso, retrospectivamente, la ilegalización del PP no solo hubiera sido justificada, sino necesaria. Así lo cuenta, de manera magistral, el profesor de filosofía Carlos Fernández Liria @carlosfernandezliria en este vídeo que acompaña el texto.
Porque más allá de ideologías, el deber supremo de cualquier partido es actuar con verdad, justicia y honor. Y eso es algo que, como ciudadanas y ciudadanos, nunca deberíamos comprometer.
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El veto sindical a la Policía Nacional empieza a resquebrajarse
La anomalía democrática ya no cabe debajo de la alfombra. Dos tribunales superiores de justicia, el del País Valencià y el de Madrid, han admitido a trámite sendas demandas de agentes de la Policía Nacional contra una prohibición que huele a otro tiempo: la que les impide afiliarse a sindicatos de clase, interprofesionales, como CNT, CGT, UGT o CCOO. La pelea apunta directamente al artículo 28 de la Constitución, que reconoce la libertad sindical, y al artículo 14, que garantiza la igualdad y la no discriminación. Fechas y cifras importan: la norma que ahora se discute fue aprobada en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, y afecta a un cuerpo donde la escala básica suma más de 70.000 agentes.
Esta es la democracia estadounidense: 88 corporaciones no pagaron impuestos federales y regaron la política con 852 millones
La democracia estadounidense tiene una liturgia muy solemne. Banderas, discursos sobre la libertad, himnos, padres fundadores, ceremonias patrióticas y presentadores de televisión hablando de “oportunidad”. Luego llega la letra pequeña. Y la letra pequeña dice esto: 88 grandes corporaciones que no pagaron ni un dólar de impuesto federal sobre la renta empresarial en el año fiscal 2025 gastaron unos 852 millones de dólares en lobby y contribuciones electorales durante los últimos ciclos políticos.
No es una anomalía. Es el sistema funcionando.
Trump aprieta el cerco petrolero a Cuba y llama “libertad” al castigo colectivo
El 11 de junio, Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra Unión Cuba-Petróleo, CUPET, la empresa estatal cubana de petróleo y gas. No fue un gesto administrativo. No fue una nota técnica del Departamento de Estado. Fue otro giro de tuerca contra una población que ya vive entre apagones, falta de combustible, problemas de transporte, hospitales tensionados y una economía castigada por 65 años de embargo estadounidense. Lo llaman presión. Lo llaman democracia. Lo llaman “apoyo al pueblo cubano”. Pero cuando una sanción corta energía, encarece comida, complica medicinas y deja a la gente sin movilidad, el nombre honesto es otro: castigo colectivo.
Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y viejo militante del cambio de régimen, defendió la medida acusando al Gobierno cubano de usar la energía como herramienta de represión, enriquecimiento y control social. El guion es conocido. Primero se asfixia un país. Luego se acusa al país asfixiado de no respirar bien. Después se presentan las consecuencias del bloqueo como prueba de que hacía falta más bloqueo. La maquinaria imperial funciona así: provoca la herida, señala la sangre y vende la amputación como tratamiento.
Vídeo | Más de 30.000 personas ya han visto el #ReportajeSR sobre cómo Israel está cambiando las reglas del mundo
El nuevo trabajo de Reportajes SR, con Olga Rodríguez, analiza por qué lo que ocurre en Gaza no es solo una tragedia palestina, sino una advertencia global sobre la impunidad, el derecho internacional y la ley del más fuerte. Más de 30.000 personas han visto…
Vídeo | La batalla cultural ultra no empezó ayer: nuevo #ReportajeSR este domingo 14
El domingo 14, a las 15:00, estrenamos en nuestro canal de YouTube un nuevo #reportajesr: “Cómo la extrema derecha está ganando la batalla cultural”. La primera parte lleva un título que debería funcionar como advertencia: “Esto no empezó ayer”.
El reportaje, presentado por Patricia Salvador y dirigido por Lea Gugelmann, periodistas de Spanish Revolution, ya está disponible de forma anticipada para suscriptoras y suscriptores del canal.
Porque sí, la extrema derecha no empieza siempre gritando censura, deportaciones, recortes o mano dura. A veces empieza antes. Mucho antes. Empieza alterando el lenguaje. Empieza llamando “libertad” al privilegio de quienes más tienen. Empieza llamando “familia” a un modelo único y obediente. Empieza llamando “patria” a una frontera moral. Empieza llamando “sentido común” a una agenda profundamente reaccionaria.