Finalmente, el sentido común gana una batalla: la incompatibilidad de luchar contra el cambio climático mientras se amplía un aeropuerto ha pesado por encima de todo.
Todo el proyecto se ha venido abajo. El Gobierno central y la Generalitat de Catalunya habían acordado ampliar el aeropuerto de Barcelona para convertirlo en un hub intercontinental a pesar de todas las voces en contra que se encontraban.
La faraónica obra incluía una inversión para construir estaciones de AVE en los aeropuertos de Girona y Reus para conectarlas con el de Barcelona en unos 30 minutos y suponía afectar el espacio natural de La Ricarda, protegido por la Red Natura 2000, un paraíso de hectáreas de espesos carrizales, pinares y una frondosa vegetación litoral que esconden una laguna y que se extienden hasta tocar el mar.
El Ayuntamiento del Prat y el de Barcelona han mostrado repetidamente su frontal rechazo al proyecto de ampliación, solo algunas voces socialistas estaban a favor. Asimismo, el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, advertía de que antes de que «pueda salir adelante» la ampliación «es necesario abordar las deficiencias» en el Delta del Llobregat, por las cuales el ejecutivo comunitario ha abierto dos procedimientos de infracción a España.
Muchos éramos quienes nos preguntábamos por la incompatibilidad de luchar contra el cambio climático mientras se amplía un aeropuerto, aumentando el tráfico aéreo, uno de los medios de transporte más contaminante.
Fin del proyecto
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha volcado toda la culpa sobre la política, ignorando la presión social y del movimiento ecologista. Fines el electoralistas. En realidad, la Generalitat no quería mancharse las manos a cuenta de la posible afectación medioambiental del espacio protegido de la Ricarda.
En una comparecencia pública en la sede barcelonesa de la Delegación del Gobierno en Cataluña denunció que el Gobierno de Pere Aragonès se comprometió el 2 de agosto a respaldar la ampliación. Un acuerdo que se ha quebrado ante recientes declaraciones del presidente catalán y de portavoces de su Ejecutivo contra las obras previstas.
El Gobierno quiere que Catalunya vuelva a ser un motor económico de España, pero no va a imponer este proyecto porque la Generalitat no lo hace posible», ha resumido Sánchez. Fin del proyecto.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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