Normalizar lo intolerable es el primer triunfo del autoritarismo
A un año exacto, 18 de enero, del inicio del segundo mandato de Donald Trump, Estados Unidos no vive una crisis puntual sino una mutación acelerada. Lo excepcional se ha convertido en rutina. Lo que antes provocaba alarma hoy apenas ocupa un titular. El país que decía legislar en nombre de la vida ha asumido la existencia de campos de detención para personas migrantes, redadas paramilitares y ejecuciones extrajudiciales en la vía pública como parte del paisaje informativo. Ese es el cambio más profundo: la anestesia colectiva.
En 2025, vídeos de detenciones de ICE recorrían las redes y activaban redes vecinales de alerta. En 2026, ni siquiera las detenciones más visibles generan seguimiento: quién fue liberada, quién deportado, quién sigue desaparecida. El borrado no es solo administrativo, es político. La desaparición se ha normalizado.
LA VIDA BAJO EL RÉGIMEN DE LA EXCEPCIÓN
El 7 de enero de 2026, en Minneapolis, una agente de ICE disparó tres veces a quemarropa contra Renee Good durante una protesta. La Casa Blanca, con Trump y el vicepresidente JD Vance al frente, avaló el relato de la “autodefensa” pese a la existencia de vídeo. Señalar la supuesta afiliación política de la víctima fue el mensaje real: protestar puede costarte la vida.
Desde Washington D. C. hasta Los Ángeles, Chicago, Portland, Memphis o Nueva Orleans, fuerzas militares y paramilitares patrullan barrios bajo el pretexto de la seguridad. En Minneapolis, el despliegue federal multiplica por cinco el tamaño del cuerpo policial local. El lenguaje bélico ha colonizado la gestión urbana. Para quien mira desde fuera, el país parece al borde de un conflicto civil; para quien vive dentro, la lista de ciudades militarizadas ya no se actualiza.
La ofensiva no se limita a las calles. Universidades y centros de investigación han visto recortes presupuestarios, cancelaciones de proyectos y reversiones de avances científicos anunciadas por decreto. Museos y espacios culturales han sido atacados en nombre de una guerra cultural permanente. Empobrecer el conocimiento es una política pública.
En política exterior, la deriva es igual de clara. Bombardeos periódicos, operaciones extraterritoriales, asesinatos selectivos y desprecio por el derecho internacional forman parte del guion. La ambición imperial se exhibe sin complejos, también frente a aliados. La fuerza sustituye a la ley.
Nada de esto surge de la nada. Estados Unidos arrastra el mayor sistema carcelario del mundo, una historia de violencia policial racista, políticas migratorias punitivas y un presidencialismo hipertrofiado desde hace décadas. Pero el último año ha comprimido procesos que solían tardar generaciones. La velocidad es el método.
DEMOCRACIA DECORATIVA, AUTORITARISMO FUNCIONAL
Aun así, no todo ha sido arrasado. La sociedad civil resiste. Abogadas y abogados han litigado; vecinas y vecinos se han organizado para proteger a quienes son perseguidas; periodistas siguen informando. Pero el terreno se ha encogido. La ejecución de Good pesa sobre cada cálculo de quien se plantea salir a la calle.
Los medios independientes existen, pero debilitados. Antes incluso de las elecciones de 2024, grandes cabeceras limitaron la autonomía de sus editoriales. Después, ABC News y la matriz de CBS pagaron millones de dólares para cerrar demandas que parecían frívolas. Trump ha multiplicado las querellas, incluidas contra The New York Times y 20 miembros del jurado del Pulitzer. La presión judicial y la redistribución del acceso a la información —con la expulsión de medios críticos del Pentágono en octubre de 2025— han reconfigurado el ecosistema informativo. Menos preguntas, más propaganda.
Las elecciones siguen existiendo, pero su integridad está en cuestión. Desde 2025, el Ejecutivo ha promovido restricciones al voto, purgas de censos, recortes de competencias a autoridades electorales locales y un clima de intimidación. Florida persigue las campañas de registro; Ohio endurece la identificación; Georgia reduce horarios y prohíbe ofrecer agua o comida a quienes esperan horas para votar; Texas ha aprobado un mapa que amenaza con eliminar cinco escaños demócratas y desfranquiciar a votantes negros y latinos, con el aval del Tribunal Supremo para las legislativas de 2026. A esto se suma la amenaza presidencial de desplegar al ejército contra el “enemigo interno” y la promesa de cheques de 2.000 dólares “a final de año”. Menos libertad, más coacción.
Trump ha sido explícito sobre 2028: no piensa irse. Ha coqueteado con la idea de cancelar elecciones en contexto de guerra y ha preparado el terreno para deslegitimar resultados. Lo que se consolida es un régimen de “autoritarismo electoral”: urnas como decorado, poder como destino.
Nombrar la realidad importa. No podemos confiar en elecciones que pueden no ser libres, ni en derechos que pueden evaporarse mañana. Quienes han vivido el cierre progresivo del espacio público saben cómo funciona: primero se limita la protesta, luego la palabra, después el silencio se castiga. El espacio de la libertad se reduce si no se ocupa.
O se llena ahora lo que queda de espacio cívico, o mañana ya no habrá espacio que defender.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…