Un año de Trump que ha pesado como diez 

Normalizar lo intolerable es el primer triunfo del autoritarismo

A un año exacto, 18 de enero, del inicio del segundo mandato de Donald Trump, Estados Unidos no vive una crisis puntual sino una mutación acelerada. Lo excepcional se ha convertido en rutina. Lo que antes provocaba alarma hoy apenas ocupa un titular. El país que decía legislar en nombre de la vida ha asumido la existencia de campos de detención para personas migrantes, redadas paramilitares y ejecuciones extrajudiciales en la vía pública como parte del paisaje informativo. Ese es el cambio más profundo: la anestesia colectiva.

En 2025, vídeos de detenciones de ICE recorrían las redes y activaban redes vecinales de alerta. En 2026, ni siquiera las detenciones más visibles generan seguimiento: quién fue liberada, quién deportado, quién sigue desaparecida. El borrado no es solo administrativo, es político. La desaparición se ha normalizado.

LA VIDA BAJO EL RÉGIMEN DE LA EXCEPCIÓN

El 7 de enero de 2026, en Minneapolis, una agente de ICE disparó tres veces a quemarropa contra Renee Good durante una protesta. La Casa Blanca, con Trump y el vicepresidente JD Vance al frente, avaló el relato de la “autodefensa” pese a la existencia de vídeo. Señalar la supuesta afiliación política de la víctima fue el mensaje real: protestar puede costarte la vida.

Desde Washington D. C. hasta Los Ángeles, Chicago, Portland, Memphis o Nueva Orleans, fuerzas militares y paramilitares patrullan barrios bajo el pretexto de la seguridad. En Minneapolis, el despliegue federal multiplica por cinco el tamaño del cuerpo policial local. El lenguaje bélico ha colonizado la gestión urbana. Para quien mira desde fuera, el país parece al borde de un conflicto civil; para quien vive dentro, la lista de ciudades militarizadas ya no se actualiza.

La ofensiva no se limita a las calles. Universidades y centros de investigación han visto recortes presupuestarios, cancelaciones de proyectos y reversiones de avances científicos anunciadas por decreto. Museos y espacios culturales han sido atacados en nombre de una guerra cultural permanente. Empobrecer el conocimiento es una política pública.

En política exterior, la deriva es igual de clara. Bombardeos periódicos, operaciones extraterritoriales, asesinatos selectivos y desprecio por el derecho internacional forman parte del guion. La ambición imperial se exhibe sin complejos, también frente a aliados. La fuerza sustituye a la ley.

Nada de esto surge de la nada. Estados Unidos arrastra el mayor sistema carcelario del mundo, una historia de violencia policial racista, políticas migratorias punitivas y un presidencialismo hipertrofiado desde hace décadas. Pero el último año ha comprimido procesos que solían tardar generaciones. La velocidad es el método.

DEMOCRACIA DECORATIVA, AUTORITARISMO FUNCIONAL

Aun así, no todo ha sido arrasado. La sociedad civil resiste. Abogadas y abogados han litigado; vecinas y vecinos se han organizado para proteger a quienes son perseguidas; periodistas siguen informando. Pero el terreno se ha encogido. La ejecución de Good pesa sobre cada cálculo de quien se plantea salir a la calle.

Los medios independientes existen, pero debilitados. Antes incluso de las elecciones de 2024, grandes cabeceras limitaron la autonomía de sus editoriales. Después, ABC News y la matriz de CBS pagaron millones de dólares para cerrar demandas que parecían frívolas. Trump ha multiplicado las querellas, incluidas contra The New York Times y 20 miembros del jurado del Pulitzer. La presión judicial y la redistribución del acceso a la información —con la expulsión de medios críticos del Pentágono en octubre de 2025— han reconfigurado el ecosistema informativo. Menos preguntas, más propaganda.

Las elecciones siguen existiendo, pero su integridad está en cuestión. Desde 2025, el Ejecutivo ha promovido restricciones al voto, purgas de censos, recortes de competencias a autoridades electorales locales y un clima de intimidación. Florida persigue las campañas de registro; Ohio endurece la identificación; Georgia reduce horarios y prohíbe ofrecer agua o comida a quienes esperan horas para votar; Texas ha aprobado un mapa que amenaza con eliminar cinco escaños demócratas y desfranquiciar a votantes negros y latinos, con el aval del Tribunal Supremo para las legislativas de 2026. A esto se suma la amenaza presidencial de desplegar al ejército contra el “enemigo interno” y la promesa de cheques de 2.000 dólares “a final de año”. Menos libertad, más coacción.

Trump ha sido explícito sobre 2028: no piensa irse. Ha coqueteado con la idea de cancelar elecciones en contexto de guerra y ha preparado el terreno para deslegitimar resultados. Lo que se consolida es un régimen de “autoritarismo electoral”: urnas como decorado, poder como destino.

Nombrar la realidad importa. No podemos confiar en elecciones que pueden no ser libres, ni en derechos que pueden evaporarse mañana. Quienes han vivido el cierre progresivo del espacio público saben cómo funciona: primero se limita la protesta, luego la palabra, después el silencio se castiga. El espacio de la libertad se reduce si no se ocupa.

O se llena ahora lo que queda de espacio cívico, o mañana ya no habrá espacio que defender.