Un grupo de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro asaltó el domingo las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema en Brasil.
Miles de manifestantes, seguidores de Jair Bolsonaro, que pedían un golpe militar para derrocar al reciente presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lograron superar la barrera policial y entrar en el Congreso, donde vandalizaron salas y enfrentaron a los agentes.
Los extremistas de ultraderecha también invadieron el Palacio presidencial y la Corte Suprema, destruyendo muebles y propiedad.
Ante la débil reacción de la policía local, Lula da Silva anunció la intervención federal para contener el asalto y destituyó al máximo responsable de seguridad del territorio. El presidente prometió que los «vándalos fascistas» serían «encontrados» y «castigados».
«Vamos a descubrir a los financiadores» que «destruyeron todo lo que encontraron a su paso», resaltó Lula, quien denunció fallos de seguridad por parte del Gobierno del Distrito Federal de Brasilia.
«La democracia garantiza el derecho de la libertad de expresión», pero «exige que las personas respeten las instituciones», prosiguió Lula, quien lleva poco más de una semana al cargo, después de jurar cargo como jefe de Estado de Brasil el pasado 1 de enero.
Por su parte, el expresidente Jair Bolsonaro ha negado su responsabilidad al respecto, haciendo hincapié en que él «siempre» ha cumplido con la Constitución, «respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y la sagrada libertad».
«Además, repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del Ejecutivo de «Además, repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del Ejecutivo de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva)», ha escrito en Twitter.
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