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Convertir la solidaridad en delito: así gobierna quien confunde la educación con un campo de propaganda.
LA CENSURA EN LAS AULAS
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido que la bandera palestina es más peligrosa que la muerte de 65.000 personas en menos de dos años. No es exageración, es dato. Desde la semana pasada, varios centros educativos madrileños han recibido llamadas de la inspección para que retiren toda simbología relacionada con Gaza. Ni una pancarta, ni un mural, ni un gesto de solidaridad. Una prohibición verbal, transmitida por inspectores, que convierte en clandestino un acto tan básico como enseñar a los alumnos y alumnas que la vida humana vale lo mismo en cualquier parte del planeta.
La hipocresía es obscena. Porque en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, la misma administración no solo permitió, sino que fomentó que los colegios se volcaran en campañas de apoyo. Murales de colores, colectas de alimentos en 1.580 centros educativos, visitas oficiales para fotografiarse entre cajas de ayuda humanitaria. Ayuso declaró entonces que “Ucrania nos necesita” y colocó a niños de siete años a pintar consignas contra la guerra. Ahora, cuando se trata de Palestina, la orden es callar.
La contradicción no es torpeza, es estrategia. El Gobierno madrileño sabe que la guerra en Ucrania encajaba con la narrativa occidental de buenos y malos. La de Gaza, reconocida por la ONU como genocidio, incomoda porque cuestiona a un aliado. La educación “apolítica” de Ayuso significa educar en obediencia, no en pensamiento crítico. Significa que el alumnado aprenda que unas vidas merecen ser lloradas y otras borradas del mapa.
LA EDUCACIÓN SECUESTRADA
El colectivo Marea Palestina —docentes que se niegan a mirar hacia otro lado— ha anunciado medidas legales contra la Comunidad de Madrid. Alegan violación de la libertad de cátedra y de la autonomía de los centros. No se trata solo de banderas: se trata de impedir que profesoras y profesores hablen del genocidio, del apartheid, de los más de 20.000 niños y niñas palestinos asesinados. Como recordó la federación de asociaciones de familias Giner de los Ríos, el 30% de las víctimas son menores. Veinte mil bicicletas vacías, veinte mil mochilas sin dueño.
La Consejería de Educación se defiende con un truco retórico: dice que no hay “instrucciones generales”, solo recordatorios a los centros de que deben ser “apolíticos”. Pero las llamadas existen, las presiones son reales y el miedo cala. Se trata de una censura blanda, disfrazada de neutralidad, pero con consecuencias muy concretas: silenciar a docentes y familias que durante meses han realizado actos pacíficos de apoyo en colegios e institutos.
Que la embajada israelí haya presionado a asociaciones de madres y padres añade otra capa a esta vergüenza. La política exterior de un Estado extranjero entrando en las aulas madrileñas para dictar qué se puede decir y qué no. Y Ayuso obedeciendo.
La educación pública debería ser el lugar donde se aprende que todos los pueblos tienen derecho a vivir en paz. Donde se enseña que el sufrimiento de una niña en Gaza no pesa menos que el de un niño en Kiev. Donde se protege el derecho a la memoria de los pueblos masacrados. Lo que hace la Comunidad de Madrid es lo contrario: convertir la solidaridad en delito y la indiferencia en deber escolar.
El resultado es claro. Si en 2022 se enseñaba a los alumnos a empatizar con Ucrania, en 2025 se les enseña a callar frente a Palestina. Un doble rasero que no educa, sino que adoctrina. Y todo bajo el pretexto de proteger a los niños de la política, cuando en realidad lo que se les impone es la política más brutal: la del silencio cómplice ante un genocidio.
La maldad gobierna cuando se obliga a un niño a olvidar a otro niño asesinado.
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