Trump deja atrás a más de 145.000 niños estadounidenses 

La maquinaria migratoria de Estados Unidos ya no deporta solo personas: está rompiendo familias enteras mientras normaliza el miedo infantil como política de Estado

Donald Trump volvió a la Casa Blanca el 20 de enero prometiendo la mayor operación de deportaciones de la historia reciente de Estados Unidos. Lo que ya está ocurriendo supera incluso esa retórica de campaña. Según un informe de la Brookings Institution, más de 145.000 niños y niñas con ciudadanía estadounidense han sufrido la detención de al menos uno de sus progenitores desde el regreso de Trump al poder. Y más de 22.000 menores han visto cómo ambos padres eran arrestados.

No estamos hablando de “control fronterizo”. Tampoco de una cuestión administrativa. Hablamos de menores que salen del colegio sin saber si van a volver a ver a su madre. Niños y niñas que llegan a casa y descubren que su padre ha desaparecido. Familias obligadas a preparar planes de emergencia como quien vive bajo amenaza de guerra o de persecución política permanente.

Y todo esto ocurre mientras buena parte del establishment estadounidense sigue hablando de inmigración como si fuese únicamente un problema estadístico.

EL NEGOCIO DEL MIEDO Y LA CAZA MIGRATORIA

Las cifras son brutales. El informe calcula que cerca de 400.000 personas migrantes han sido trasladadas a centros de detención del ICE desde enero y unas 60.000 permanecen actualmente detenidas. La maquinaria migratoria estadounidense funciona hoy como una industria del encierro masivo. Una industria multimillonaria, además.

Porque detrás de cada redada hay contratos privados. Empresas que gestionan centros de detención. Constructoras. Servicios de vigilancia. Tecnología de reconocimiento facial. Transporte. Alimentación. Seguridad. El capitalismo estadounidense lleva décadas convirtiendo el castigo en mercado. Ya lo hizo con las cárceles. Ahora lo hace con las personas migrantes.

La nacionalidad más golpeada por esta política es la mexicana: 53,7 % de los padres y madres detenidos proceden de México. Después aparecen Guatemala (15 %) y Honduras (10,7 %). No es casualidad. Son países profundamente atravesados por décadas de intervenciones económicas, violencia estructural y dependencia provocada también por las políticas exteriores y comerciales de Washington.

Primero saquean territorios. Luego criminalizan a quienes huyen de las consecuencias.

El informe revela también otro dato escalofriante: el 36,5 % de los menores afectados tiene menos de seis años. Niños y niñas extremadamente pequeños enfrentándose a separaciones traumáticas que múltiples estudios psicológicos llevan años asociando con ansiedad crónica, estrés postraumático, depresión y daños emocionales duraderos.

Pero el trumpismo necesita precisamente eso. El miedo visible. El castigo ejemplarizante. La política convertida en amenaza pública.

Porque estas redadas no solo buscan expulsar migrantes. Buscan enviar un mensaje. Que nadie se sienta seguro. Que cualquier llamada al timbre pueda convertirse en una detención. Que millones de personas vivan con la sensación permanente de estar perseguidas.

NIÑOS ESTADOUNIDENSES TRATADOS COMO DAÑOS COLATERALES

Hay algo todavía más obsceno en toda esta historia: la mayoría de esos menores son ciudadanos estadounidenses. Han nacido allí. Tienen pasaporte estadounidense. Legalmente pertenecen al país que ahora destruye sus familias.

Da igual.

El informe de Brookings admite que ni siquiera existen datos fiables sobre qué ocurre con muchos de estos niños después de las detenciones. El propio sistema reconoce que pierde el rastro de menores separados de sus padres. Y aun así continúa.

Eso debería provocar una crisis política gigantesca. No la provoca porque buena parte del debate migratorio en Estados Unidos se ha deshumanizado hasta niveles peligrosos. Los medios hablan de cifras. De “ilegales”. De cuotas. De deportaciones récord. Mucho menos de niños durmiendo con familiares improvisados o entrando en sistemas de acogida saturados porque sus padres desaparecieron en una redada.

El estudio estima además que el riesgo real es muchísimo mayor. Brookings calcula que hay aproximadamente 13 millones de personas adultas indocumentadas o con estatus irregular viviendo en Estados Unidos. Entre sus familias hay más de 4,6 millones de niños y niñas estadounidenses con al menos un progenitor en riesgo de deportación. Y casi 2,5 millones podrían perder a ambos padres.

Eso no es una anomalía administrativa. Es una bomba social de dimensiones históricas.

Mientras tanto, el Gobierno recomienda a las familias migrantes que preparen “planes de contingencia” para decidir quién cuidará de sus hijos cuando sean detenidas. La escena es grotesca. El Estado genera el trauma y después reparte folletos para gestionarlo.

Como si la separación familiar fuese un fenómeno meteorológico inevitable y no una decisión política deliberada.

La extrema derecha estadounidense lleva años construyendo una narrativa donde las personas migrantes son tratadas como amenaza cultural, económica y racial. Trump simplemente ha llevado esa lógica hasta su consecuencia natural: convertir el sufrimiento infantil en instrumento de propaganda electoral.

Porque las imágenes de redadas venden votos. El castigo vende votos. La humillación pública vende votos.

Y mientras tanto, miles de niños y niñas aprenden demasiado pronto que en la primera potencia mundial sus derechos valen menos que una campaña electoral basada en el odio.