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El escándalo de las muertes en las residencias madrileñas sigue sin respuesta. Más de cuatro años después, las familias aún buscan justicia mientras el gobierno madrileño se lava las manos. ¿Por qué la atención sanitaria se les negó a las personas mayores en plena pandemia?
RESIDENCIAS ABANDONADAS, SANIDAD INEXISTENTE
El sistema sanitario de Madrid falló estrepitosamente, y el desastre en las residencias fue una tragedia anunciada. Las enfermeras y enfermeros, médicos, personal de las residencias, y sobre todo, las y los mayores, fueron abandonados a su suerte. Los hospitales cerraron sus puertas a miles de personas vulnerables. Mientras tanto, la presidenta Ayuso promovía su «hospital milagro» en IFEMA, dejando sin atención a los ancianos más necesitados en residencias que no estaban preparadas para la pandemia.
El Gobierno de Ayuso no solo sabía lo que ocurría en esas residencias; lo permitió. Cada día, la Consejería de Políticas Sociales y Sanidad intercambiaba información detallada sobre la situación en los geriátricos: los positivos, las necesidades de personal, el material insuficiente, e incluso los fallecidos. Sin embargo, esta información no se tradujo en medidas efectivas para salvar vidas. La asistencia sanitaria nunca llegó.
El plan de medicalización de residencias nunca pasó del papel. Solo 29 médicos y 25 enfermeros fueron enviados para atender a 72 geriátricos, una proporción que rozaba el ridículo: un médico por cada 1.662 residentes. Al mismo tiempo, en IFEMA se destinaban más de 1.400 sanitarios, mientras que los hoteles medicalizados recibían a 351 profesionales. Los mayores quedaron relegados, discriminados.
NEGACIÓN SISTEMÁTICA DEL DERECHO A LA SALUD
Las muertes en las residencias de Madrid no fueron solo el resultado de la pandemia. Fueron el producto de decisiones conscientes y deliberadas que priorizaron unos recursos sobre otros, condenando a los más vulnerables. Los protocolos que evitaron la hospitalización de las personas mayores, conocidos como los «Protocolos de la Vergüenza», bloquearon la derivación a hospitales de personas con deterioro cognitivo o discapacidad. Una clara discriminación por razón de salud y edad.
El 13 de marzo de 2020, un día antes del estado de alarma, ya se estaban implementando estos criterios. Los geriatras de enlace actuaban como barrera entre las residencias y los hospitales, decidiendo, sin suficiente evaluación individual, quién tenía derecho a la vida y quién no. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, los hospitales rechazaban pacientes desde ese mismo día, a pesar de que la crisis sanitaria estaba lejos de su pico. En un acto de brutal insensibilidad, los ancianos más frágiles fueron descartados.
En muchos casos, como en la residencia Amavir de Alcorcón, se negó el traslado de ancianos con síntomas graves simplemente por criterios burocráticos. Este protocolo frío y calculador no solo causó muertes, sino que también prolongó el sufrimiento de quienes, con la atención médica adecuada, podrían haber sobrevivido.
Las derivaciones a los hospitales cayeron en picado. En residencias donde el virus golpeó con especial virulencia, como Ballesol Alcalá o Nuestra Señora del Carmen, los traslados a centros médicos fueron nulos o mínimos durante las dos primeras semanas de vigencia de estos protocolos. Más muertes, menos traslados: una relación directa y trágica.
LA SOMBRA DEL DELITO: DENEGACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA
La macrodenuncia presentada por más de 100 familias apunta a que lo que ocurrió en las residencias madrileñas no fue solo un fallo de gestión, sino un delito continuado de denegación de asistencia sanitaria. El gobierno madrileño tomó decisiones que, conscientemente, marginaron a los mayores y las personas con discapacidad. Lo que en teoría debían ser evaluaciones «individualizadas» para decidir sobre los traslados, en la práctica fueron criterios rígidos y discriminatorios que sellaron el destino de miles de personas.
La Fiscalía tendrá ahora la responsabilidad de investigar si estas decisiones constituyen un delito tipificado en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios. Pero la realidad ya es evidente: miles de ancianos fueron condenados a morir en soledad, privados de un derecho básico: la atención médica.
El gobierno de Ayuso ha defendido su gestión durante la crisis, asegurando que los Protocolos de la Vergüenza no impidieron derivar pacientes y que las residencias estaban capacitadas para gestionar la pandemia. Pero las nuevas pruebas que se han presentado demuestran lo contrario: la medicalización fue una farsa, los hospitales dejaron de recibir ancianos, y la prioridad fue mantener a los mayores fuera del sistema sanitario público.
Esta denuncia no solo busca justicia para las más de 7.000 personas que murieron sin ser trasladadas a un hospital. Busca responsabilizar a quienes, por acción u omisión, permitieron que esto ocurriera. Ayuso y su equipo sabían lo que estaba pasando. No hicieron nada. Y la negligencia no puede quedar impune.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.