Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
El escándalo de las muertes en las residencias madrileñas sigue sin respuesta. Más de cuatro años después, las familias aún buscan justicia mientras el gobierno madrileño se lava las manos. ¿Por qué la atención sanitaria se les negó a las personas mayores en plena pandemia?
RESIDENCIAS ABANDONADAS, SANIDAD INEXISTENTE
El sistema sanitario de Madrid falló estrepitosamente, y el desastre en las residencias fue una tragedia anunciada. Las enfermeras y enfermeros, médicos, personal de las residencias, y sobre todo, las y los mayores, fueron abandonados a su suerte. Los hospitales cerraron sus puertas a miles de personas vulnerables. Mientras tanto, la presidenta Ayuso promovía su «hospital milagro» en IFEMA, dejando sin atención a los ancianos más necesitados en residencias que no estaban preparadas para la pandemia.
El Gobierno de Ayuso no solo sabía lo que ocurría en esas residencias; lo permitió. Cada día, la Consejería de Políticas Sociales y Sanidad intercambiaba información detallada sobre la situación en los geriátricos: los positivos, las necesidades de personal, el material insuficiente, e incluso los fallecidos. Sin embargo, esta información no se tradujo en medidas efectivas para salvar vidas. La asistencia sanitaria nunca llegó.
El plan de medicalización de residencias nunca pasó del papel. Solo 29 médicos y 25 enfermeros fueron enviados para atender a 72 geriátricos, una proporción que rozaba el ridículo: un médico por cada 1.662 residentes. Al mismo tiempo, en IFEMA se destinaban más de 1.400 sanitarios, mientras que los hoteles medicalizados recibían a 351 profesionales. Los mayores quedaron relegados, discriminados.
NEGACIÓN SISTEMÁTICA DEL DERECHO A LA SALUD
Las muertes en las residencias de Madrid no fueron solo el resultado de la pandemia. Fueron el producto de decisiones conscientes y deliberadas que priorizaron unos recursos sobre otros, condenando a los más vulnerables. Los protocolos que evitaron la hospitalización de las personas mayores, conocidos como los «Protocolos de la Vergüenza», bloquearon la derivación a hospitales de personas con deterioro cognitivo o discapacidad. Una clara discriminación por razón de salud y edad.
El 13 de marzo de 2020, un día antes del estado de alarma, ya se estaban implementando estos criterios. Los geriatras de enlace actuaban como barrera entre las residencias y los hospitales, decidiendo, sin suficiente evaluación individual, quién tenía derecho a la vida y quién no. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, los hospitales rechazaban pacientes desde ese mismo día, a pesar de que la crisis sanitaria estaba lejos de su pico. En un acto de brutal insensibilidad, los ancianos más frágiles fueron descartados.
En muchos casos, como en la residencia Amavir de Alcorcón, se negó el traslado de ancianos con síntomas graves simplemente por criterios burocráticos. Este protocolo frío y calculador no solo causó muertes, sino que también prolongó el sufrimiento de quienes, con la atención médica adecuada, podrían haber sobrevivido.
Las derivaciones a los hospitales cayeron en picado. En residencias donde el virus golpeó con especial virulencia, como Ballesol Alcalá o Nuestra Señora del Carmen, los traslados a centros médicos fueron nulos o mínimos durante las dos primeras semanas de vigencia de estos protocolos. Más muertes, menos traslados: una relación directa y trágica.
LA SOMBRA DEL DELITO: DENEGACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA
La macrodenuncia presentada por más de 100 familias apunta a que lo que ocurrió en las residencias madrileñas no fue solo un fallo de gestión, sino un delito continuado de denegación de asistencia sanitaria. El gobierno madrileño tomó decisiones que, conscientemente, marginaron a los mayores y las personas con discapacidad. Lo que en teoría debían ser evaluaciones «individualizadas» para decidir sobre los traslados, en la práctica fueron criterios rígidos y discriminatorios que sellaron el destino de miles de personas.
La Fiscalía tendrá ahora la responsabilidad de investigar si estas decisiones constituyen un delito tipificado en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios. Pero la realidad ya es evidente: miles de ancianos fueron condenados a morir en soledad, privados de un derecho básico: la atención médica.
El gobierno de Ayuso ha defendido su gestión durante la crisis, asegurando que los Protocolos de la Vergüenza no impidieron derivar pacientes y que las residencias estaban capacitadas para gestionar la pandemia. Pero las nuevas pruebas que se han presentado demuestran lo contrario: la medicalización fue una farsa, los hospitales dejaron de recibir ancianos, y la prioridad fue mantener a los mayores fuera del sistema sanitario público.
Esta denuncia no solo busca justicia para las más de 7.000 personas que murieron sin ser trasladadas a un hospital. Busca responsabilizar a quienes, por acción u omisión, permitieron que esto ocurriera. Ayuso y su equipo sabían lo que estaba pasando. No hicieron nada. Y la negligencia no puede quedar impune.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Xbox despide a 3.200 personas: el riesgo era de los jefes, la factura es de la plantilla
Xbox acaba de confirmar la mayor reestructuración de su historia. El 6 de julio, Asha Sharma comunicó a la plantilla que la división reducirá aproximadamente 3.200 puestos durante el año fiscal 2027, con 1.600 despidos inmediatos y cuatro estudios saliendo de Xbox hacia nueva gestión. Microsoft, en paralelo, recorta unos 4.800 empleos en total, alrededor del 2% de su plantilla global. No es una anécdota. Es una purga empresarial envuelta en lenguaje de consultora.
La frase oficial es casi una confesión: “nuestro negocio hoy no es saludable”. La dirección reconoce márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de negocios comparables, una base instalada menor, costes más altos y una apuesta por Game Pass, el modelo multiplataforma y una cartera más amplia de contenidos que “no creció al ritmo esperado”. Dicho sin barniz corporativo: los jefes imaginaron una máquina de crecimiento infinito, compraron estudios, multiplicaron equipos, alargaron inversiones y ahora explican que se equivocaron. Pero quienes salen por la puerta no son quienes vendieron la fantasía. Son trabajadoras y trabajadores que hicieron exactamente lo que les dijeron.
Sony quiere matar el disco: juegos digitales para ricos y propiedad de mentira
Sony ya ha puesto fecha al entierro del formato físico. En su propia web de PlayStation avisa de que, desde enero de 2028, los nuevos juegos lanzados para PlayStation se podrán comprar en PlayStation Store y en tiendas, pero solo en formato digital. Los discos de juegos publicados antes de esa fecha seguirán funcionando, sí. Ese matiz importa. Pero el camino está marcado: el futuro que Sony quiere vender no cabe en una estantería, cabe en una cuenta, en una contraseña, en un servidor y en unas condiciones de uso que casi nadie lee porque están escritas precisamente para que casi nadie las lea.
La compañía lo presenta como adaptación al consumo. Reuters informó el 1 de julio de que Sony dejará de producir discos físicos para los nuevos lanzamientos de PlayStation desde enero de 2028, en un giro que llega después de que cerca del 80% de sus ventas completas de juegos en el año fiscal 2025 fueran digitales. La cifra parece aplastante. Lo digital ya domina. Pero una cosa es que millones de personas compren digital porque es cómodo, porque hay rebajas puntuales o porque las empresas empujan el mercado hacia ahí; otra muy distinta es convertir esa tendencia en una jaula.
Organizaciones sociales señalan a Indra por engordar con el negocio de la guerra
La campaña Desarmando Indra llevó el 30 de junio a la Junta General de Accionistas una denuncia incómoda: la empresa crece mientras crecen el rearme, las fronteras militarizadas y el genocidio contra el pueblo palestino. INDRA, BENEFICIOS Y ARMAS: EL NEGOCIO QUE SIEMPRE ENCUENTRA PRESUPUESTO…
Vídeo | Dignidad contra la FIFA: el vídeo que desmonta el antirracismo de escaparate ya supera el millón de reproducciones
Nuestro vídeo sobre el gesto de Hossam Hassan contra el racismo ya supera más de 1 millón de reproducciones en apenas unas horas en nuestras redes. Y no es casualidad. La escena resume, en pocos segundos, una de las grandes hipocresías del fútbol global: la FIFA puede inventar símbolos, campañas y protocolos contra el racismo, pero cuando alguien los usa para denunciar una situación incómoda, el sistema mira hacia otro lado.
Vídeo | Votar al lobo: cuando la clase trabajadora compra el discurso de quienes la quieren más débil
Es el gran éxito político de la derecha: lograr que parte de la clase trabajadora mire hacia abajo con rabia y hacia arriba con obediencia. Que se enfade más con quien cobra una ayuda que con quien especula con su vivienda. Que sospeche más de una baja médica que de los beneficios empresariales. Que crea que pedir derechos es ser vago, pero acumular millones es mérito.
Nuestro vídeo lo resume sin anestesia: votar al lobo tiene consecuencias. No para los de arriba, que siempre tienen salida. Las consecuencias las pagan quienes dependen de un salario, de una sanidad pública, de una pensión, de un convenio, de una baja, de una vivienda digna.
Porque la política no es una camiseta de fútbol. No se vota para quedar bien con el jefe, ni para parecer más “moderado”, ni para repetir lo que dice la tertulia de la mañana. Se vota sabiendo de qué lado cae cada medida cuando llega la factura.
Si trabajas para vivir, no votes a quienes gobiernan para que otros vivan de tu trabajo.