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Un tribunal alemán condenó el viernes a una mujer neonazi a seis años de prisión por planear atentados terroristas contra políticos, mezquitas y ONG pro-refugiados en el país.
La Agencia Anadolu ha informado que el Tribunal Regional Superior de Múnich declaró a Susanne G. «culpable de intento de perturbación de la paz pública y de preparación de graves actos de violencia en el país mediante la adquisición de material para construir bombas».
La ultraderechista, de 55 años, había enviado en los últimos años cartas anónimas con amenazas a políticos locales, organizaciones turco-musulmanas y ONGs pro-refugiados en la ciudad sureña de Nuremberg, según los documentos del tribunal.
Cinco de estas cartas, informa Monitor de Oriente, contenían balas y amenazaban de muerte a los destinatarios.
La mujer neonazi era conocida por la policía como extremista de derechas antes de su detención en septiembre de 2020, y ha sido seguidora del movimiento El Tercer Sendero, informaron los medios locales.
Bolsonaro se reúne con una neonazi alemana
Mientras, Jair Bolsonaro, ha salido a justificar su encuentro con una neonazi alemana.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, salió a justificar su encuentro del último lunes con la diputada alemana, Beatrix von Storch, dirigente del partido neonazi Alternativa por Alemania, cuya visita fue criticada por entidades de la colectividad israelita.
La congresista es nieta de Graf Schwerin von Krosigk, quien fue ministro de finanzas de Adolf Hitler durante más de una década y, tras la muerte de éste, ocupó el cargo de canciller alemán por menos de un mes antes de la caída del Tercer Reich en 1945.
«La semana pasada un diputado chileno y una diputada alemana estuvieron visitando la Presidencia, los traté bien, conversé, luego sale que la diputada alemana es nieta de un exministro de Hitler», comentó como desentendido el mandatario ante un grupo de simpatizantes, según reportó la agencia ANSA, citada por Télam.
«La prensa me reventó», dijo Bolsonaro sobre el encuentro con Beatrix von Storch y su marido, Sven von Storch, en el Palacio del Planalto, la sede del gobierno en Brasilia.
A continuación el presidente preguntó, demostrando cierta contrariedad, «¿entonces yo no puedo recibir a esa diputada? Ella fue electa democráticamente en Alemania», como candidata del partido Alternativa por Alemania. «Si yo fuera a ver la ficha de cada uno que quiere ser atendido (por mí) voy a demorar horas para atenderlo», aseveró.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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