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Tomás Díaz Ayuso trabaja en la empresa de eficiencia energética Artesolar Iluminación SA vinculada a Arteconfort Hotel SL a las que se adjudicaron contratos por valor de 70.000 euros y 150.000 euros, respectivamente, siendo Ayuso ya presidenta de la Comunidad de Madrid
El 1 de abril de 2020 la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato a la empresa madrileña Priviet Sportive S.L. para el suministro de 250.000 mascarillas por un importe de 1.512.500 euros que irían destinadas al pabellón 10 de IFEMA. Distintos medios vinculan al presidente de esta empresa, Daniel Alcázar Barranco, con un hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso.
La propia Ayuso ha confirmado que su hermano «tuvo relación comercial» con esa empresa, sin embargo, niega que ella tuviese nada que ver con la adjudicación del contrato público realizado «a dedo», y de la que tuvo conocimiento meses después, según ha explicado en un comunicado ofrecido a la prensa este jueves después de que se publicara que se trató de encargar a un despacho de detectives investigar a su hermano para intentar acreditar su mediación en el contrato.
«Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal. Que todo está regulado ante Hacienda y declarado. De esta operación me enteré en Génova. Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno», ha señalado la presidenta madrileña.
Ayuso ha explicado que pese a que el contrato se adjudicó en abril de 2020 se enteró del mismo en una reunión con Pablo Casado «para hablar de la situación del partido y del congreso» en septiembre de 2021. «Para mi sorpresa me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dosier se lo habían filtrado desde La Moncloa».
«Mi hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que yo entrara en política, pero nunca le he ayudado a conseguir absolutamente nada en su vida laboral», ha asegurado la presidenta madrileña.
Sin embargo, a pesar de que la presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en que ni su Gobierno ni ella han intervenido para adjudicar ni ese, ni ningún otro contrato a nadie de su entorno, el diario Público informa de que a través del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid se puede seguir el rastro de otras adjudicaciones que salpican de lleno al hermano de Ayuso.
Artesolar Iluminación SA
Tomás Díaz Ayuso aparece vinculado en Linkedln al sector de la eficiencia energética y consta que desde mayo de 2016 hasta la actualidad está trabajando en la empresa Artesolar Iluminación SA, casualmente una sociedad que también ha recibido contratos de la Comunidad de Madrid, en total 18 contratos directos fuera de los concursos públicos.
Según ha podido comprobar Público, entre esos contratos se encuentran desde el suministro en 2018 de proyectores y lámparas Led para el Canal de Isabel II, cuando Ayuso aún era viceconsejera de Presidencia, hasta diversos servicios de iluminación del Hospital Ramón y Cajal en 2019 y 2020. Diez de los contratos, cuyo importe alcanza los 70.000 euros, fueron otorgados siendo ya Ayuso presidenta.
Arteconfort Hotel SL
Al frente de Artesolar Iluminación SA se encuentra el empresario chino Shengli Chen quien también forma parte de la empresa Arteconfort Hotel SL, dedicada al comercio al por mayor no especializado y que también aparece como proveedora de la Comunidad de Madrid.
En julio de 2020 se adjudicó a esta empresa por el procedimiento de emergencia un contrato para el suministro de mascarillas quirúrgicas para el Hospital Universitario La Paz por un importe de 150.000 euros.
Tanto el PSOE como el resto de grupos de la Izquierda en la Asamblea de Madrid han registrado la petición para una comisión de investigación para analizar las posibles irregularidades en los contratos celebrados mediante la tramitación de emergencia y relacionados con la covid-19.
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Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
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