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El juez que instruye el ‘caso Villarejo’ atribuyó la misma responsabilidad penal al BBVA y al Santander por no haber funcionado los mecanismos de control
Tal y como asegura El Confidencial este miércoles, el Banco Santander habría puesto su infraestructura para ayudar a blanquear y evadir fondos a clientes españoles de la entidad suiza HSBC.
Según el medio, los técnicos del Banco de España, que actúan como peritos del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, emitieron un informe el 24 de julio y ratificaron las acusaciones vertidas contra la entidad hasta en siete periciales previas.
En su último informe de mediados de noviembre, señalan que el Santander colaboró en el blanqueo y la evasión de capitales de decenas de españoles en Suiza. Desde 2017, siete directivos de Banco Santander y tres de BNP Paribas están imputados por un delito continuado de blanqueo de capitales, cometido presuntamente al no detectar que el HSBC estaba ‘lavando’ fondos de origen ilícito a través de dichas entidades bancarias.
El HSBC recurrió en España, a través tanto en Santander Investments como en BNP en España, a las cuentas «ómnibus» o cuentas globales, en las que el propietario real de los valores es desconocido, pero gracias a la famosa ‘Lista Falciani’ la Justicia pudo determinar quiénes eran los propietarios reales de esas cuentas globales.
Tal y como informa El Confidencial, solo entre 2005 y 2008, se produjeron 1.070 operaciones entre Santander y HSBC Suiza por un importe total de 73,9 millones de euros, para hacer pagos en España a clientes de otros bancos, de los que 13,4 millones eran de personas denunciadas por delito fiscal.
Santander Investment utilizó una operativa similar y canalizó operaciones de compraventa de valores por valor de 441 millones, de los que 282 millones correspondieron a personas denunciadas por fraude fiscal.
El Santander defiende que siempre cumplió a rajatabla las reglas internacionales
La investigación sobre blanqueo de capitales aboca a la imputación como persona jurídica del Santander, aunque la entidad confía en que el caso sea sobreseído porque, según ha defendido, siempre cumplió a rajatabla las reglas internacionales, señaló que el HSBC no era un banco sospechoso hasta el estallido del escándalo de Falciani y dijo que su papel era solamente el de banco corresponsal.
El esposo de la ex directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude sería el cabecilla de la trama Charisma
El cabecilla de la bautizada como trama Charisma sería Alejandro Pérez Calzada, esposo de la ex directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) Margarita García-Valdecasas.
Según El Confidencial, los imputados en la causa hasta ahora son: el ex secretario general y del consejo de administración del Santander Ignacio Benjumea y los directivos José Manuel Araluce, Carlos Infesta, Carlos Fernández, Jesús Álvarez, Jesús Rivero y Marta Mora.
Fuentes jurídicas consultadas por El Independiente consideran que la entidad financiera que preside Ana Patricia Botín será «necesariamente» imputada en este procedimiento como persona jurídica, como pasó con el BBVA, al que el juez que instruye el ‘caso Villarejo’ atribuyó la misma responsabilidad penal por no haber funcionado los mecanismos de control.
Según el código Penal, el blanqueo de capitales es uno de los delitos para los que está prevista la responsabilidad de la persona jurídica tanto si los representantes legales o personas autorizadas a tomar decisiones delinquen «en nombre o por cuenta» de aquella o cuando la comisión del delito la llevan a cabo empleados y no han ejercido los administradores los «deberes de supervisión, vigilancia y control» necesarios.
Del mismo modo, el delito cometido debe reportar a la entidad algún tipo de beneficio «directo o indirecto» y se debe probar que dicho ilícito «se debe a la concurrencia de un delito corporativo por un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica».
Manuel García-Castellón, llamó al procedimiento al BBVA en calidad de investigado como persona jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción de los negocios, una condición que la entidad mantiene en la actualidad.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
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El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.