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Podemos exige, con el respaldo de sus bases, una ruptura con Israel y una drástica reducción de alquileres para apoyar los presupuestos.
¿Es posible sostener la política estatal mientras se mantienen relaciones con regímenes que vulneran los derechos humanos y una economía donde el derecho a la vivienda sigue siendo privilegio?
ROMPER CON ISRAEL: UNA CONDICIÓN IMPERATIVA
Con una votación abrumadora del 89,8%, las bases de Podemos respaldan la demanda de cortar lazos con el Estado de Israel. Podemos exige que España se desvincule de un país marcado por las violaciones de derechos humanos y por el asedio constante a Gaza, una situación que organizaciones internacionales han calificado como «apartheid». Esta medida radical, que incluye un embargo completo de armas y la prohibición de cualquier intercambio comercial relacionado con el ejército israelí, marca un hito en la política exterior de España, en un contexto donde la defensa de los derechos humanos debería ser una prioridad indiscutible.
Desde la perspectiva de Podemos, mantener relaciones diplomáticas y comerciales con Israel significa ignorar el sufrimiento de millones de palestinos y palestinas. Cerrar los ojos ante la opresión y seguir siendo cómplice de este régimen representa una traición a los valores democráticos y de justicia social que tanto proclaman nuestros líderes políticos. No se puede justificar el silencio ni la complicidad a cambio de beneficios comerciales o diplomáticos. Es momento de que España demuestre que sus principios van más allá de la retórica.
La postura de Podemos no es solo una demanda ideológica; es una llamada a la coherencia política. La defensa de los derechos humanos no puede tener excepciones. Cuando desde la dirección del partido se habla de un “embargo total” al armamento, se apunta a un problema central: España no puede hablar de paz y justicia mientras financia la violencia con su silencio y sus acuerdos comerciales. La ruptura con Israel va más allá de una política exterior coherente; es un acto de solidaridad internacional hacia quienes resisten una ocupación violenta y discriminatoria.
EL PRECIO DEL ALQUILER: UN ASALTO A LA VIDA DIGNA
La segunda gran exigencia de Podemos se centra en el alquiler, un ámbito donde el neoliberalismo ha convertido el acceso a la vivienda en un privilegio. Exigen una reducción del 40% en el precio del alquiler como una medida de supervivencia, no como un lujo. La situación actual es insostenible para miles de personas jóvenes, familias y mayores, quienes dedican una gran parte de sus ingresos a rentas abusivas. Es necesario intervenir en un mercado que, sin regulación, solo favorece a quienes especulan.
Este planteamiento, avalado por las bases, busca poner fin a los abusos de fondos de inversión y particulares que ven en la vivienda un negocio sin restricciones. La propuesta de Podemos incluye, además, el desmantelamiento de grupos como Desokupa, cuya existencia desafía el derecho a la vivienda y la seguridad de las personas. Es hora de que la vivienda deje de ser un negocio para convertirse en un derecho humano inviolable. Para Podemos, la especulación en el mercado de la vivienda es uno de los cánceres de la economía y una fuente de precariedad y desigualdad.
Desde el gobierno y sectores empresariales, se ha criticado la reducción obligatoria de los precios, tildándola de «populismo». Pero, ¿es populista exigir el derecho a una vida digna y libre de explotación? Los grandes propietarios y fondos se oponen a cualquier cambio porque prefieren mantener un sistema que les enriquece a costa de la precariedad de las y los inquilinos. Según el Instituto Nacional de Estadística, más del 40% de las personas inquilinas destinan la mitad de sus ingresos a pagar alquileres que, año tras año, aumentan en porcentajes alarmantes.
La demanda de Podemos también incluye una restricción a la compra de propiedades para no residentes, otro factor que ha inflado los precios y expulsado a los habitantes locales de sus barrios. El mercado inmobiliario español ha caído en manos de quienes compran sin intención de vivir en el país, solo para engrosar sus carteras y dejarnos un paisaje de ciudades cada vez más inhabitables. La vivienda es para vivir, no para acumular ganancias.
Los y las habitantes de las ciudades más grandes, como Madrid y Barcelona, han visto cómo el acceso a la vivienda se convierte en un lujo solo al alcance de pocos. No se puede seguir ignorando una realidad que ahoga a tantas personas, ni justificando la especulación como un “mal necesario” del mercado libre. La propuesta de Podemos va más allá de una simple medida de intervención; es una apuesta por un cambio estructural, donde la economía esté al servicio de la gente, y no de las élites empresariales.
Hoy, las y los políticos que se oponen a esta intervención en los precios del alquiler deberían preguntarse: ¿Qué defienden realmente?
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