La Fiscalía señala en su escrito que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española, a través de diversas sociedades y pide para él más de 60 años de prisión por diferentes delitos.
La Fiscalía acusa a Rodrigo Rato de 11 delitos contra la Hacienda Pública, así como de un delito de blanqueo de capitales, un delito de insolvencia punible, un delito de corrupción en los negocios y un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil.
En un escrito fechado este martes, Anticorrupción solicita penas de prisión por los 11 delitos fiscales un total de 53 años de cárcel distribuidos de la siguiente forma: un total de cinco de ellos castigados con penas de 4 años de cárcel, tres con 5 años y otros tres con 6; además de las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la Administración tributaria por las cantidades defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales indicados. Una suma que superaría los 60 años de prisión.
En su escrito, la Fiscalía señala que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española, a través de diversas sociedades, entre ellas, la irlandesa Red Rose Investment, las panameñas Red Rose Finantial y Wescastle Corporation y la británica Vivaway Limited. Utilizando tales entidades, Rato habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido hechos imponibles desde el año 2005 hasta el año 2015.
El escrito de acusación del Fiscal describe la colaboración particularmente relevante que en tales operaciones habrían tenido Santiago Alarcó Canosa, excuñado de Rato, y el asesor fiscal Domingo Plazas Ruiz, el primero manejando sus cuentas en el extranjero y gestionando estructuras societarias que servían a los intereses de RATO y el segundo administrando la sociedad española Kradonara, filial de Vivaway Limited y organizando la repatriación de parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus tituladas por el trust gibraltareño Finsbury.
Según la Fiscalía, la documentación intervenida en el domicilio de Rato y en la sede de sus empresas en Madrid, ha permitido conocer que el exministro ha titulado también cuentas en Estados Unidos y Suiza desconocidas para el Fisco español, que ha operado a través de cuentas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y que se ha servido, presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades opacas.
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