Quiles saca las uñas 

Un agitador ultra amenazando a prensa crítica, financiado con dinero público y protegido por la derecha que dice defender la libertad de expresión.

UN ULTRA SUBIDO A LOS HOMBROS DEL PODER

La escena se repite como un patrón conocido. Sale una investigación periodística que incomoda al poder político (al poder económico que lo sostiene) y aparece Vito Quiles para ejercer de ariete, para intimidar, para lanzar advertencias que recuerdan más a un matón de discoteca que a alguien mínimamente vinculado al periodismo. Esta vez ha sido El Salto quien ha destapado lo evidente. Durante cinco años, 172 contratos de publicidad institucional han regado con casi 700.000 euros de dinero público la plataforma EDATV de Javier Negre, el canal que fabricó la figura de Quiles para la cruzada ultra.

Quiles respondió amenazando en abierto a un medio con un “no queréis acabar como vuestro Fiscal General”. Lo escribió en X, sabiendo perfectamente que no hablaba de periodismo sino de poder, recordando la reciente condena del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz (una condena que sigue plagada de opacidad, porque su contenido íntegro aún no se ha hecho público). Era un aviso. Un mensaje disciplinador. Un recordatorio del clima político y judicial que cierta derecha lleva años construyendo, a golpe de bulo, de denuncia falsa y de instituciones tomadas por asalto.

Que un agitador ultra se permita advertir a un periódico de que podría “acabar como un fiscal general” es un síntoma. Un síntoma de degradación democrática, de un ecosistema mediático alimentado por fondos públicos, de un poder político que dice defender la libertad de prensa mientras financia a quienes señalan, hostigan y amedrentan.

Y lo peor es cómo Quiles miente sin rubor. Primero dice que nunca ha recibido un euro público. Después reconoce los contratos, pero los rebautiza como “acuerdos de publicidad institucional o campañas turísticas”. Más tarde desprecia a quien lo investiga como “panfleto de extrema izquierda”. Y finalmente intenta deslegitimar todo desde la superioridad arrogante del que se cree intocable.

Un manual del oportunismo político y la propaganda.

DINERO PÚBLICO PARA PROPAGANDA PRIVADA

La investigación de El Salto vuelve a poner foco en un entramado repetido. EDATV no creció sola. No se sostuvo gracias a la audiencia. No se impulsó con independencia económica. Lo hizo gracias a la generosidad del Partido Popular en distintas administraciones que gobernaba.

Pagaron Ayuso desde la Comunidad de Madrid, Feijóo desde la Xunta, Mañueco desde Castilla y León y la Diputación de Almería desde donde se arrastra el caso mascarillas. No estamos ante campañas puntuales. Estamos ante 172 contratos menores, firmados año tras año, que esquivan el control público y alimentan una maquinaria mediática al servicio del discurso ultra.

Negre y Quiles han sido financiados por instituciones públicas mientras fabricaban bulos, acosaban a trabajadoras y trabajadores de la prensa y azuzaban a neonazis, como se ha documentado en investigaciones previas. No es casual la referencia al “cuerpo de guardaespaldas” del propio Quiles, donde aparecen perfiles neonazis vinculados incluso al narcotráfico. Lo que se está regando no es información. Es intimidación política.

La sombra empresarial también pesa. Majal Gestión SL, vinculada a María José Álvarez Mezquiriz (presidenta ejecutiva de Eulen), acumula conexiones con el tabloide de Negre. Eulen, además, es el lugar donde Micaela Núñez Feijóo, hermana del actual líder del PP, ejerce como alto cargo mientras su unidad acumula más de 1,6 millones en contratos a dedo procedentes de la Xunta. Como mínimo, la línea entre poder político, negocio privado y propaganda ideológica parece inexistente.

En cualquier país mínimamente decente, estas cifras abrirían comisiones de investigación, llevarían a auditorías inmediatas y empujarían dimisiones. Aquí sirven para que un agitador ultra amenace abiertamente a medios que informan. Aquí la derecha se rasga la camiseta por la libertad mientras financia a quienes pretenden aterrorizar al periodismo crítico.

La pregunta es sencilla. ¿Quién protege a quién? ¿La prensa al poder o el poder a sus propagandistas?

Quiles lo sabe. Sabe que todo su capital político nace del dinero público, del oportunismo de quienes necesitan agitadores para vehicular odio y movilización, y de la impunidad que la ultraderecha considera parte natural de su ecosistema. Algo así como un privilegio hereditario.

Pero hay algo que todavía no han entendido. Que aunque amenacen, señalen y difamen, hay medios, colectivos y periodistas que no se arrodillan ante quien vive de intimidar. La libertad de prensa no se negocia con agitadores financiados por contratos menores. Y el periodismo no borra noticias porque lo ordene quien amenaza con uñas prestadas.