La ultraderecha quiere aparentar sudor, pero ni se despeina.
Hay días en los que la política estatal se vuelve un laboratorio de ironías involuntarias. El pasado sábado, Santiago Abascal apareció en Salamanca para asistir a unas supuestas jornadas de trabajo. Lo difundió Servimedia. Lo replicaron varios medios. Lo amplificaron las cuentas afines a la ultraderecha que ven en cualquier gesto del líder de Vox una demostración de épica ibérica. Y, sin embargo, lo único que consiguieron fue generar un festival de incredulidad colectiva.
La reacción fue inmediata: la palabra trabajo y el apellido Abascal en la misma frase provocaron un terremoto digital. No por casualidad. Más bien por coherencia histórica.
Lo que se anunció como “interparlamentarias con representantes nacionales, regionales y europeos” olía más a escapada corporativa que a debate político. El formato era previsible: fotos de grupo con gesto serio, mesas sin papeles, sonrisas enlatadas, ausencia absoluta de propuestas concretas y un público entregado a los tópicos de Vox. Cualquier enfermera y enfermero de un centro de salud en plena saturación, cualquier docente que sostenga una aula masificada, cualquier trabajadora y trabajador precario con jornada partida reconocería de inmediato el patrón.
El trabajo real es otra cosa. Lo saben quienes madrugan, no quienes posan.
La derecha ultra española ha convertido estas escenificaciones en un producto en serie. Se presenta como fuerza providencial, como agente del orden, como escolta del sentido común. Pero cuando llega el momento de “trabajar” se refugia en el marketing político. Abascal lleva años ejerciendo de observador profesional, una figura que ni legisla, ni negocia, ni construye, ni dialoga. Solo observa. Y cobra.
La escena tiene un punto casi antropológico. La ultraderecha se declara representante de “la gente que madruga” mientras sus propios líderes huyen sistemáticamente de cualquier tarea que requiera más que levantar un megáfono. Lo que Vox llama “jornadas de trabajo” recuerda más a un club de fans con pretensiones institucionales que a un espacio en el que las y los representantes públicos analicen problemas, contrasten datos y tomen decisiones.
El esfuerzo de verdad siempre queda fuera del encuadre de sus fotos.
EL MITO DEL TRABAJADOR DE GIMNASIO
No es casual que en plena crisis social, con alquileres desbocados y salarios que siguen por detrás de los beneficios empresariales desde 2019 (según el Observatorio de Márgenes Empresariales), Vox insista en proyectar una estética musculada y una retórica de sacrificio que jamás practica. La contradicción es evidente: la ultraderecha vende épica laboral sin mancharse las manos.
El caso de Abascal es paradigmático. Ha construido un personaje que combina estética de gimnasio, discurso de cruzada cultural y una profunda desafección hacia todo lo que implique responsabilidad institucional. En el Congreso lo hemos visto más pendiente de las cámaras que de las comisiones. Más preocupado por intervenir que por escuchar. Más ocupado en el combate simbólico que en el trabajo parlamentario.
Y cuando finalmente aparece algo etiquetado como “trabajo”, el país entero sospecha. Con razón.
El chiste corre solo. Las redes hicieron lo que mejor saben: desmontar el teatro con humor ácido. Que Abascal participe en unas jornadas de trabajo provoca el mismo efecto que imaginar a un fondo buitre impartiendo clases de vivienda digna. O a las y los jueces que firman sentencias escandalosas dando cursos de ética (algo que, por cierto, ya ocurre). La ironía, en este caso, no es una figura retórica: es un mecanismo de supervivencia democrática.
Mientras tanto, Feijóo se atrevió a insinuar hace unos días que, bajo su hipotético gobierno, el Ministerio de Vivienda dependería de su Vicepresidencia Primera. La gente no tardó ni un segundo en completar el silogismo. Vicepresidencia, Feijóo, Abascal. Y el meme estaba servido.
Imaginar al líder ultra gestionando vivienda o trabajo roza la distopía. Aunque, siendo honestas y honestos, distopías peores hemos visto en estos años de asedio institucional de la derecha.
La clave no es el chascarrillo, sino lo que revela. La ultraderecha intenta apropiarse del imaginario del esfuerzo para camuflar que su proyecto político consiste en desmantelar derechos laborales, privatizar servicios públicos y privilegiar a quienes ya controlan la riqueza. Cuando repiten palabras como sacrificio, mérito, constancia, hablan para su electorado, pero actúan para la patronal y los fondos de inversión.
A lo que llaman trabajo es en realidad escenificación política para legitimar un proyecto reaccionario.
Una estrategia que necesita muy poco esfuerzo, porque se sostiene a base de ruido.
Y cuando el ruido se apaga, queda la imagen de siempre: Abascal, mirando desde fuera, sin trabajar, posando para una épica que nunca llega.
El líder que más presume de esfuerzo es el que menos lo practica.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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