El precio del interés partidista: todas las medidas sociales que PP y Junts han dinamitado 

Priorizar debates simbólicos mientras se abandona a la gente trabajadora es un ejercicio de cinismo sin precedentes.

En el Congreso se libró una batalla que poco tuvo que ver con los intereses de la ciudadanía. El rechazo del decreto ómnibus por parte de PP y Junts ha supuesto el derrumbe de medidas esenciales, desde la revalorización de las pensiones hasta la ayuda directa a las víctimas de la DANA. Una alianza de conveniencia, marcada por el cálculo político, deja a millones de personas sin un escudo social en un momento crítico.

UN BLOQUEO QUE GOLPEA A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES

El decreto contemplaba avances fundamentales que ahora quedan en el limbo. Entre las medidas eliminadas destaca la revalorización de las pensiones, vital para millones de personas mayores. Las contributivas habrían subido un 2,8%, mientras que las no contributivas experimentarían un incremento del 9%. Con la inflación erosionando el poder adquisitivo, este bloqueo pone en jaque la economía de los y las pensionistas más vulnerables.

Otro golpe directo lo reciben las familias que dependen del ingreso mínimo vital, cuya subida del 9% queda paralizada. La suspensión de desahucios para hogares sin alternativa habitacional, prevista hasta finales de 2025, también se esfuma, dejando desprotegidas a miles de personas ante la amenaza de perder sus hogares. Mientras tanto, los cortes de suministro eléctrico a consumidores vulnerables, que se prorrogarían hasta finales de año, vuelven a ser un riesgo inminente.

El salario mínimo, congelado a la espera de una nueva cuantía para 2025, también queda en un limbo legislativo. En un país con millones de trabajadores y trabajadoras en situación precaria, esta decisión equivale a dar la espalda a quienes más necesitan apoyo.

AYUDAS CLIMÁTICAS Y DE TRANSPORTE, VÍCTIMAS COLATERALES

El decreto también incluía medidas clave frente a emergencias climáticas. Las ayudas por la DANA, que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana, se convierten en papel mojado. Esto, pese a las promesas del PP de velar por los intereses de los y las valencianas tras la catástrofe. En lugar de cumplir, los populares han priorizado sus intereses partidistas. «Feijóo demuestra que su apoyo a las víctimas es un eslogan vacío», han señalado desde el Gobierno.

El transporte público tampoco escapa al bloqueo. Los descuentos del 100% en abonos para viajeros frecuentes y las ayudas a comunidades autónomas y entidades locales para reducir los precios del transporte colectivo se paralizan, afectando directamente a las familias trabajadoras que dependen de estas medidas para reducir gastos.

Medidas orientadas a la transición ecológica, como las deducciones fiscales para vehículos eléctricos y bicicletas eléctricas, también han sido rechazadas. En un contexto de emergencia climática, frenar estas políticas es un acto de irresponsabilidad política.

Por último, la propuesta de un nuevo impuesto sobre los cigarrillos electrónicos, orientado tanto a recaudar como a disuadir su consumo, tampoco verá la luz. Un paso atrás en la lucha contra el tabaquismo que solo beneficia a las grandes corporaciones.

INTERESES PARTIDISTAS SOBRE LOS DERECHOS DE LA GENTE

Junts ha justificado su rechazo apelando a la «negligencia» del PSOE y acusando al Gobierno de «trilerismo». Sin embargo, estas palabras son poco más que excusas para enmascarar su desinterés por las necesidades de la ciudadanía. Desde el PP, la explicación roza lo grotesco: su rechazo se debe, entre otras cosas, a un acuerdo para transferir al PNV un edificio en París que fue sede del Gobierno vasco en el exilio. Priorizar debates simbólicos mientras se abandona a la gente trabajadora es un ejercicio de cinismo sin precedentes.

Desde La Moncloa, las críticas son contundentes: «El PP y Junts deben explicar por qué votan contra medidas que mejoran la vida de las personas. Este bloqueo no es político, es moral.» En contraste, los populares han intentado justificarse con promesas vagas de futuras proposiciones de ley, aunque el historial de su líder, Alberto Núñez Feijóo, demuestra que estas iniciativas rara vez llegan a puerto.

Este no es un debate técnico, es una lucha de poder. Una alianza que privilegia los intereses de las élites frente a las demandas sociales. Cada medida bloqueada representa una vida afectada, una familia que se queda sin ayuda y un país que retrocede en derechos sociales esenciales.