La presidenta madrileña ha llevado al Supremo un relato construido sobre medias verdades y miedo mientras miles de personas ya usan esos servicios porque tienen derecho a hacerlo

El portavoz de ERC ya no insinúa: quiere encabezar una confluencia estatal y soberanista mientras lanza un aviso directo a la dirección republicana

La derecha mediática ya ha decidido que Zapatero es culpable. Da igual qué esté probado y qué no. Da igual que muchas de las afirmaciones del auto sean todavía indicios, interpretaciones o relaciones temporales sin prueba directa. La condena exprés siempre llega antes que el juicio.

Pero tampoco vale mirar hacia otro lado.

Hay pagos millonarios. Empresas opacas. Conversaciones muy turbias alrededor de Plus Ultra. Contratos difíciles de explicar. Y una pregunta incómoda flotando sobre todo el caso: cuánto poder sigue teniendo un expresidente para mover piezas en la sombra.

Sánchez quiere que toda la UE sancione a Ben Gvir tras el vídeo humillando a activistas detenidos en la flotilla rumbo a Gaza. Y sí, está bien. Pero ya no basta con vetar a un ministro mientras se siguen manteniendo relaciones normales con un Gobierno genocida.

Porque el problema no es solo Ben Gvir. El problema es la impunidad. La sensación de que pueden hacer literalmente cualquier cosa y que Europa responderá con otra “profunda preocupación”.

El hijo del dueño de Mango entra esposado en un juzgado. Sale libre 20 minutos después tras pagar una fianza de un millón de euros.

Las élites viven en otro planeta. Uno donde un millón se mueve más rápido que una nómina. Más rápido que una hipoteca. Más rápido que la vida de la mayoría.

La jueza habla de “obsesión por el dinero”, de herencias, de odio y de un imperio familiar roto por la fortuna. Parece Succession. Pero es Catalunya. Y es real.

El juez sitúa al expresidente en el “vértice” de una trama vinculada al rescate de Plus Ultra y habla de tráfico de influencias y blanqueo

Y van dos.
El Parlamento Europeo ha aprobado un nuevo suplicatorio para investigar a Alvise por la presunta financiación irregular de su campaña. Hablamos de 100.000 euros en efectivo. Hablamos de un eurodiputado acumulando causas judiciales mientras intentaba venderse como “antisistema”.

La pregunta ya no es solo qué hizo. La pregunta es quién puso el dinero, para qué y por qué tantos miraron hacia otro lado mientras convertían la política en un canal de Telegram permanente.

Y ojo al detalle: ni siquiera la derecha europea ha querido integrarlo en sus grupos parlamentarios. El aislamiento político crece al mismo ritmo que el judicial.