El silencio del núcleo duro de Mazón ante la jueza huele a encubrimiento político 

Tres altos cargos del Palau callaron sobre un chat clave de la dana mientras la causa judicial intenta reconstruir una jornada con 230 muertos y demasiadas sombras.

EL CHAT QUE NADIE QUISO NOMBRAR

La causa de la dana acaba de recibir otro golpe de realidad. Y no precisamente menor. Tres altos cargos del núcleo duro de Carlos Mazón guardaron silencio ante la jueza de Catarroja sobre la existencia del grupo de WhatsApp del Consell, un chat que ahora aparece como una pieza central para entender qué pasó el 29 de octubre de 2024, el día en que la tragedia dejó 230 fallecidos y un rastro de abandono institucional difícil de maquillar.

No hablamos de cargos periféricos. No hablamos de gente que pasaba por allí. Hablamos de José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón; Cayetano García Ramírez, secretario autonómico; y Francisco González, director general de Comunicación. Tres nombres pegados al poder. Tres figuras del Palau. Tres miembros de esa guardia de Presidencia que, según la información publicada, formaban parte del chat del president y sus consellers. Y, aun así, nada. Ni una palabra relevante ante la instructora sobre ese grupo.

El chat apareció casi de rebote el 10 de junio, cuando el abogado Manolo Mata, en representación de la acusación popular ejercida por Acció Cultural del País Valencià, preguntó a la vicepresidenta Susana Camarero si existía algún grupo de WhatsApp del Ejecutivo. La pregunta abrió una grieta. Por ahí empezó a entrar la luz. Camarero acabó aceptando que se cotejaran los mensajes, tras resistirse inicialmente a su aportación voluntaria. Y lo que afloró fue demoledor: Mazón dio órdenes a primera hora de la mañana del 29 de octubre de 2024 y después desapareció del chat durante el resto de la jornada crítica.

Ahí está el retrato político. El president que al amanecer quería proyectar control acabó convertido en ausencia. Según los mensajes publicados, a las 8:15 ya pedía datos sobre la dana, hablaba de posibles ruedas de prensa, de cierres de colegios, de incidentes y de la necesidad de informar “con detalle”. A las 8:17 pidió “inundar de datos a los medios”. No era solo gestión. Era relato. Imagen. Apariencia. La obsesión de siempre: que parezca que se gobierna, aunque la realidad esté entrando por la ventana como una riada.

Luego vino el silencio. Mientras varios miembros del Consell advertían del empeoramiento de la catástrofe, Mazón permanecía en su larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado de El Ventorro. Una comida convertida ya en símbolo político. No por el menú, sino por la desconexión. Porque mientras el agua arrasaba vidas, casas, calles, coches y familias enteras, el poder autonómico parecía más preocupado por gestionar su propia imagen que por asumir el mando moral de la emergencia.

El detalle que ahora agrava todo es otro: el chat no solo existía, sino que tres altos cargos que lo integraban declararon ante la jueza sin ponerlo sobre la mesa. Eso no es una anécdota procesal. Es una omisión política de enorme gravedad. En una causa donde se investiga la gestión de una tragedia con 230 muertos, cualquier comunicación oficial o semioficial del día de autos importa. Importa mucho. Importa todo.

CUANDO EL PODER BORRA, CALLA Y SE PROTEGE

Cayetano García Ramírez aportó a la jueza un acta notarial con mensajes de WhatsApp del 29 de octubre de 2024, pero vinculados a conversaciones individuales con diversas personas, entre ellas Mazón, Cuenca y Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias investigado junto a la exconsellera Salomé Pradas. En su declaración del 22 de enero, la letrada Carmen Peris le preguntó si había elegido pantallazos concretos. Él sostuvo que acudió con su terminal y fue sacando los mensajes requeridos. También aseguró que no había borrado ninguno.

El problema es lo que no apareció. El grupo. Ese grupo. El chat del Consell. El espacio donde, según las informaciones publicadas, Mazón transmitió órdenes a sus consellers desde primera hora de la mañana y donde después dejó de intervenir mientras la dana se convertía en catástrofe. No estamos ante un olvido menor. Estamos ante el tipo de silencio que en política siempre trabaja para alguien.

José Manuel Cuenca declaró dos veces como testigo. Sus interrogatorios se centraron en sus órdenes a Salomé Pradas durante la tarde de la dana. Incluso en el careo con la exconsellera investigada tampoco se aludió al grupo de WhatsApp del Consell. Y hay otro dato muy serio: el acta de cotejo de la Letrada de la Administración de Justicia sobre sus whatsapps certifica que solo conservaba unos pocos mensajes con Mazón, muy posteriores a la catástrofe, porque los anteriores se habrían borrado al devolver a la Generalitat su terminal telefónico formateado. Ahora la jueza espera respuesta a una comisión rogatoria a WhatsApp en Estados Unidos para intentar recuperar esos mensajes.

La escena es obscena. Mensajes borrados. Móviles formateados. Aportaciones voluntarias. Silencios selectivos. Y una defensa de Mazón que, por ahora, declina entregar voluntariamente sus whatsapps. Todo ello mientras el expresident figura personado en la causa como una especie de potencial investigado, blindado por su condición de aforado y protegido por esa arquitectura jurídica que convierte la rendición de cuentas en una carrera de obstáculos.

Francisco González, director general de Comunicación tanto con Mazón como con Pérez Llorca, tampoco despeja el fango. Según el acta de su declaración del 25 de febrero, explicó de forma genérica que recibía “cientos y cientos de whatsapps cada día”. Del móvil de González apenas se cotejaron dos llamadas telefónicas sobre la gestión de la emergencia. Dos. En una jornada con 230 muertos, con un Gobierno autonómico en alerta, con consellers intercambiando información y con un chat interno funcionando desde la mañana, reducir el rastro a dos llamadas suena menos a transparencia que a supervivencia política.

Y aquí entra Pérez Llorca. Porque parte de ese núcleo sigue vivo en el actual Ejecutivo. No estamos hablando solo del pasado de Mazón. Estamos hablando de continuidad. De una estructura de poder que cambia de rostro pero conserva reflejos. La Generalitat no puede tratar una investigación judicial sobre la dana como si fuera una molestia administrativa. La ciudadanía valenciana no merece un Gobierno que administre silencios mientras las víctimas siguen esperando verdad.

El capitalismo institucional tiene estas cosas. Cuando todo va bien, el poder presume de eficiencia, control, modernización y gestión. Cuando llegan las muertes, aparecen los protocolos opacos, los móviles formateados, las competencias troceadas, las responsabilidades evaporadas y los asesores explicando que recibían “cientos y cientos” de mensajes. Siempre lo mismo. El sistema es muy rápido para proteger al cargo y desesperadamente lento para reparar a las víctimas.

La dana no fue solo una catástrofe climática. Fue también una prueba de Estado. Y el Gobierno de Mazón suspendió de la forma más cruel: con gente muriendo mientras el mando político se desvanecía entre chats, silencios y sobremesas. Ahora sabemos algo más. Sabemos que había un grupo. Sabemos que tres altos cargos estaban dentro. Sabemos que callaron ante la jueza. Sabemos que algunos mensajes no están donde deberían estar. Y sabemos que 230 muertos pesan mucho más que cualquier estrategia de partido.

No se puede gobernar una tragedia como si fuera una crisis de comunicación, ni responder ante la justicia como si la verdad fuera un archivo incómodo que se puede dejar fuera del expediente.