Colombia ante su Milei tropical: la patria como negocio y la mano dura como obediencia a Trump 

La candidatura de Abelardo de la Espriella no es una rareza local: es la franquicia colombiana de una internacional ultra que vende libertad para ricos, cárcel para pobres y sumisión a Washington.

LA ULTRADERECHA YA NO SE DISFRAZA DE CENTRO

Colombia no está ante un simple candidato conservador. Eso sería cómodo. Sería incluso tranquilizador. Lo que tiene delante es otra cosa: el aterrizaje, con acento colombiano, del mismo manual que ya han usado Trump, Bukele, Bolsonaro, Vox y el Milei liberticida. La patria como marca. La seguridad como espectáculo. La libertad como contraseña para desmantelar derechos. Y debajo, siempre lo mismo: obediencia a los de arriba y miedo para las y los de abajo.

El 31 de mayo, Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta con el 43,7% de los votos, más de 10,3 millones de apoyos, frente al 40,9% de Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico. La segunda vuelta será el 21 de junio. No es una fecha menor. Ese día Colombia no decidirá entre dos estilos. Decidirá entre dos proyectos de país. Uno, con todos sus límites, vinculado a reformas sociales, derechos humanos, transición ecológica y continuidad del ciclo abierto por Gustavo Petro. Otro, envuelto en chaleco antibalas, lenguaje de guerra y promesas de “orden” que huelen demasiado a castigo selectivo.

La derecha tradicional colombiana ha sido devorada por algo más brutal. Paloma Valencia, candidata respaldada por Álvaro Uribe, se quedó en un 6,9%. Uribe, presidente entre 2002 y 2010, fue durante décadas el gran centro gravitatorio de la derecha colombiana. Ahora su mundo se desplaza hacia De la Espriella. No porque haya desaparecido el uribismo, sino porque su electorado más radicalizado ha encontrado un producto más crudo. Menos institucional. Más televisivo. Más violento en la forma y más neoliberal en el fondo.

De la Espriella promete importar la motosierra de Milei y las megacárceles de Bukele. Dicho sin maquillaje: recortes para la mayoría y cemento punitivo para administrar la miseria que esos recortes producen. Esa es la gran estafa de la ultraderecha contemporánea. Primero rompe lo común. Luego culpa a las víctimas del desastre. Después vende policía, cárcel y frontera como si fueran política social.

La participación alcanzó el 58%, una cifra alta para los estándares colombianos. La campaña ha movilizado porque el choque es real. Cepeda ha definido a De la Espriella como “sexista”, “homófobo” y representante de un “fascismo mafioso”. De la Espriella, por su parte, ha llamado a Cepeda “criminal” y “heredero de las FARC”. Nada nuevo. La derecha extrema lleva años sustituyendo el debate por el señalamiento. Donde no puede discutir salarios, tierra, sanidad, paz o desigualdad, agita fantasmas. Le funciona. A veces demasiado.

La geografía electoral también habla. La derecha domina el centro del país. La izquierda resiste con más fuerza en las periferias, la costa atlántica pobre y buena parte de la Amazonia. Pero hay un dato inquietante: la extrema derecha avanzó en zonas con mayor “riesgo de control” por grupos armados ilegales. Una década después del acuerdo con las FARC, el crecimiento de guerrillas, organizaciones criminales y estructuras paramilitares, con unos 27.000 combatientes en todo el país, alimenta el discurso de quien promete “eliminar” enemigos como si gobernar fuera apretar un gatillo.

Y ahí está la trampa. Reconocer la violencia no obliga a rendirse ante el militarismo. La paz no fracasa porque sobre humanidad, fracasa cuando las élites convierten cada territorio abandonado en un mercado de armas, miedo y votos.

TRUMP, BUKELE, MILEI Y EL NEGOCIO DE LA OBEDIENCIA

Jacobin ha retratado a De la Espriella como admirador de Donald Trump, Milei y Bukele. El País ha recogido las felicitaciones y apoyos de la ultraderecha global tras su victoria en primera vuelta: Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa, Santiago Abascal y Alvise Pérez. Qué sorpresa. La internacional reaccionaria se reconoce entre sí con una rapidez casi empresarial. Ven un candidato que habla de “libertad”, “soberanía” y “orden”, y entienden perfectamente el código: libertad de mercado, soberanía de bandera y orden contra quienes protestan.

No es solo Colombia. Es la misma película proyectada en distintos países. Bukele vendió cárceles como si fueran modernidad. Milei vendió motosierra como si fuera justicia. Bolsonaro vendió violencia como si fuera patriotismo. Trump vendió supremacía como si fuera sentido común. Vox vende nostalgia franquista como si fuera defensa de la nación. Y De la Espriella intenta vender todo eso junto, tropicalizado, con música de campaña y estética de outsider.

Pero el outsider viene muy acompañado. El País ha contado que su campaña muestra farándula, deporte y celebridades mientras oculta apoyos políticos tradicionales. Es una técnica vieja. Se esconde el bloque de poder detrás del espectáculo. Se tapa la alianza de élites con una coreografía popular. La ultraderecha siempre finge venir de fuera del sistema mientras el sistema le abre la puerta de servicio, el salón principal y la caja fuerte.

El contraste con Cepeda es fuerte. No porque Cepeda sea un santo de estampita, sino porque su trayectoria está ligada a la defensa de víctimas de la violencia política y a procesos judiciales contra el poder paramilitar. Su candidatura necesita ir más allá del núcleo del Pacto Histórico. Necesita atraer al 5% que votó por Sergio Fajardo y Claudia López, disputar sectores moderados que miraban a Juan Daniel Oviedo y movilizar nuevos apoyos. Petro logró sumar 2,7 millones de votos entre vueltas en 2022. Cepeda necesita una operación parecida, pero en un clima más duro, con más miedo territorial y con Trump respirando encima de la región.

La sombra de Washington no es decorado. De la Espriella ha planteado restaurar relaciones con Estados Unidos y pedir que el vecino del norte “monitoree” la segunda vuelta. Qué delicadeza colonial. Como si América Latina no conociera de sobra el precio de invitar al imperio a mirar las urnas. Como si Honduras, Argentina, Chile, Brasil o la propia Colombia no tuvieran memoria. Como si las y los colombianos necesitaran tutela extranjera para votar.

El candidato ultra también arrastra un pasado que no cabe bajo el barniz de “mano dura”. Jacobin recuerda que fue abogado defensor de jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, acusado de 75.000 crímenes y confeso de 300 asesinatos. El 11 de junio, Cepeda denunció a De la Espriella ante la Fiscalía colombiana y la Corte Penal Internacional por presuntos vínculos con estructuras paramilitares. Son acusaciones graves. Gravísimas. Y deberían pesar más que cualquier eslogan de campaña.

El balance del primer gobierno de izquierda en Colombia tampoco puede borrarse con gritos. Hubo reformas tributarias, pensiones, educación superior, aumento del salario mínimo, reparto de tierras, reducción de pobreza, hambre y desempleo. También hubo derrotas. La reforma sanitaria quedó bloqueada. La política de “paz total” no logró lo prometido. Sería absurdo esconderlo. Pero una cosa es discutir límites y otra entregar el país a quienes quieren gobernar como si la desigualdad se resolviera con cárceles y obediencia.

Colombia llega al 21 de junio con una pregunta brutal sobre la mesa: si va a profundizar un camino difícil de transformación social o si va a regalar el Estado a una ultraderecha que llama libertad al privilegio, seguridad al castigo y patria a la obediencia ante Trump.

La motosierra no viene a cortar privilegios: viene a cortar derechos.