La FP de Ayuso huele a obra fantasma, contrato troceado y dinero público sin control 

La investigación de elDiario.es apunta al núcleo duro del Gobierno madrileño: millones enviados a centros educativos, obras sin concurso y una Consejería que sabía demasiado como para mirar hacia otro lado.

MILLONES A DEDO BAJO LA ALFOMBRA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

El caso de los contratos a dedo de la FP madrileña ya no puede venderse como una chapuza menor ni como la travesura administrativa de un subdirector despistado. La investigación de elDiario.es coloca el foco donde molesta: en la Consejería de Educación durante la etapa de Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid, y en una forma de gestionar dinero público que, según las auditorías internas de la propia Comunidad de Madrid, permitió construir centros sin concurso público, troceando facturas y usando fondos enviados a institutos como si fueran simples “gastos de funcionamiento”.

La historia arranca con una escena casi castiza. Gabriel Navarro, empresario y constructor, se sienta en 2023 con Alfonso Javier Ussía, entonces asesor de Presidencia de Isabel Díaz Ayuso. Navarro reclama 1,4 millones de euros que la Comunidad de Madrid le debía por haber construido un centro de FP sanitaria en el complejo educativo Ciudad Escolar. Ussía, según declaró el empresario ante la jueza, le transmite tranquilidad. Que lo iban a solucionar. Lo de siempre. Café, promesa, despacho cerca de Sol y luego silencio administrativo con aroma a enterramiento político.

No se lo pagaban porque la obra, según el relato judicial y la documentación conocida, estaba fuera del sistema. Sin concurso. Sin publicidad. Sin competencia. Sin expediente en regla. Una obra fantasma pagada con dinero público, pero sin el rastro legal que exige cualquier administración decente. Y no era un caso aislado. La Fiscalía maneja una cifra de unos 8 millones de euros adjudicados a dedo entre 2021 y 2023, aunque el importe podría ser mayor. Hablamos de al menos otros nueve centros educativos y de FP levantados o reformados mediante el troceo de contratos para hacer pasar obras de gran envergadura por contratos menores.

La trampa técnica es vieja. Tan vieja como la corrupción elegante. Los contratos menores tienen un límite de 40.000 euros y no obligan a concurso público. Sirven para pequeñas actuaciones, no para levantar estructuras educativas. Pero cuando se divide artificialmente una obra grande en pedazos pequeños, la administración deja de competir y empieza a repartir. Y cuando se reparte sin concurso, el dinero público deja de ser público en la práctica. Se convierte en caja manejable.

La Consejería intentó encerrar el incendio en un despacho bajo. Señaló a Alfonso Mateo, subdirector de FP cesado e investigado, y miró hacia direcciones de centros. Pero las auditorías internas encargadas por la propia Comunidad de Madrid apuntan más arriba. Bastante más arriba. Según elDiario.es, los auditores detectaron que desde la Consejería se enviaban a los centros cientos de miles de euros para “gastos de funcionamiento” que coincidían sospechosamente con los importes de las obras realizadas. No se especificaba el concepto. No se detallaba el destino. Todo muy liberal. Todo muy eficiente. Todo muy opaco.

EL NÚCLEO DURO DE AYUSO Y LA COARTADA DEL SUBALTERNO

La clave política del caso está en los nombres. Enrique Ossorio era el consejero de Educación. Rocío Albert era viceconsejera de Educación y hoy es consejera de Economía y Hacienda de Ayuso. No hablamos de figurantes. Hablamos de dos piezas con peso en el PP madrileño y en el entorno más sólido de la presidenta. Por eso el intento de convertir este escándalo en una anécdota administrativa resulta tan obsceno.

Emilio Viciana, sucesor en Educación, acabó remitiendo el caso a la Fiscalía tras abrir una investigación interna por el impago a Navarro y encontrarse con indicios graves. Según fuentes citadas por elDiario.es, aquello no gustó en la Puerta del Sol. Normal. La maquinaria política madrileña tolera muchas cosas, pero no suele perdonar que alguien levante la alfombra cuando debajo aparece el polvo del propio bloque de poder.

Los documentos internos son especialmente incómodos porque no vienen de una oposición, de un sindicato ni de un medio crítico inventando una conspiración. Vienen de la propia Comunidad de Madrid. En el caso de la Escuela de Arte Alberto Corazón, la inspección detecta correlación entre ingresos abonados por la Consejería y pagos a la empresa constructora. En el Conservatorio de Alcalá de Henares, los inspectores apuntan a obras de insonorización y otras actuaciones sin el expediente correspondiente. La frase es demoledora: “No se ha tramitado por parte de la Consejería el correspondiente expediente, pese a ser conocedora de la cuantía de los gastos a acometer”.

Ahí está el nervio del asunto. “Pese a ser conocedora”. No es un error inocente. No es una firma que se perdió. No es una factura que se traspapeló entre archivadores. Es una administración que, según sus propios auditores, sabía la cuantía y aun así no tramitó el expediente que debía tramitar. Y cuando una administración sabe y no actúa, la pregunta ya no es solo técnica. Es política. Y puede ser penal.

En Ciudad Escolar, el importe de construcción del centro sanitario ascendía a 2,5 millones de euros. Una cantidad así exigía concurso público y, según la intervención, autorización del Consejo de Gobierno de Ayuso. No era cambiar unas ventanas. No era arreglar una gotera. Era levantar un centro educativo entero mediante una estructura administrativa que las auditorías consideran incompatible con las competencias de los institutos. Los directores y directoras no podían autorizar esos gastos. Solo gestionaban el dinero que les enviaban.

Las declaraciones judiciales también rompen la coartada del caso aislado. Los directores de los IES investigados coincidieron en señalar que actuaban siguiendo indicaciones de Alfonso Mateo. Mateo declaró que heredó ese modelo y explicó que los envíos de dinero se justificaban con memorias de apenas dos folios, sin precisión suficiente, en un procedimiento que requería la firma del consejero Enrique Ossorio. Un ex alto cargo del Gobierno de Ayuso, entonces director general de Secundaria, también declaró en mayo que el envío de dinero a los centros necesitaba la firma del actual presidente de la Asamblea.

La Fiscalía habló de una “palmaria y grosera omisión del procedimiento” de forma reiterada en la Consejería de Educación. La jueza investiga un presunto delito de prevaricación y el juzgado ha pedido una prórroga para seguir citando testigos y recabando pruebas. Conviene repetir lo de presunto, porque las y los investigados tienen derechos. Pero también conviene repetir lo otro: la educación pública madrileña no puede ser tratada como una red de encargos, favores, facturas partidas y expedientes evaporados.

Mientras Ayuso predica libertad, gestión y eficiencia, las auditorías internas describen otra cosa: dinero público movido sin transparencia, centros construidos sin concurso, contratos troceados y responsabilidades que apuntan al corazón de su poder. La FP, que debería ser una herramienta para garantizar futuro a miles de jóvenes, aparece convertida en otro escenario de saqueo burocrático. Una maquinaria perfecta para privatizar el mérito, socializar el coste y esconder la firma.

Y si una obra pública no existe en los registros, pero sí existe en el suelo, alguien la ordenó, alguien la permitió y alguien decidió que la ley era un estorbo.