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Herencia
La herencia corrupta de la monarquía española vuelve a ocupar titulares. El 14 de marzo de 2020, cuando el mundo estaba en vilo por la pandemia de COVID-19, el periodista James Badcock revelaba que Felipe VI figuraba como beneficiario de una fundación offshore que albergaba casi 65 millones de euros provenientes de un “regalo” del rey de Arabia Saudí. Escándalo, una vez más, vinculado a la Casa Real, pero el actual monarca actuaba con rapidez: renunciaba a la herencia de su padre. Sin embargo, la velocidad de esta renuncia resultó ser más que cuestionable.
Oportunismo
El día 15 de marzo del mismo año, Felipe VI publicaba un comunicado inédito en el que renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación anual de 200.000 euros. Conveniente sería una palabra para describir la elección de ese momento: un país en shock, lidiando con una pandemia, apenas podía enfocarse en otro tema. Resulta claro que la fecha fue elegida estratégicamente para minimizar el impacto mediático del escándalo, y el comunicado parecía más un ejercicio de relaciones públicas que un gesto genuino.
Ocultación
El propio Felipe VI reconocía en ese comunicado que había conocido la existencia de la fundación desde marzo de 2019. Silencio durante todo un año sobre la participación en Lucum, justo cuando se llevaban a cabo dos elecciones generales en las que los partidos republicanos y monárquicos se enfrentaban en un clima político tenso. ¿Cuántas decisiones electorales se habrían tomado de forma diferente si la ciudadanía hubiera sabido que el actual rey estaba implicado en cuentas opacas en paraísos fiscales?
Legalidad
El artículo 991 del Código Civil establece que no se puede renunciar a una herencia hasta que el causante haya fallecido. Formalidad es todo lo que fue la supuesta renuncia de Felipe VI. No era más que un gesto simbólico, una declaración sin efectos reales. A esto hay que sumar que la corona, el mayor símbolo de poder y privilegio, es la verdadera herencia que Juan Carlos I le dejó a su hijo, y de la cual Felipe no tiene intención de apartarse.
Privilegio
La luna de miel de Felipe y Letizia en 2004, costeada en parte con dinero turbio, es otro ejemplo de la connivencia con la opacidad financiera. Un viaje que costó medio millón de dólares, pagado a medias entre Juan Carlos I y uno de sus testaferros, deja claro que los lujos de la Casa Real nunca han estado exentos de controversia. Felipe VI, por mucho que renuncie a la herencia futura, sigue siendo beneficiario de un pasado financiado con fondos de origen dudoso.
Impunidad
En el último capítulo de esta saga, Juan Carlos I ha constituido una fundación en los Emiratos Árabes Unidos para canalizar su fortuna hacia sus hijas, las infantas Elena y Cristina. Fuga de capitales, como de costumbre, hacia un lugar donde la fiscalidad es favorable y la transparencia es inexistente. A pesar de los altísimos sueldos de ambas infantas, parece que el emérito siente la necesidad de asegurar que su fortuna sucia termine en manos de su familia, eludiendo las leyes fiscales y preservando su legado de corrupción.
Corrupción
La fortuna corrupta de Juan Carlos I vuelve a acercarse peligrosamente a la jefatura del Estado. Es un ciclo que no se rompe: los escándalos se suceden, pero la monarquía se mantiene firme, protegida por un sistema legal diseñado para salvaguardar a la familia real, incluso cuando sus acciones socavan la confianza pública. El artículo 56.3 de la Constitución convierte en intocables a los Borbones, blindando no solo sus privilegios, sino también sus pecados. Este patrón no es un desliz ocasional; está en el ADN de la institución.
La monarquía española está construida sobre corrupción. Esta es la verdadera herencia que ninguno de ellos puede renunciar.
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