No son 8 millones: la monarquía cuesta 105 y el silencio lo paga la ciudadanía 

El presupuesto oficial es una cifra decorativa; el gasto real se esconde en los ministerios

Lo cuenta Público y lo confirma un informe académico: la Casa Real no cuesta 8,4 millones de euros, como figura en los Presupuestos Generales del Estado. Cuesta más de 105 millones de euros al año si se suman las partidas que distintos ministerios y organismos públicos destinan a sostener la estructura, la seguridad, los viajes y el aparato institucional que rodea a la Jefatura del Estado. La diferencia no es un matiz contable. Es una cuestión política.

El estudio, elaborado por la Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas (REMCO), rastrea las partidas indirectas que no aparecen en la sección oficial asignada a la Casa del Rey. Y ahí emerge la arquitectura real del gasto: Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de la Presidencia y el Parque Móvil del Estado financian servicios esenciales que no computan en esos 8,4 millones que se repiten como si fueran toda la verdad.

LA CIFRA OFICIAL ES UN ESPEJISMO PRESUPUESTARIO

El presupuesto visible de la Casa Real asciende a 8,4 millones de euros. Esa es la cifra que se comunica, la que se repite en titulares y comparecencias. Pero el informe de REMCO señala que el coste real supera los 105 millones de euros anuales cuando se agregan los gastos dispersos en otros departamentos del Estado.

En Defensa se incluyen las retribuciones del personal militar vinculado al Cuarto Militar del rey y a la Guardia Real. Sin embargo, no existe una partida desglosada específica que permita conocer con precisión cuánto cuesta esa estructura. El propio estudio reconoce que ha sido necesario enviar una “solicitud de información al Ministerio” ante la falta de datos concretos. Transparencia parcial, por tanto.

En Interior ocurre algo similar. La Unidad de la Guardia Civil adscrita a la protección de la Casa Real y la Comisaría Especial del Cuerpo Nacional de Policía forman parte del dispositivo permanente de seguridad. Pero no se detallan sus costes de manera independiente en la Relación de Puestos de Trabajo. El silencio administrativo, en este caso, también es presupuestario.

A esto se suman los vuelos oficiales sufragados por el Ministerio de Defensa a través del Grupo 45 del Ejército del Aire y del Espacio. El informe subraya que no es posible “disociar los costes de determinadas plataformas aéreas para misiones específicas”. Traducido: no sabemos cuánto cuesta realmente cada desplazamiento aéreo vinculado a la Casa Real.

El Ministerio de Asuntos Exteriores asume, además, la coordinación y los gastos derivados de los viajes oficiales de Felipe VI, Letizia y demás miembros de la familia real, así como las visitas de jefes y jefas de Estado a España. Son partidas que no aparecen en el epígrafe de la Casa Real, pero que sostienen su actividad institucional.

Incluso el Palacio de Marivent, residencia estival en Illes Balears, añade otra capa al gasto. En el ejercicio 2021, el Govern balear destinó 973.265 euros a su conservación y mantenimiento. No pertenece a Patrimonio Nacional, sino a la comunidad autónoma. Pero la factura es pública.

La cifra de 105 millones podría ser mayor si se incluyeran con precisión los costes de seguridad y transporte que hoy permanecen difuminados en los presupuestos ministeriales. El problema no es solo cuánto se gasta. Es cómo se presenta.

UNA MONARQUÍA “BARATA” QUE SE SOSTIENE EN OPACIDADES

El informe compara siete jefaturas de Estado: cuatro monarquías (España, Reino Unido, Dinamarca y Noruega) y tres repúblicas (Italia, Alemania y Portugal). En términos absolutos, España aparece en un punto intermedio. Por debajo de Reino Unido e Italia. Pero cuando se analiza el gasto por habitante, la monarquía española se sitúa en 2,2 euros al año por persona, la cifra más baja del estudio.

Noruega y Dinamarca rondan los 10 euros por habitante, influenciadas por su menor población. En relación con el PIB, el gasto español equivale a 0,07 euros por cada 1.000 euros de PIB, ligeramente por debajo de Italia (0,08), y lejos de Dinamarca (0,14) o Noruega (0,09). Si se toma como referencia el gasto público total, España e Italia se sitúan en 0,17 euros por cada 1.000 euros, frente a los 0,37 de Dinamarca y los 0,30 de Noruega.

Las cifras relativas dibujan una monarquía “moderada”. Pero una institución no se mide solo por ratios contables, sino por el principio democrático que la sostiene. La Jefatura del Estado en España no es electiva. No rinde cuentas en las urnas. No puede ser revocada por la ciudadanía. Y, sin embargo, se financia con recursos públicos que superan ampliamente la cifra oficial difundida.

REMCO sostiene que la transparencia no es un problema en el caso español. Pero el propio informe reconoce que hay partidas que no pueden desagregarse con claridad. Cuando no se puede concretar cuánto cuesta un dispositivo de seguridad o una flota aérea vinculada a una institución, la transparencia es incompleta por definición.

En un contexto donde se exige austeridad a la ciudadanía, donde las y los trabajadores públicos deben justificar cada partida, donde se fiscaliza el gasto social al céntimo, la monarquía continúa operando con un esquema presupuestario fragmentado. No es ilegal. Pero sí es políticamente significativo.

La pregunta no es si 105 millones es mucho o poco en términos macroeconómicos. La pregunta es por qué se insiste en que cuesta 8,4 millones cuando el propio Estado asume partidas muy superiores para sostenerla. La diferencia entre ambas cifras no es técnica; es narrativa.

Mientras tanto, el debate sobre la forma de Estado sigue blindado. No hay referéndum. No hay consulta. Solo una asignación presupuestaria que aparece recortada en una línea y multiplicada en otras cinco.

Y así, año tras año, se repite la ficción contable de los 8 millones, mientras la realidad se escribe con 105.