Incluso los bebés son considerados terroristas 

El informe se construye a partir de 165 testimonios de menores liberados, entrevistas con 32 familiares, 13 trabajadores sociales y 3 abogados.

Un informe que durante meses permaneció bloqueado por presiones políticas ha terminado viendo la luz, dibujando un escenario que desmonta cualquier relato oficial sobre legalidad o seguridad. Según documenta la investigación difundida por la prensa europea a partir de datos de Save the Children, cerca de 350 menores palestinos permanecen detenidos en cárceles israelíes en condiciones que organizaciones internacionales describen como tortura, abuso sexual y privación de alimentos. La situación, lejos de ser puntual, se ha agravado de forma notable desde el 7 de octubre de 2023.

El informe se construye a partir de 165 testimonios de menores liberados, entrevistas con 32 familiares, 13 trabajadores sociales y 3 abogados. El resultado es un patrón consistente: detenciones violentas, interrogatorios sin garantías legales y una estructura judicial que convierte a los niños y niñas en sospechosos permanentes. No hay excepciones. No hay protección especial por edad. La infancia, en este contexto, deja de existir como categoría jurídica.

Las detenciones suelen producirse de madrugada. Soldados armados irrumpen en viviendas familiares, rompen puertas y se llevan a menores con los ojos vendados y las manos atadas. A partir de ahí, el recorrido es sistemático: golpes, amenazas, interrogatorios sin presencia de abogados o familiares y traslados a centros de detención donde las condiciones han empeorado drásticamente en los últimos meses.

Desde 2024, además, una nueva legislación permite la detención de menores de 14 años o menos, ampliando aún más el alcance de estas prácticas. La consecuencia es que adolescentes e incluso niños pequeños son sometidos al mismo régimen que adultos, sin distinción real en el trato ni en las condiciones de reclusión.

UN SISTEMA JUDICIAL QUE NORMALIZA LA EXCEPCIÓN

El problema no se limita a la detención. El propio sistema judicial al que son sometidos los menores palestinos está diseñado para garantizar su condena. Mientras los colonos israelíes en Cisjordania son juzgados por tribunales civiles, los palestinos pasan por tribunales militares. Estos espacios, descritos como contenedores rodeados de alambre, funcionan en hebreo, sin traducción efectiva y sin garantías de defensa.

Las cifras son elocuentes: la tasa de condena alcanza el 99,74%. No se trata de justicia, sino de un mecanismo de validación automática de las detenciones. Un sistema que condena casi al 100% no juzga, ejecuta.

La mitad de los menores detenidos ni siquiera ha sido acusada formalmente de ningún delito. Permanecen bajo lo que se denomina “detención administrativa”, una figura que permite el encarcelamiento indefinido sin cargos. El resto suele estar acusado de actos como lanzar piedras, en un contexto de ocupación militar prolongada.

Las condiciones dentro de las cárceles han empeorado tras el aumento de arrestos. El hacinamiento es habitual y, según el informe, desde finales de 2023 los menores comparten celdas con adultos. Las visitas familiares están prohibidas y el acceso de organismos internacionales, incluida la Cruz Roja, ha sido bloqueado.

El aislamiento también forma parte del castigo. Algunos menores pasan semanas en celdas individuales. Otros son amenazados con represalias contra sus familias. La falta de acceso a educación y atención médica agrava un cuadro que ya de por sí vulnera múltiples tratados internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

LA DESHUMANIZACIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO

El elemento más inquietante del informe no es solo la violencia física, sino la narrativa que la sostiene. Según responsables de la investigación, sectores políticos y colonos justifican estas prácticas bajo la idea de que todos los niños palestinos son potenciales terroristas. Incluso bebés. Esta lógica elimina cualquier distinción entre infancia y amenaza, legitimando un sistema de castigo colectivo.

La consecuencia es una estructura de deshumanización que atraviesa todo el proceso: desde la detención hasta el encarcelamiento, pasando por el juicio. Los menores no son tratados como sujetos de derechos, sino como riesgos a neutralizar. En este marco, el derecho internacional deja de ser una referencia y pasa a ser un obstáculo que se ignora sistemáticamente.

Las condiciones materiales dentro de las prisiones refuerzan esta lógica. Falta de higiene, enfermedades cutáneas, ausencia de atención médica y alimentación insuficiente forman parte del día a día. En algunos casos documentados, los menores son obligados a desnudarse o sufren violencia sexual. El caso de Walid Ahmad, de 17 años, muerto por inanición, ilustra hasta qué punto el abandono institucional puede convertirse en una condena de facto.

El contexto político tampoco es neutral. El informe denuncia una creciente presión sobre las organizaciones humanitarias. La exigencia de no criticar al Estado de Israel como condición para operar en el territorio ha provocado la autocensura de informes y la retirada de permisos. El resultado es un vacío informativo donde las violaciones de derechos humanos quedan invisibilizadas.

Mientras tanto, campañas de descrédito intentan desacreditar a las organizaciones que documentan estos abusos. Se trata de una estrategia que va más allá del control territorial: busca controlar el relato. Si no hay relato, no hay crimen.

Lo que emerge de este conjunto de datos no es una suma de abusos aislados, sino un sistema coherente donde la infancia palestina es tratada como enemigo estructural. Un sistema donde la legalidad se redefine para justificar la violencia y donde la excepción se convierte en norma.

Cuando un Estado necesita considerar terrorista a un bebé, el problema no está en el bebé.