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Cuando el imperialismo tropieza con un tratado internacional
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a demostrar que su concepción del mundo cabe en una frase: si algo interesa a Washington, entonces es legítimo. Y si alguien se opone, la respuesta es la amenaza. Esta vez el objetivo ha sido España. Tras la negativa del Gobierno español a permitir que las bases de Morón y Rota se utilizaran para atacar Irán, Trump respondió con una mezcla de arrogancia y presión económica: aseguró que Estados Unidos podría usar esas instalaciones “cuando quisiera” y amenazó con cortar las relaciones comerciales con España.
El problema es que no puede hacerlo. Ni legalmente ni políticamente. Y el motivo no es ideológico, sino jurídico.
Las bases estadounidenses en España no son colonias militares ni territorios extraterritoriales. Están reguladas por el Convenio de Cooperación para la Defensa firmado en 1988, un tratado que deja algo muy claro desde el primer momento: la soberanía sobre esas instalaciones sigue siendo española.
El artículo 2.2 del convenio establece que Estados Unidos puede utilizar instalaciones militares en territorio español únicamente dentro de los objetivos acordados entre ambos países. Y añade una cláusula decisiva: cualquier uso que vaya más allá de esos objetivos requiere autorización previa del Gobierno español.
No hay ambigüedad posible.
LAS BASES NO SON DE WASHINGTON
El enfado de Trump llegó después de que el Gobierno español rechazara autorizar el uso de las bases para operaciones militares contra Irán. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, lo explicó con claridad: las instalaciones son de soberanía española y no se usarán para nada que no encaje en el convenio bilateral ni en la Carta de Naciones Unidas.
La respuesta de Trump fue una amenaza económica: cortar relaciones comerciales con España y aplicar embargos. Una reacción que ilustra una lógica conocida en la historia internacional reciente. Cuando un aliado no obedece, Washington convierte la política exterior en presión económica.
Pero la legalidad del convenio es difícil de reinterpretar. El Capítulo III del tratado, dedicado a las autorizaciones de uso, vuelve a insistir en el mismo punto: España mantiene el control sobre su territorio, su espacio aéreo y las actividades militares que se desarrollan en él.
No se trata de una concesión simbólica. El artículo 24 del acuerdo reafirma expresamente la soberanía española sobre esas instalaciones y establece que las autorizaciones concedidas a Estados Unidos se limitan estrictamente a los objetivos recogidos en el tratado.
Traducido a lenguaje político: Washington no decide unilateralmente cómo se usan esas bases.
La renovación del convenio tampoco cambia ese equilibrio. El acuerdo se prorroga automáticamente cada año si ninguna de las partes lo denuncia, según el artículo 69.2, pero su contenido sigue siendo el mismo. Estados Unidos puede operar en territorio español solo dentro de los límites acordados.
Es decir, lo contrario de lo que Trump ha afirmado.
EL IMPERIO DE LAS 750 BASES
El episodio también revela algo más profundo: el tamaño real del despliegue militar estadounidense en el mundo. Estados Unidos mantiene más de 750 bases militares en el extranjero, una red global que atraviesa Europa, Asia, África y Oriente Medio. Ninguna otra potencia ha construido una infraestructura militar comparable en la historia contemporánea.
Este sistema de bases no es neutro. Ha sido durante décadas una herramienta de poder geopolítico, pero también una fuente constante de conflicto con las poblaciones locales. En Okinawa (Japón), por ejemplo, las protestas contra la presencia militar estadounidense llevan décadas repitiéndose. No es un debate marginal: dos primeros ministros japoneses han dimitido en parte por las tensiones políticas generadas por estas bases, como recuerda el historiador Daniel Immerwahr, profesor de la Universidad Northwestern.
Las instalaciones militares tienen efectos más allá de lo estratégico. Afectan a economías locales, a la política interna de los países anfitriones y a su margen real de soberanía. Aunque ocupen poca superficie física, su peso político es enorme.
España no es una excepción. El debate sobre la presencia militar estadounidense atraviesa la historia reciente del país. Ya en los años ochenta, durante el referéndum sobre la permanencia en la OTAN, una de las consignas más repetidas por los movimientos sociales era clara: “bases fuera”.
Cuarenta años después, la discusión vuelve a aparecer cada vez que la política militar de Washington choca con decisiones soberanas europeas.
Porque el problema de fondo no es solo jurídico. Es político y moral.
Cuando un presidente estadounidense afirma que puede usar instalaciones militares en otro país “si quiere”, lo que está diciendo en realidad es que la soberanía de ese país es secundaria frente a los intereses de su propia estrategia militar.
Y ese es el verdadero choque que revela este episodio.
El derecho internacional dice una cosa. El imperialismo, otra.
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