Sentencia sin precedentes: niña de 9 años fallecida es declarada víctima de la contaminación 

Ella Kissi-Debrah falleció en 2013 tras estar expuesta a altos niveles de contaminación, ya que residía cerca de una carretera.

Un tribunal del Reino Unido dictó esta semana una sentencia sin precedentes al reconocer a la primera víctima mortal de la contaminación del aire.

En el caso de Ella Kissi-Debrah consideraron que la polución había sido un factor determinante para su fallecimiento en 2013 en Londres.

De este modo lo recoge también su certificado de defunción, que contempla la contaminación del aire como causa de la muerte, de acuerdo con una información publicada por el periódico ‘The Guardian’. 

Ella Kissi-Debrah vivió al ldo de un carretera, lo que según el Tribunal y los forenses que han llevado a cabo la investigación que la expuso a elevadas emisiones de dióxido de nitrógeno y otras partículas nocivas, unos niveles de contaminación que superaban los permitidos por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La contaminación hizo mella en la salud de Ella: sufrió un asma muy grave que incluyó episodios de paro cardíaco, por lo que tuvo que pasar muchas veces por el hospital durante su vida. Desde los 7 hasta los 9 años, cuando murió, sus pulmones llegaron a colapsar total o parcialmente en cinco ocasiones distintas, tal y como quedó demostrado durante el juicio”, explica 20 Minutos.

“Solo deseo que ningún niño pase por lo que ella pasó”, afirmó esta semana tras conocerse el fallo, la madre de la pequeña. 

“My hope is no child will ever go through what she went through.”

Rosamund Adoo-Kissi-Debrah calls for clean air to be “a human right”. Her daughter Ella, who suffered a fatal asthma attack in 2013, is the first person in the UK to have air pollution listed as a cause of death. pic.twitter.com/DLdMcrZIWm

— Channel 4 News (@Channel4News) December 17, 2020

¿Quién financia a las empresas más contaminantes en Europa?

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha realizado en colaboración con Europe Beyond Coal, BankTrack, Foundation Development YES – Open-Pit Mines NO, Friends of the Earth France, Re:Common y Urgewald un informe que denuncia que 8 de las principales instituciones financieras de Europa, incluido el Banco Santander, han financiado con casi 16.000 millones de euros a las empresas energéticas más contaminantes desde que se firmó el Acuerdo de París en diciembre de 2015.

Desde EBC señalan que se trata de una cifra equivalente al presupuesto que dedica la Unión Europea a su Programa Espacial para 2021-2027.

El Informe “Fool’s Gold – the Financial Institutions Bankrolling Europe’s Most Coal-dependent Utilities” (1) clasifica a las instituciones financieras europeas por su grado de exposición a activos relacionados con el carbón y distingue entre inversores y prestamistas.

De entre los inversores, el Fondo de Pensiones del Gobierno noruego es el más expuesto a activos de carbón al poseer 2.290 millones de euros en acciones y bonos, seguido por Crédit Agricole con 1.040 millones de euros, Deutsche Bank con 690 millones de euros y Standard Life Aberdeen con 580 millones de euros.

En el lado de los prestamistas, el Banco Santander ocupa el segundo lugar en la lista de los que más dinero concedieron en Europa a estas actividades: 2.990 millones de euros en préstamos y servicios de suscripción. IIDMA estuvo presente en la Junta de Accionistas del Banco Santander el pasado 12 de abril, donde pidió al banco compromisos firmes para lograr una transición a una economía baja en carbono y recordó el deber de incluir los riesgos climáticos dentro de sus estrategias de negocio, realizando una evaluación mucho más rigurosa de sus riesgos climáticos en todas las actividades dentro de su grupo, como indica la nueva Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad.

Así, es necesario que incluya información más detallada en su Estado de Información No Financiera, ya que la prestación de estos servicios supone un riesgo para sus inversores. La entidad española sólo es superada por UniCredit, con 3.130 millones de euros. Completan la clasificación Barclays con 2.710 millones de euros y BNP Paribas con 2.570 millones de euros.

Las empresas que gozan del apoyo continuo de estas instituciones financieras incluyen a la española Endesa y a la italiana Enel, propietaria de la primera. 

IIDMA también estuvo presente tanto en la Junta de Endesa como en la de Enel, tras analizar sus Estados de Información No Financieros y constatar que existían, al igual que en el caso del Banco Santander, deficiencias respecto a la información sobre sus riesgos climáticos y no se incluían las medidas que iban a adoptar para lograr cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, información clave para sus inversores. RWE, PGE, EPH, Fortum/Uniper, ČEZ son el resto de las compañías señaladas por el informe, algunas de las cuales también han recibido apoyo financiero por parte del Banco Santander.

Juntas, dichas compañías, son responsables de más de la mitad de todas las emisiones de CO2 de la UE procedentes del carbón.

Este tipo de inversiones suponen un riesgo muy elevado. Además, son perjudiciales para la ciudadanía: las emisiones del carbón son una de las principales causas del cambio climático y afectan gravemente a la salud y al medio ambiente. Según un informe de IIDMA, las emisiones del carbón produjeron más de 1.500 muertes prematuras y costes económicos de entre 686 y 1.308 millones de Euros asociados sobre todo a gastos sanitarios en 2015 y 2016 sólo en España.

“Las instituciones financieras tienen también una responsabilidad en la luchar contra la emergencia climática, garantizando que su capital abandona los sectores económicos intensivos en carbono, lo que incluye el Santander. Si bien, este banco debe acompañar a sus actuales clientes hacia una transición baja en carbono al mismo tiempo, en ejercicio de esa responsabilidad, debe asegurarse que sus estrategias de negocio cumplen con el compromiso del 1,5ºC y que sus centrales de carbón cierren en 2030, a más tardar, o en 2025, en el caso de centrales en España” afirma Ana Barreira, directora de IIDMA.