Categoría: MEDIO AMBIENTE

El Algarrobico no es solo un hotel ilegal varado en Cabo de Gata. Es una confesión de hormigón. Una mole que lleva dos décadas recordando que el urbanismo salvaje en España no fue un accidente, sino un modelo de negocio, una cultura política y una forma de saqueo. Ahí sigue. Plantado sobre dominio público marítimo-terrestre, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, como si la ley fuese una sugerencia estética y la naturaleza una molestia administrativa.

El 17 de junio, la Junta de Andalucía anunció que pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anule la licencia de obras del hotel. Lo hará, dice ahora, para sustituir al Ayuntamiento de Carboneras, que era el primer obligado a cumplir y que ha decidido seguir jugando al escondite con las sentencias. El detalle es importante. Muy importante. Porque el Gobierno de Moreno Bonilla propone ahora lo mismo que las y los ecologistas llevan reclamando desde hace años. Y lo mismo a lo que la propia Junta se opuso en marzo de 2025.

Así funciona esta maquinaria. Primero se mira hacia otro lado. Luego se acusa al de enfrente. Después se descubre, con gesto grave, que la ley debe cumplirse.

La escena tiene algo de ciencia extrema y algo de derrota política. En Cambridge Bay, al norte de Canadá, un equipo de Real Ice perfora el hielo marino del Ártico, bombea agua del océano hacia la superficie y espera que el invierno haga su parte. La idea suena a disparate. Lo dicen incluso quienes participan en ella. Pero el disparate real no está en intentar salvar un trozo de hielo. El disparate real es que el planeta haya llegado al punto de necesitar experimentos de emergencia porque las grandes potencias, las petroleras y las élites económicas han preferido proteger beneficios antes que proteger la vida.

Hace cinco meses, trabajando con temperaturas de -40ºC, el equipo bombeó 50.000 toneladas de agua sobre el hielo. Aquella agua se congeló casi al instante y, según las mediciones, añadió unos 50 centímetros de espesor a una capa que tenía 1,5 metros. El invierno anterior habían conseguido añadir 30 centímetros. Puede parecer poco, casi ridículo frente a la escala del desastre. Pero 30 centímetros ya permiten circular a una camioneta y pueden alargar la vida útil del hielo entre 7 y 10 días. Esa es la medida de nuestra época: celebramos ganar una semana mientras el sistema pierde décadas.

El 3 de enero, Berlín descubrió algo que el capitalismo fósil lleva décadas ocultando bajo moqueta institucional: la infraestructura que sostiene nuestra vida cotidiana es frágil, vulnerable y profundamente política. Aquella mañana, hacia las seis, alguien incendió cinco cables de alta tensión bajo un puente sobre el canal de Teltow. Cada cable tenía unos 10 centímetros de grosor. No era una gamberrada. No era una pataleta juvenil. Era una acción calculada contra una red que venía de una central eléctrica de gas natural y alimentaba a unos 45.000 hogares, 2.200 empresas y cuatro hospitales.

El resultado fue un apagón enorme. Cuatro distritos afectados. 10.000 hogares recuperaron la electricidad al día siguiente, pero otros 35.000 permanecieron a oscuras durante cinco días. Berlín vivió su apagón más largo desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí empieza el dilema incómodo. Porque una cosa es comprender la acción y otra fingir que no tuvo consecuencias duras para la gente común.

El Consejo de Ministros aprobó el 16 de junio una inversión de 719 millones de euros para impulsar una gigafactoría avanzada de inteligencia artificial en España. La operación se canalizará desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, la SETT, que podrá entrar en el accionariado del consorcio público-privado encargado de presentar la candidatura española a una convocatoria europea.

El relato oficial ya está escrito. Soberanía tecnológica. Reindustrialización. Liderazgo europeo. Inteligencia artificial fiable y sostenible. Todo muy limpio, muy moderno, muy Bruselas. Pero hay una palabra que aparece demasiado tarde, demasiado poco y demasiado domesticada: clima.

La Administración Trump quiso ponerse el traje verde. Le quedaba fatal. Usó la deforestación amazónica como uno de los argumentos para plantear aranceles del 25% contra importaciones brasileñas. Una maniobra de presión comercial presentada como preocupación ambiental. El viejo truco. Cuando el Norte Global quiere disciplinar al Sur Global, de repente descubre los bosques, los ríos, los pueblos indígenas y la biodiversidad. Pero no para protegerlos. Para convertirlos en expediente sancionador.

Brasil acaba de contestar con datos. Y los datos son bastante incómodos para Washington. En mayo, la deforestación en la Amazonia brasileña cayó un 61,4% respecto a mayo del año anterior, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE. La superficie talada fue de 370 kilómetros cuadrados, frente a los 960 kilómetros cuadrados registrados en mayo de 2025. No es propaganda. No es un eslogan. Es medición satelital.

Bolivia vuelve a aparecer en el mapa mundial no por lo que decide su pueblo, sino por lo que desean las potencias. Litio. Baterías. Coches eléctricos. Materias primas estratégicas. La palabra “futuro” pronunciada por ejecutivos que nunca han tenido que mirar cómo se seca una fuente, cómo se degrada un territorio o cómo se convierte una comunidad indígena en una nota al pie de un contrato minero.

Mongabay documentó el 17 de abril de 2025 resistencias comunitarias contra proyectos de litio respaldados por capital extranjero. No hablamos de una incomodidad menor. Hablamos del Salar de Uyuni, el mayor salar del mundo, con unos 10.500 kilómetros cuadrados, y de comunidades como Colcha K, en la provincia de Nor Lípez, con alrededor de 1.000 habitantes, que no viven en una postal turística ni en una maqueta corporativa. Viven allí. Cultivan patatas y quinoa, crían llamas y ganado, sostienen economías locales y formas de vida que no caben en el Excel de ninguna multinacional.