Más impuestos a los ultrarricos: el debate que crece mientras la desigualdad se dispara 

La presión social y económica empuja a replantear sistemas fiscales donde quienes más tienen empiecen, por fin, a pagar más

La escena se repite. En Madrid, en Nueva York, en cualquier gran ciudad donde el precio de la vivienda y la desigualdad avanzan sin freno. “Tienen que pagar más los que más casas acaparan”. La frase, pronunciada por Manuela Bergerot en la Asamblea madrileña, no es solo una consigna política. Es un síntoma. Algo se está moviendo.

La propuesta de convertir el IBI en un impuesto progresivo, que grave con más intensidad a quienes acumulan patrimonio inmobiliario, conecta con iniciativas similares al otro lado del Atlántico. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, planteó recientemente gravar las segundas viviendas de las personas más ricas para financiar servicios públicos. No es casualidad. Es tendencia.

Ese movimiento encaja con un debate que lleva años gestándose y que ahora gana fuerza: cómo construir sistemas fiscales más justos. O dicho de forma menos diplomática, cómo evitar que los de siempre sigan sosteniendo el sistema mientras otros apenas contribuyen.

El economista Juan Gimeno lo resume sin rodeos: el problema no es solo técnico, es político. Y también moral. Según explica, los ultrarricos no solo pagan menos de lo que deberían, sino que en muchos casos lo hacen en proporción inferior a la de las clases medias y trabajadoras. No es una percepción. Es un patrón que se repite en distintos países.

Y la paradoja es evidente. Mientras crece el consenso social sobre la necesidad de gravar más la riqueza, las reformas avanzan con lentitud. Muy lentas. Demasiado.

Una desigualdad que ya no se puede esconder

Los datos son difíciles de ignorar. Según un informe reciente de Oxfam Intermón, unas 3.000 personas concentran una parte desproporcionada de la riqueza global. Desde la pandemia, su patrimonio ha aumentado un 81%. Sí, un 81%. Mientras tanto, millones de hogares siguen ajustando cuentas para llegar a fin de mes.

El diagnóstico no es nuevo. Pero ahora pesa más. La deuda pública acumulada tras la pandemia, el envejecimiento de la población y el coste creciente del Estado del bienestar obligan a buscar ingresos. No hay muchas opciones. O se recorta, o se redistribuye.

Ahí es donde entra el debate fiscal. Ministros de Hacienda como Arcadi España y Dario Durigan han defendido abiertamente la necesidad de aumentar la tributación de los superricos. Antes lo hizo también Joe Biden. Incluso el Fondo Monetario Internacional reconoce que la política fiscal es clave para reducir desigualdades, aunque luego sus recomendaciones sean mucho más tímidas.

En paralelo, crecen las voces desde la propia élite económica. Movimientos como Tax the Rich o colectivos como Patriotic Millionaires —integrados por millonarios del G-20— llevan años reclamando lo mismo: que se les cobre más. No por altruismo, sino por estabilidad. Porque saben que un sistema desigual acaba rompiéndose.

Y aun así, cuesta. Cuesta mucho.

El sistema fiscal que no corrige, sino que reproduce

España no es una excepción. Según los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), una gran fortuna que ingresa 1 millón de euros en dividendos puede tributar a un tipo efectivo del 26,78%. Es prácticamente el mismo porcentaje que paga una persona con ingresos de 42.092,64 euros. La comparación no necesita interpretación. Se explica sola.

Los mecanismos son conocidos: sociedades interpuestas, sicav, estructuras empresariales diseñadas para reducir la carga fiscal. No es ilegal en muchos casos. Pero tampoco es neutral. Genera un sistema en el que la progresividad se diluye.

El último Observatorio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada confirma la tendencia: el 1% más rico soporta un tipo efectivo inferior al de la mayoría de contribuyentes, salvo el 40% más pobre. Es decir, la desigualdad también se reproduce en los impuestos.

Frente a eso, propuestas como la del economista Gabriel Zucman han ganado protagonismo. Su idea es sencilla: aplicar un impuesto anual del 2% a las grandes fortunas. El impacto sería significativo. A nivel global permitiría recaudar 250.000 millones de dólares al año. En España, unos 5.200 millones de euros.

No es una cifra menor. Pero tampoco es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de modelo.

Porque, como advierte Oxfam Intermón, el problema no es únicamente cuánto se recauda, sino cómo. Hoy, los sistemas fiscales dependen en gran medida de impuestos al consumo, que afectan más a quienes menos tienen. Mientras tanto, las rentas del capital siguen disfrutando de un trato más favorable.

El resultado es un equilibrio frágil. Una ciudadanía que soporta el esfuerzo fiscal mientras grandes concentraciones de riqueza quedan, en buena medida, fuera del radar.

Y aun así, las reformas llegan con cuentagotas. El propio FMI apenas ha incluido propuestas sobre tributación de la riqueza en un 3% de sus recomendaciones a gobiernos. Un dato que explica por qué el cambio se percibe tan lejano.

En ese contexto, España ha dado algunos pasos, como el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que afecta a patrimonios superiores a 3 millones de euros. Pero el debate sigue abierto. Y sin coordinación internacional, las soluciones nacionales tienen límites claros.

Porque el problema es global. Y las herramientas, todavía, no lo son.

La discusión ya no gira en torno a si los ultrarricos deben pagar más. Esa fase está superada. La cuestión es otra. Más incómoda. Más directa. Por qué, sabiendo todo esto, siguen sin hacerlo.

Y quién está dispuesto a cambiarlo de verdad.