La extrema derecha decide el futuro del gobierno y los presupuestos sociales en un escenario de colapso político.
Francia se enfrenta a un abismo político que no solo amenaza la estabilidad de su gobierno, sino también el modelo social sobre el que se ha construido durante décadas. El uso del artículo 49.3 por parte de Michel Barnier para aprobar el presupuesto de la Seguridad Social, sin consenso parlamentario, marca un punto de no retorno en el desgaste institucional francés. Desde septiembre, el gabinete de Barnier ha sido un símbolo de precariedad política, sostenido únicamente por un equilibrio inestable entre concesiones a la derecha tradicional y la sombra omnipresente de Marine Le Pen.
La líder del Rassemblement National, fortalecida por los errores del gobierno centrista y la incapacidad de los progresistas para articular una alternativa sólida, ha decidido votar a favor de la moción de censura contra Barnier. Este movimiento posiciona a la extrema derecha como el actor político más influyente en la República francesa, un papel que Le Pen ha perseguido desde hace más de una década. La paradoja es evidente: Emmanuel Macron, adalid del «progreso» en la política francesa, se encuentra ahora al borde del colapso precisamente por depender de aquellos a quienes prometió frenar.
El presupuesto de la Seguridad Social, en teoría, debería haber sido un terreno de consenso. Sin embargo, las propuestas del gobierno han profundizado las brechas sociales al congelar pensiones y limitar la asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación irregular. Estas medidas han servido como catalizador para una indignación generalizada que trasciende las ideologías políticas. La fragmentación del Parlamento francés refleja un país dividido no solo por partidos, sino por visiones opuestas de justicia social.
EL JUEGO DE LE PEN: ENTRE LA DEMAGOGIA Y EL CONTROL POLÍTICO
Marine Le Pen ha convertido la debilidad institucional en una oportunidad para consolidar su narrativa. En un contexto de inflación creciente, precariedad laboral y crisis energética, ha sabido manipular el discurso político para presentarse como la defensora del «pueblo trabajador». Las demandas de la extrema derecha, como el fin de las exoneraciones fiscales para salarios bajos, no son más que un disfraz para una agenda que erosiona derechos fundamentales y promueve la exclusión social.
El lunes, Barnier intentó en vano apaciguar a Le Pen con medidas de última hora, como mantener las cantidades reembolsadas por la Seguridad Social en medicamentos recetados. Pero el objetivo de Le Pen no es negociar: es demostrar que controla el tablero político. En un escenario donde la extrema derecha se alía con sectores progresistas para tumbar al gobierno, la cuestión no es solo quién liderará el próximo ejecutivo, sino qué concesiones se harán para evitar un nuevo bloqueo institucional.
La moción de censura, que será votada en las próximas 48 horas, es solo un síntoma de un problema más profundo. La dependencia del artículo 49.3 por parte del ejecutivo ha vaciado de contenido la democracia parlamentaria francesa, dejando a millones de ciudadanos y ciudadanas con la sensación de que las decisiones que afectan sus vidas se toman sin su participación. La política económica y social del país, antaño ejemplo de Estado del bienestar, se ha convertido en moneda de cambio en un juego de poder entre élites desconectadas de la realidad.
Mientras tanto, los mercados financieros reaccionan con inquietud. El aumento del diferencial entre los bonos franceses y alemanes refleja el miedo de los inversores ante un posible colapso gubernamental. Pero la verdadera crisis no está en los números, sino en la fractura social que subyace a esta inestabilidad política. Las personas jubiladas, las y los trabajadores precarios, y las familias migrantes son quienes soportarán las consecuencias de esta lucha de poder.
En este contexto, la política se ha reducido a un espectáculo donde lo urgente aplasta a lo importante. Macron, que prometió renovar la República, se ha convertido en rehén de su propia estrategia. Y Le Pen, sin necesidad de liderar el gobierno, ha demostrado que puede dictar su agenda desde la oposición. Francia se encamina hacia un futuro donde las promesas de progreso se han convertido en un eco vacío y la extrema derecha se erige como la única respuesta al vacío institucional.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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