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Mientras N. espera su derecho a una muerte digna, Abogados Cristianos lo secuestra con recursos sin pruebas y una estrategia basada en la coacción y el sufrimiento ajeno.
Diez meses. Ese es el tiempo que lleva N., joven parapléjica y diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, esperando que le permitan ejercer un derecho legal en España: morir con dignidad. Y no, no se trata de una discusión médica ni de una evaluación jurídica seria. Se trata de la ofensiva sistemática de una entidad ultracatólica que ha decidido, sin pruebas ni legitimidad, que su cruzada vale más que el sufrimiento ajeno.
Abogados Cristianos, organización con un largo historial de imposiciones ideológicas a golpe de querella, ha presentado un nuevo recurso para intentar frenar la eutanasia de N. Esta vez, lo han hecho agarrándose a una supuesta deuda económica de la joven. No hay prueba alguna. No hay peritaje financiero. Ni siquiera existe un testimonio directo de afectación patrimonial. Solo hay una idea: que si muere, sus padres podrían heredar sus deudas, y por tanto eso afecta a su «vida familiar». Así, sin más. Un argumento con menos rigor que una homilía de WhatsApp.
No hay informes médicos que cuestionen la eutanasia de N., pero sí una fotografía suya que el grupo ultra ha filtrado, sin consentimiento, para desacreditar su voluntad y exponerla públicamente. La imagen ha sido usada por Abogados Cristianos para sostener que la joven “mintió” durante el juicio, en un intento burdo de convertir la presión mediática en chantaje emocional.
Y eso no es todo. En el propio recurso judicial, la organización carga contra la jueza que avaló la eutanasia —acusándola de “desconocimiento absoluto”— y contra el equipo médico y jurídico que dictaminó que N. cumple todos los requisitos legales. Los mismos profesionales que constataron el sufrimiento físico y psíquico irreversible de la joven y su plena capacidad para decidir. El equipo completo de la Comisión de Garantías, compuesto por 19 especialistas, avaló su derecho a morir. Pero para Abogados Cristianos, eso no importa. Lo que importa es imponer su doctrina.
COACCIÓN, FILTRACIONES Y ACOSO EN NOMBRE DE DIOS
El comportamiento de esta organización no solo es jurídicamente cuestionable. Es éticamente inaceptable. N. ha denunciado presiones religiosas dentro del propio centro sociosanitario en el que vive. Dos mujeres católicas, vinculadas al entorno en el que pasó su infancia tutelada, irrumpieron en su habitación y la obligaron a firmar un documento en contra de la eutanasia mientras se encontraba medicada. También llenaron su cuarto de crucifijos y estampitas. No es fe, es coerción.
Los médicos que la atienden lo dejaron claro: N. no solo ratificó su decisión, sino que rechazó expresamente cambiar de opinión, pese a conocer que tenía ese derecho. Aun así, la Generalitat se ve obligada a frenar el procedimiento por un recurso infundado, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya mantiene la suspensión cautelar.
La Generalitat ha calificado esta actuación de «huida hacia adelante», señalando que la entidad ultracatólica solo busca dilatar y obstaculizar el ejercicio de un derecho constitucional, mientras vulnera la intimidad de N. y manipula la narrativa judicial. En efecto, la jueza descartó que el padre de la joven tuviera legitimidad para recurrir, dado que N. estuvo tutelada durante años y su relación actual es casi inexistente. Aun así, Abogados Cristianos sigue utilizando su figura como ariete contra el derecho a morir dignamente.
¿A quién representan, entonces? ¿A la familia? ¿A Dios? ¿A una cruzada que nada tiene que ver con la ley, la ciencia o los derechos humanos?
Lo cierto es que, tras cada movimiento judicial, hay una estrategia perfectamente calculada para convertir a personas vulnerables en herramientas de propaganda ultraconservadora. Una manera de judicializar la moral y apropiarse del dolor ajeno para alimentar una guerra cultural.
Todo esto sucede en un país que aprobó la eutanasia en 2021 con amplio consenso social. Pero como tantas veces ocurre, las leyes avanzan más rápido que las cloacas ideológicas que pretenden sabotearlas desde dentro. Lo hacen usando los mismos juzgados donde deberían defenderse los derechos, no atacarse.
Mientras tanto, N. sigue esperando.
Esperando no solo a morir, sino a que dejen de hacer de su cuerpo un campo de batalla ideológico.
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