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Una jueza andorrana ha imputado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó; y a dos exintegrantes de la brigada política del PP por presuntas coacciones al Gobierno del principado y falsedad documental.
ElDiario.es ha adelantado que una jueza andorrana ha imputado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó; y a dos exintegrantes de la brigada política del PP por presuntas coacciones al Gobierno del principado y falsedad documental para obtener los datos bancarios de la BPA de la familia Pujol.
En una comisión rogatoria enviada a España, expuesta por El Món y a la que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada andorrana Stéphanie Garcia da un impulso inédito hasta ahora a las querellas interpuestas por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y el colectivo de juristas Drets y el exmáximo accionista de la BPA, Higini Cierco.
La magistrada andorrana solicita la ayuda de la Justicia española para que localice a los querellados, les comunique que se encuentran investigados por hasta media docena de delitos del Código Penal andorrano y les requiera para que designen un abogado en el principado.
Según Drets y IDHA, las presuntas coacciones se enmarcan en la visita oficial que Rajoy y Montoro hicieron en enero de 2015 en Andorra, cuando se reunieron con el entonces jefe de gobierno andorrano, Toni Martí, y los ministros Jordi Cinca, Gilbert Saboya y Jordi Alcobé. La visita, según los denunciantes, tenía el objetivo de obtener información de los líderes independentistas catalanes.
A criterio de ambas entidades, los exresponsables del Gobierno del PP “desplegaron una estrategia política basada en una falsedad [la investigación por blanqueo del BPA por parte de EE. UU.] creada por el Ejecutivo de Rajoy para que el Gobierno de Andorra tomara unas decisiones concretas e irreversibles que han resultado perjudiciales para la imagen bancaria del país y la credibilidad internacional”.
La magistrada expone en su comisión rogatoria que las denuncias versan sobre “presuntas extorsiones, coacciones y chantaje realizados desde el año 2014 por agentes de la policía española a responsables de BPA” con el objetivo de “conocer, mediante vías ilegales, una información bancaria secreta, protegida por la legislación andorrana, y relacionada con distintos gobernantes de Catalunya y sus familiares, entre los cuales se encontraban Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras”.
En su resolución, la magistrada también adjunta la cita literal del articulado de los seis delitos del Código Penal andorrano que se investigan: coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacción a órganos constitucionales andorranos y creación de documento inveraz por un funcionario, esto es, la falsedad documental.
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