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Una jueza andorrana ha imputado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó; y a dos exintegrantes de la brigada política del PP por presuntas coacciones al Gobierno del principado y falsedad documental.
ElDiario.es ha adelantado que una jueza andorrana ha imputado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó; y a dos exintegrantes de la brigada política del PP por presuntas coacciones al Gobierno del principado y falsedad documental para obtener los datos bancarios de la BPA de la familia Pujol.
En una comisión rogatoria enviada a España, expuesta por El Món y a la que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada andorrana Stéphanie Garcia da un impulso inédito hasta ahora a las querellas interpuestas por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y el colectivo de juristas Drets y el exmáximo accionista de la BPA, Higini Cierco.
La magistrada andorrana solicita la ayuda de la Justicia española para que localice a los querellados, les comunique que se encuentran investigados por hasta media docena de delitos del Código Penal andorrano y les requiera para que designen un abogado en el principado.
Según Drets y IDHA, las presuntas coacciones se enmarcan en la visita oficial que Rajoy y Montoro hicieron en enero de 2015 en Andorra, cuando se reunieron con el entonces jefe de gobierno andorrano, Toni Martí, y los ministros Jordi Cinca, Gilbert Saboya y Jordi Alcobé. La visita, según los denunciantes, tenía el objetivo de obtener información de los líderes independentistas catalanes.
A criterio de ambas entidades, los exresponsables del Gobierno del PP “desplegaron una estrategia política basada en una falsedad [la investigación por blanqueo del BPA por parte de EE. UU.] creada por el Ejecutivo de Rajoy para que el Gobierno de Andorra tomara unas decisiones concretas e irreversibles que han resultado perjudiciales para la imagen bancaria del país y la credibilidad internacional”.
La magistrada expone en su comisión rogatoria que las denuncias versan sobre “presuntas extorsiones, coacciones y chantaje realizados desde el año 2014 por agentes de la policía española a responsables de BPA” con el objetivo de “conocer, mediante vías ilegales, una información bancaria secreta, protegida por la legislación andorrana, y relacionada con distintos gobernantes de Catalunya y sus familiares, entre los cuales se encontraban Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras”.
En su resolución, la magistrada también adjunta la cita literal del articulado de los seis delitos del Código Penal andorrano que se investigan: coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacción a órganos constitucionales andorranos y creación de documento inveraz por un funcionario, esto es, la falsedad documental.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos toma ‘Hoy por hoy’ mientras la SER intenta vender normalidad donde huele a crisis
La SER intenta vender como relevo natural lo que suena demasiado a operación de poder.
Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.
A lo que llaman relevo quizá haya que llamarlo por su nombre: una operación de despacho con música de sintonía.
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Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete a Silicon Valley en el corazón de Defensa
Defensa entregó a una empresa nacida en el ecosistema de la CIA una pieza sensible de la inteligencia militar española, sin publicidad, con una sola oferta y bajo una capa de secreto que huele demasiado a negocio blindado.
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Mientras nos hablan de modernización, eficiencia y seguridad, el Estado español abre la puerta de su inteligencia militar a una de las empresas más vinculadas al negocio global de la vigilancia, la guerra y el poder algorítmico. Te lo contamos en #ReportajesSR. Presentado por Patricia Salvador.