Los propietarios de terrenos forestales, los grandes olvidados en los mercados de carbono 

El eucalipto es una de las especies más eficientes en la captura de dióxido de carbono. Tikta Alik / Shutterstock

La captura de carbono por parte de los bosques constituye un instrumento para mitigar la influencia de los gases de efecto invernadero. De ahí el creciente interés de los poderes públicos en incentivarlo. Sin embargo, a la hora de diseñar políticas, el foco se centra casi exclusivamente en el lado de la demanda, es decir, el de aquellas empresas que quieren compensar sus emisiones a través de créditos asociados a la captura de carbono en tierras forestales.

En otras palabras, las políticas actuales se basan en el conocido principio “quien contamina paga”. Este enfoque es necesario, pero no es suficiente.

Habría que incluir también el lado de la oferta, es decir, aplicar también el principio de “quién descontamina recibe una compensación”. Este enfoque mejoraría las políticas actuales tanto en términos de eficiencia como de equidad. Implicaría no solo que los poderes públicos incrementen sus ingresos fiscales, sino también que, olvidando afanes recaudatorios, dediquen parte de esos ingresos a compensar a los capturadores de carbono.

Compensación de emisiones por el sector forestal

Conviene recordar que este tipo de captura se considera como un servicio ecosistémico de regulación, y está recogido como tal en el Protocolo de Kyoto, como medida para combatir el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero.

Podemos resaltar los datos de España en este sentido. Según las últimas estadísticas oficiales, el sector forestal compensa algo más del 12 % de las emisiones totales anuales.

Esta cifra, aunque lejos de otros países como Nueva Zelanda (allí se alcanza el 33 %), se puede considerar como notable. Equivale al 45 % de las emisiones anuales del transporte, o al 83 % de las emisiones de la industria manufacturera y de la construcción. Por otra parte, la contabilización del carbono se basa en unas hipótesis no justificadas, muy desfavorables para el sector forestal.

En primer lugar, se ha impuesto la llamada hipótesis de la oxidación instantánea. Según esta, cada vez que se corta un árbol, todo el carbono contenido en el mismo se emite de forma instantánea. Obviamente, eso no es cierto: según el uso que se dé a la madera asociada a dicha corta, la emisión del carbono se dilatará en el tiempo.

Actualmente, no se contabilizan aumentos de la captura de carbono vinculada a cambios en la gestión forestal (turnos más largos, masas más densas, etc.). No se ha brindado a la propiedad la facultad de modificar la gestión con el fin de obtener productos donde el carbono permanezca más tiempo.

Rentabilidad para los propietarios

Las estadísticas sobre el carbono que hemos citado más arriba corresponden casi en su totalidad a plantaciones posteriores al año 1989. Según la normativa internacional, el carbono capturado se contabiliza a nivel nacional y apenas se tiene en cuenta el absorbido por masas naturales. Además, presentan una característica básica: de forma implícita se ha “expropiado” esta captura, ya que los propietarios no reciben compensación alguna por este servicio ecosistémico que se computa anualmente.

Por otro lado, conviene recordar que el mercado de derechos de emisión de carbono existente en Europa (el más importante a nivel mundial) no admite los créditos vinculados a la captura de carbono forestal.

Sin embargo, a partir del Real Decreto 163/2014 –ahora en revisión– se ha desarrollado un mercado incipiente en España mediante el cual los propietarios de plantaciones posteriores a 2013 (o de superficies incendiadas) pueden obtener una rentabilidad vendiendo el carbono capturado a una empresa, apuntándose en un registro oficial y siguiendo las pautas recogidas en la norma.

Esta iniciativa que a priori se puede calificar de muy interesante para los propietarios, ha nacido con una tara que ha desincentivado su expansión: el Gobierno ha diseñado un mercado imperfecto, en el que no se puede conocer el precio que cada empresa paga a cada propietario en cada proyecto de absorción incluido en el citado registro. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en otros mercados de carbono a nivel mundial, regulados o voluntarios, en España se ha decidido (sin dar explicaciones al respecto) que el precio en un mercado vinculado a un bien público como es el carbono sea desconocido.

Los propietarios pueden recibir una compensación económica por el carbono asociado a la plantación siguiendo el citado Real Decreto. Pero, así como hay estadísticas del número de proyectos ya en funcionamiento, de las especies utilizadas, de la superficie, etc., no hay estadísticas oficiales de cuál es el precio que se paga por cada tonelada de carbono.

A esto añadimos que en algunas comunidades autónomas no se permite forestar en la actualidad con eucaliptos, la especie más eficiente para optimizar la captura de carbono. Asimismo, la inexistencia de apoyos nacionales o europeos para fomentar estas forestaciones, y también de incentivos fiscales, nos permite concluir que el tratamiento dado a los propietarios no ha sido muy favorable.

Con todo ello, y dado el interés creciente que está despertando este servicio ecosistémico forestal, urge que tanto el propietario como el gestor dispongan de un marco estable, con garantías, con apoyo técnico y que esté en el centro de las normativas propuestas.

Esto pasa por hacer transparente el mercado actual de créditos de carbono, incentivar estas prácticas, promover estadísticas más rigurosas (no se conoce, hoy en día, dónde y en qué plantaciones se concentra ese 12 % del carbono que se compensa) y desarrollar un tratamiento fiscal más favorable, dada la longitud innata de estas inversiones forestales.

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