“Little Suecia” en Mallorca: turistas, expulsión vecinal y vivienda disparada en el laboratorio del modelo turístico 

Un barrio convertido en escaparate para extranjeros mientras las y los residentes son desplazados por un sistema que prioriza el negocio sobre el derecho a vivir

Hay barrios que cambian. Y hay barrios que son directamente colonizados. Santa Catalina, en Palma de Mallorca, pertenece a esta segunda categoría. Lo que durante décadas fue un barrio popular, vinculado a la pesca y a la vida comunitaria, se ha convertido en una especie de parque temático residencial para capital extranjero. Hoy, entre escaparates en sueco, inglés y alemán, muchos ya lo llaman “Little Suecia”. No es una anécdota. Es un síntoma.

El cambio no es espontáneo ni inevitable. Es el resultado de un modelo económico que ha decidido convertir el territorio en mercancía y a las personas en obstáculos. En este caso, el turismo masivo, el mercado inmobiliario desregulado y la inversión extranjera han hecho el resto. Lo que queda es una postal limpia para quien puede pagarla y una realidad expulsiva para quienes ya no pueden vivir en ella.

UN BARRIO VENDIDO AL MEJOR POSTOR

Los datos son claros. En Baleares, el 29,3% de la población ha nacido fuera de España, según la Fundación Funcas. En 2004 era el 15,3%. No se trata solo de diversidad, sino de quién llega, con qué capacidad económica y qué impacto genera en el mercado. Porque no todas las migraciones tienen el mismo efecto cuando entran en un sistema diseñado para especular.

En Santa Catalina, esa presión se traduce en cifras concretas. El precio del metro cuadrado ha pasado de 2.385 euros hace una década a 6.200 euros en la actualidad. Eso supone un aumento que no responde a mejoras en la calidad de vida del barrio, sino a su conversión en activo financiero. Mientras tanto, el alquiler alcanza los 19,7 euros/m², con subidas interanuales del 5,6%. Un estudio de 38 m² puede costar 1.150 euros al mes. Un apartamento de 50 m² se sitúa en 1.100 euros.

La pregunta no es por qué suben los precios, sino quién puede pagarlos y quién queda fuera. Y la respuesta es evidente: quienes vivían allí ya no pueden hacerlo. Vecinas y vecinos que crecieron en el barrio desaparecen del mapa residencial, sustituidos por perfiles con mayor poder adquisitivo. No es convivencia, es sustitución.

El relato de quienes permanecen lo deja claro. Personas mayores que ya no reconocen a nadie en su propia calle. Comercios tradicionales sustituidos por negocios orientados al turismo o a una clientela extranjera. La vida cotidiana convertida en un decorado. La memoria del barrio se borra a medida que sube el precio del metro cuadrado.

EL TURISMO COMO MOTOR DE EXPULSIÓN

Lo que ocurre en Santa Catalina no es un caso aislado. Forma parte de un patrón que se repite en todo el Estado. La turistificación no solo transforma el paisaje urbano, sino que reconfigura las relaciones sociales y económicas. Y lo hace siempre en la misma dirección: hacia la rentabilidad.

La proliferación de alquileres turísticos, muchos de ellos ilegales, ha sido clave en este proceso. Tal y como se denuncia en el análisis sobre el negocio del turismo ilegal, no se trata de fallos del sistema, sino de su funcionamiento real. La ilegalidad no es una excepción, es parte estructural de un modelo que necesita maximizar beneficios a cualquier coste.

El resultado es una tensión constante entre el uso residencial y el uso turístico del espacio. Viviendas que desaparecen del mercado para convertirse en alojamientos de corta estancia. Precios que se disparan por la presión de la demanda internacional. Y una administración que, en demasiadas ocasiones, llega tarde o directamente no llega.

El caso de Canarias ofrece una radiografía aún más clara. Con 17 millones de turistas al año, el archipiélago sigue siendo una de las regiones más empobrecidas del Estado. La contradicción está documentada en la llamada paradoja canaria, donde el crecimiento turístico no se traduce en bienestar para la población local. Más visitantes, más beneficios para unos pocos, más precariedad para la mayoría.

En Mallorca, el patrón es el mismo. La llegada de capital extranjero no solo encarece la vivienda, sino que redefine el propio sentido del territorio. Los barrios dejan de ser espacios para vivir y se convierten en productos para consumir. La ciudad ya no pertenece a quienes la habitan, sino a quienes pueden comprarla.

Se insiste en que el problema es la falta de oferta, la escasez de vivienda nueva. Pero esa explicación ignora una realidad evidente: el parque existente se está desviando hacia usos más rentables. No es que falten casas, es que sobran incentivos para vaciarlas de residentes.

Mientras tanto, el discurso dominante sigue señalando al mercado como solución, cuando es precisamente el mercado desregulado el que ha generado esta situación. Se apela a la libertad de compra, a la inversión extranjera, a la dinamización económica. Pero esa supuesta libertad se traduce en la expulsión silenciosa de quienes no pueden competir en esa lógica.

Santa Catalina no es solo un barrio. Es un ejemplo de cómo el turismo, cuando se convierte en monocultivo económico, termina devorando el tejido social que lo sostenía. No hay equilibrio posible cuando todo se orienta a la rentabilidad inmediata. No hay convivencia cuando el precio de vivir en tu propio barrio depende de un mercado global.

Y mientras las ciudades se venden al mejor postor, las y los vecinos son tratados como una variable prescindible en la ecuación del beneficio.