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La validación de enmiendas de Vox por el Govern de Marga Prohens destroza décadas de avances. No saben gestionar ni sus propias leyes.
El Parlament de les Illes Balears ha demostrado esta semana hasta dónde puede llegar la ineptitud política. El Partido Popular, con la complicidad de Vox, ha validado por “error” más de 30 enmiendas que destruyen décadas de avances en derechos lingüísticos y protección medioambiental. El catalán queda eliminado como requisito en la función pública y la especulación urbanística tiene vía libre en áreas protegidas. Ni siquiera saben votar correctamente las leyes que ellos mismos impulsan. Esto no es un accidente, es incompetencia pura y dura.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, y su equipo han intentado minimizar lo ocurrido llamándolo un “error humano”. Pero cuando un gobierno comete errores tan graves, la única respuesta posible es asumir responsabilidades y dimitir. La ciudadanía no merece estar en manos de personas incapaces de gestionar ni lo básico: una votación parlamentaria.
El catalán, pieza clave de la identidad balear, se ve relegado en la administración pública como si fuera un estorbo, en una maniobra que responde directamente al programa ultranacionalista de Vox. ¿El PP? Encantado de seguirles el juego, incluso cuando eso signifique borrar de un plumazo el consenso alcanzado en las islas. Esto no es un error, es un proyecto político basado en el desprecio hacia la diversidad cultural y el medioambiente.
LEGALIZAR EL DESASTRE: ESPECULACIÓN Y ABANDONO AMBIENTAL
Además del ataque cultural, este “error” permite un retroceso monumental en materia medioambiental. Las enmiendas validadas facilitan la construcción de chalets de lujo y campos de polo en zonas protegidas, legalizan edificaciones en áreas inundables y eliminan la Comisión de Medio Ambiente. En pocas palabras, el Govern del PP y Vox ha dejado las Illes Balears a merced de especuladores sin escrúpulos.
Este modelo no solo destruye el territorio, también pone vidas en peligro. La DANA que en octubre dejó más de 200 muertos en la Comunitat Valenciana debería ser un recordatorio de que construir en zonas inundables es una receta para el desastre. Pero para el PP, lo único que importa es el negocio. ¿Qué importa si unas cuantas familias pierden todo con la próxima riada, mientras se puedan construir chalets con piscina y jardín tropical?
El colmo es la eliminación de la Comisión de Medio Ambiente, reemplazada por un único cargo político. Esto no es simplificación administrativa, es abrir las puertas a la corrupción y a la arbitrariedad. Los especuladores ganan, el medioambiente pierde. Y el Govern del PP aplaude mientras proclama su “error”.
UN GOBIERNO SIN CONTROL NI VERGÜENZA
El despropósito vivido en el Parlament de les Illes Balears no es un accidente aislado. Es el reflejo de un Govern que ha perdido el control. Las y los representantes públicos están ahí para gestionar, para proteger el interés común. Cuando ni siquiera son capaces de garantizar una votación correcta, han dejado claro que no están capacitados para ocupar sus cargos.
La presidenta Prohens debería dimitir. Su equipo, también. No hay excusa que valga cuando los errores legislativos tienen consecuencias tan devastadoras para la ciudadanía. Un gobierno que no sabe legislar no merece seguir gobernando.
Mientras tanto, los afectados son siempre los mismos: las personas que ven cómo sus derechos culturales y su entorno natural son destruidos a golpe de decretazo. Y el territorio balear, que seguirá pagando el precio de un modelo depredador que solo beneficia a unos pocos.
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