La violencia no empezó con ICE: décadas de impunidad de la Patrulla Fronteriza 

El terror migratorio no es un exceso puntual sino una arquitectura de Estado que ahora se despliega en el interior.

Durante años, tanto demócratas como republicanos han utilizado la idea de una supuesta “crisis fronteriza” para justificar políticas migratorias cada vez más brutales. Bajo Joe Biden se impusieron restricciones masivas al asilo en nombre de “recuperar el control de la frontera”. Con Donald Trump se habló abiertamente de “invasión” para suspender casi por completo el derecho a solicitar protección. El guion es viejo, repetido y eficaz. El miedo siempre funciona cuando se dirige contra quienes tienen menos poder.

Lo que rara vez se dice es que, incluso aceptando ese marco tramposo, la llamada crisis ya no existe. Los encuentros en la frontera sur comenzaron a caer antes incluso del inicio del segundo mandato de Trump y siguen descendiendo. Pero el relato no se ha desactivado. Al contrario. Se ha utilizado como coartada para exportar al interior del país el modelo de violencia, arbitrariedad e impunidad que durante décadas se ha ensayado en la frontera.

Ese es el verdadero problema. No solo ICE. La maquinaria de abuso tiene raíces mucho más profundas.

LA FRONTERA COMO LABORATORIO DE IMPUNIDAD

La Patrulla Fronteriza estadounidense no es una fuerza descontrolada reciente. Es una institución con una larga historia de violencia sistemática contra personas migrantes y comunidades racializadas. Durante décadas, en los márgenes del país, ha operado con una lógica de excepción permanente: derechos suspendidos, cuerpos deshumanizados y una rendición de cuentas prácticamente inexistente.

Los ejemplos son numerosos y documentados. En 2010, Anastasio Hernández Rojas, padre de hijos ciudadanos estadounidenses, fue torturado y asesinado por agentes fronterizos. En 2017, una niña de 10 años con parálisis cerebral fue detenida por la Patrulla Fronteriza cuando se dirigía a una cirugía de urgencia. En 2023, Raymond Mattia, ciudadano estadounidense y miembro de la Nación Tohono O’odham, murió por disparos de agentes. No fueron errores. Fueron consecuencias previsibles de un sistema diseñado para no responder ante nadie.

La separación de familias solicitantes de asilo tampoco fue un accidente del trumpismo. Fue una práctica operacionalizada por la Patrulla Fronteriza mucho antes de que se convirtiera en escándalo internacional. Niñas y niños detenidos. Madres y padres desaparecidos en un laberinto burocrático. Todo bajo el mismo principio: en la frontera, los derechos valen menos.

Durante años, esta violencia quedó confinada a territorios periféricos y a poblaciones invisibilizadas. La frontera funcionó como un laboratorio donde ensayar lo que luego podía normalizarse.

CUANDO LA FRONTERA ENTRA EN CASA

Ese laboratorio se ha abierto. Hoy, la Patrulla Fronteriza actúa en ciudades del interior de Estados Unidos sin que exista ninguna justificación legal coherente. Redadas, detenciones violentas, uso de material antidisturbios y persecución de comunidades enteras forman parte ya del paisaje cotidiano en estados alejados de cualquier límite territorial.

Un nombre resume esta deriva: Gregory Bovino. Antiguo comandante de la Patrulla Fronteriza, Bovino ha dirigido operativos en distintas ciudades del país. En Minnesota fue visto lanzando personalmente botes de humo contra manifestantes. Su posible traslado no implica retirada alguna. El Departamento de Seguridad Nacional, Department of Homeland Security, ha confirmado que el control pasa ahora a manos de Tom Homan, el llamado “zar fronterizo” de Trump. El problema no es una persona. Es la estructura.

Las consecuencias ya son letales. En enero de 2026, Alex Pretti, enfermero de UCI de 37 años, murió tras recibir disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza. En Minneapolis, Renée Good, madre ciudadana estadounidense, fue asesinada por Jonathan Ross, un agente que inició su carrera precisamente en la Patrulla Fronteriza en 2007. En Oregón, agentes fronterizos dispararon contra Luis David Niño-Moncada y Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, ambos venezolanos. La violencia sigue un patrón claro.

A esto se suman herramientas legales profundamente regresivas. La “deportación exprés” permite expulsar a personas sin intervención judicial alguna. Durante décadas se aplicó, de facto, solo a recién llegados en la frontera. Hoy se extiende a cualquier punto del país y a cualquier persona que no pueda demostrar dos años de residencia. Incluso a quienes llevan 30 años viviendo en Estados Unidos y tienen hijas e hijos ciudadanos.

Otra medida reciente niega el derecho a solicitar libertad bajo fianza a personas indocumentadas, condenándolas a una detención indefinida. Un tribunal federal ya ha declarado ilegal esta política. La administración se ha negado a revertirla. El desprecio por el Estado de derecho ya no se disimula.

Lo que está ocurriendo no es una anomalía. Es una expansión. Si la deportación sin garantías, la detención indefinida y la violencia armada son inaceptables para comunidades asentadas, también lo eran en la frontera. Aceptar su normalización allí fue el primer paso para padecerlas ahora en el interior.

La promesa constitucional no admite ciudadanos de primera y personas prescindibles. Renunciar a los derechos de quienes llegan es siempre una antesala para perder los propios. Y esa pendiente ya está en marcha.