La UCO que no investiga y la justicia que huele a poder 

Cuando la verdad tarda 148 días, es que alguien ha tirado del freno.

EL SILENCIO QUE PROTEGE AL PODER

Han pasado 148 días y no existe ni rastro del informe que el Juzgado 19 de Madrid pidió a la UCO sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Casi medio año para iniciar una investigación por fraude fiscal, falsedad documental y posible corrupción en los negocios. Medio año de espera para algo tan sencillo como empezar a trabajar. Medio año que coincide, de forma inquietante, con un terremoto político: la condena al fiscal general del Estado por un bulo construido desde los pasillos más oscuros del poder.

La UCO ha decidido hablar, pero no para explicar por qué no ha investigado. Habla para justificar por qué no investiga. Y para culpar a otros. En su relato, reproducido en El Mundo, son víctimas de la lentitud judicial. Según sus palabras, llevaban desde el 27 de junio pidiendo las actuaciones necesarias para empezar las pesquisas, pero el juzgado no les habría dado acceso hasta el 8 de noviembre. La lógica implícita es sencilla: no investigaron porque no les dejaron investigar.

El mensaje es más revelador por lo que oculta que por lo que muestra. Porque admiten que en 148 días no habían iniciado ni un folio de la investigación. Y lo justifican apelando a la presión institucional y a un supuesto esfuerzo por evitar brechas dentro del Estado, una expresión que describe mejor un miedo a las consecuencias políticas que una dedicación al interés público.

Mientras tanto, el caso del fiscal general se resolvió en tiempo récord, con una celeridad impropia y con un resultado que ha dejado al poder judicial bajo sospecha. En cambio, la investigación sobre el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid avanza a la velocidad que conviene a quienes mandan. La justicia en España funciona, pero no siempre para quien debe.

En El Mundo, las fuentes policiales intentan equilibrar daños recordando que entregaron material al Gobierno en otros casos, como el informe sobre Santos Cerdán o la imagen de la detención del presidente de la Diputación de Almería por fraude en mascarillas. La insinuación es transparente: también trabajan contra el PP cuando toca. Un alegato defensivo que no responde a la pregunta central: por qué no investigan lo que deben investigar ahora.

UNA INVESTIGACIÓN QUE SE DESHACE EN LAS MANOS

La UCO se queja también de las críticas de la opinión pública y del PSOE. De las palabras de Patxi López, que denunció informes recortados y la falta de diligencia para investigar a las más de 400 personas que tuvieron acceso al correo que se usó para acusar al fiscal general. López habló de una investigación “sin pies ni cabeza”, construida sobre intuiciones y relatos que parecían dictados desde algún despacho.

La UCO, lejos de desmontar aquella duda, insiste en la defensa preventiva. Sostiene que investigó a todo el mundo. Que no hubo desviaciones. Que el trabajo fue impecable. Y que cualquier crítica está impulsada por intereses partidistas. El patrón es conocido por las y los jueces, por las y los periodistas, por cualquier persona que haya visto cómo opera el poder en este país: primero se niega, luego se justifica, después se culpa a otros.

El relato oficial se blinda con una referencia al perito de Delitos Telemáticos, como si un dictamen técnico pudiese borrar el olor a maniobra política que desprende todo el proceso. El problema es estructural, no técnico. Cuando la investigación contra el fiscal avanza como un rayo y la investigación sobre el entorno de Ayuso no avanza en absoluto, la asimetría deja de ser casualidad para convertirse en evidencia.

La UCO asegura haber tomado “precauciones de más”. Y quizá esa frase sea involuntariamente honesta. Precauciones para no enfrentarse al poder político. Precauciones para no irritar a quienes controlan presupuestos, ascensos y presiones mediáticas. Precauciones para no abrir una brecha en un Estado que, en ocasiones, confunde estabilidad con sumisión.

La cuestión, sin embargo, no gira en torno a la UCO como cuerpo, sino a algo más profundo: la colonización política del aparato del Estado, un mal endémico que ni la llegada de gobiernos progresistas ha logrado deshacer. Cada caso que involucra a figuras poderosas de la derecha madrileña parece atrapado en un terreno resbaladizo donde el tiempo se detiene y las diligencias se esfuman.

Mientras tanto, el ciudadano común no tiene esos privilegios temporales. Si una enfermera, un profesor, un trabajador autónomo o una persona en paro tuviera una causa abierta por fraude, ningún juzgado esperaría cinco meses para permitir que la policía empezara a investigar. La justicia, cuando quiere, corre. Cuando no quiere, hiberna.

Y aquí, claramente, no quiere correr.

No lo hace porque cada día sin informe es un balón de oxígeno para Ayuso y su entorno. Porque cada retraso desvanece el foco mediático. Porque cada semana que pasa refuerza la idea de que todo quedará en nada, como tantas veces.

Este no es un debate técnico. No es una discusión sobre protocolos. Es una cuestión de poder. Y el poder, cuando se siente cuestionado, activa un mecanismo que en España conocemos demasiado bien: retrasar, ocultar, empantanar, agotar.

No hay mayor descripción de un sistema en decadencia que un aparato judicial que se mueve con dos velocidades: una para vigilar al poder, otra para protegerlo.

La pregunta es quién romperá este círculo.
La respuesta sigue pendiente, como el informe.