Cuando privatizar la salud significa calcular quién vive y quién no 

Ayuso paga el negocio y la ciudadanía paga el precio

EL NEGOCIO NO CURA, FACTURA

La escena es tan grotesca que cuesta escribirla sin sentir rabia. Un consejero delegado al frente de un hospital público ordena, el 25 de septiembre, ante una veintena de mandos, rechazar pacientes para ganar más dinero. No lo dice a micrófono cerrado, ni en un papel filtrado de madrugada. Lo afirma en voz alta, en una reunión formal, como quien comenta una estrategia de ventas. La elasticidad entre listas de espera y beneficios es directa, argumenta Pablo Gallart, CEO de la empresa que gestiona el Hospital Universitario de Torrejón. En sus palabras se resume una lógica perversa: menos pacientes atendidos, más millones en el EBITDA.

Esto no es un error puntual. Es el modelo.
Madrid, bajo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lleva años entregando centros públicos a empresas cuyo principal deber no es cuidar a las personas sino rendir cuentas a su accionariado. Ribera Salud y su máximo accionista, Vivalto Santé, declaran ahora que su prioridad siempre han sido las y los pacientes. Pero los hechos recién revelados muestran otra cosa. Muestran cómo se cocina el negocio sanitario privado cuando se apropia de lo público: seleccionando qué vidas conviene atender, qué cirugías proporcionan más margen, qué demoras inflan los balances trimestrales.

El audio es demoledor. Gallart explica que en 2022 y 2023 hicieron un esfuerzo para reducir listas de espera y que ahora toca “desandar el camino”. Lo dice sin rubor. Si antes se contrató personal para atender más, ahora toca revertirlo para atender menos. El razonamiento es técnico y frío, casi quirúrgico: decidir qué intervenciones se mantienen y cuáles no, fijar la actividad que se va a “proveer”, ajustar gastos y beneficios en función de las demoras. No habla de personas. Habla de unidades de facturación con piernas.

La consecuencia es evidente: cuando un hospital público está en manos de una empresa cuyo CEO da estas instrucciones, la salud deja de ser un derecho y se convierte en un capítulo contable. Y en ese punto, el sufrimiento humano se mide en márgenes de beneficio.

MADRID COMO LABORATORIO DE LA SANIDAD MERCANTILIZADA

Lo que estalla ahora con Torrejón no es un caso aislado. Es una grieta que deja al descubierto el andamiaje completo de un sistema privatizador que lleva años debilitando la sanidad pública madrileña. No se trata solo de Gallart ni de una reunión concreta. Es la culminación de un modelo político que ha convertido hospitales públicos en oportunidades financieras para fondos internacionales.

Si algo indigna de verdad no es que el CEO haya dimitido tras hacerse públicos los audios. Es que ese mismo día, la Consejería de Sanidad se apresurara a afirmar que hasta ahora no ha detectado ningún incumplimiento del contrato de concesión. Los audios no parecen, para el Gobierno autonómico, una evidencia de incumplimiento ético, profesional o humano. Todo se reduce a un procedimiento administrativo que quizá haya que “revisar”.

El mensaje es brutal: mientras no haya un papel que certifique la vulneración del contrato, la instrucción de rechazar pacientes no merece sanción ni alarma política. La auditoría anunciada por Ribera Salud suena más a cortafuegos que a compromiso reparador. Una auditoría no borra el hecho de que hubo alguien al mando ordenando limitar el acceso a un hospital público para cuadrar cuentas.

Mientras tanto, la oposición carga contra Ayuso. Más Madrid anuncia acciones legales. El PSOE-M habla de “vergüenza absoluta”. Los partidos denuncian lo que ya saben las y los profesionales sanitarios desde hace años: Madrid es la avanzadilla de un modelo que mercantiliza la vida y externaliza la responsabilidad política sobre los servicios esenciales.

Los audios de Gallart son solo una prueba sonora de algo que está pasando cada día: listas de espera que crecen, derivaciones que se disparan, personal exhausto, y hospitales gestionados como centros de coste y no como espacios de cuidado. La ciudadanía paga impuestos para sostener una sanidad pública que después se entrega a empresas que optimizan beneficios negando intervenciones. Y el Gobierno madrileño sigue defendiendo este modelo como si fuese un logro económico.

Porque el capitalismo sanitario no se esconde. Se expresa así. En tono neutro, en PowerPoints, en reuniones en las que se decide quién entra y quién queda fuera.

No hay concesión que lo maquille. No hay comunicado que lo suavice. No hay auditoría que lo redima.

A lo que llaman gestión eficiente es, en realidad, una violencia administrativa que decide cuántas personas pueden enfermar sin estorbar el beneficio.